Por Armando Tezucún

Compañeros de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua) anticiparon que un estimado de 40 mil personas participaría este año en la marcha del 1 de mayo de la capital guatemalteca. El vaticinio no estuvo lejos de la realidad. Decenas de cuadras se llenaron de manifestantes, cubriendo hasta donde alcanzaba la vista. Nuestros militantes que estaban distribuyendo volantes atestiguan que cuando los primeros sindicalistas arribaron a la Plaza Central una buena parte de la marcha no había entrado aún a la zona 1 de la capital.

El grueso de la manifestación lo componían las centrales agrupadas en el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco: la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y el Movimiento de Trabajadores/as Campesinos/as de San Marcos; cada uno con decenas de sindicatos afiliados. Otro bloque importante lo constituyó el Frente Nacional de Lucha (FNL), con sindicatos de trabajadores de la salud y organizaciones comunitarias. El Comité de Unidad Campesina (CUC) tuvo también una participación importante. Los grandes ausentes fueron, una vez más, los sindicatos mayoritarios del magisterio, cuyos líderes, junto con la Unidad de Acción Sindical y Popular, prefirieron marchar hacia el Ministerio del Trabajo a dialogar con el ministro.

La izquierda de tendencia socialdemócrata estuvo representada con el Movimiento Nueva República (MNR), la Alianza Nueva Nación (ANN) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Estudiantes de la Universidad de San Carlos también se hicieron presentes, aunque en grupos dispersos y separados. Otros grupos de jóvenes independientes también participaron.

En las principales ciudades del interior también salieron a las calles los trabajadores a reclamar sus derechos. Así sucedió en Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango, Retalhuleu y Puerto Barrios (Prensa Libre 2/5/13).

Las demandas planteadas por la multitudinaria movilización son un reflejo de los principales problemas que el capitalismo neoliberal causa a la población en general. En el tema laboral se denunció la violación a los derechos garantizados en el Código del Trabajo, como salarios por debajo del mínimo con jornadas de más de ocho horas sin pago de horas extras; la falta de cobertura del Seguro Social. Se recalcó la actitud cada vez más prepotente de los empresarios y municipales contra los trabajadores; el propio Ministerio de Trabajo rechaza la inscripción y autorización de nuevos sindicatos, atentando contra la libertad sindical. Fue públicamente rechazada la Ley de Inclusión Laboral presentada por el presidente al Congreso, junto con otras que favorecen el empresariado, que promueve el pago por horas y el trabajo a tiempo parcial. El enorme desempleo existente en el país es otros de los grandes problemas que afectan a los trabajadores guatemaltecos.

Los manifestantes levantaron también el tema del rechazo al otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera, de hidroeléctricas y explotaciones que destruyen el medio ambiente e irrespetan la voluntad de las comunidades afectadas. Fue reclamada la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural y la derogación de la reforma a la carrera de magisterio hecha por el Ministerio de Educación. En el tema educativo se exigió una educación pública, gratuita y de calidad; la demanda de un sistema de salud público eficiente y gratuito fue escuchada con frecuencia.

En el plano político se hizo ver que el gobierno, además de tolerar la cruda explotación de la mano de obra, tiene una actitud cada vez más represiva y autoritaria, criminalizando las protestas populares, encarcelando y asesinando líderes y poniéndose claramente del lado de los empresarios.

La presencia significativa en la marcha, convocada por centrales sindicales, de sectores que no son asalariados, como vendedores informales, campesinos, comunitarios y jóvenes, y el planteamiento de numerosas consignas contra empresas mineras, hidroeléctricas y de distribución de energía eléctrica, así como la demanda de tierras, servicios públicos de salud, educación y vivienda son un indicador del giro que han dado las luchas populares, hacia un amplio movimiento por demandas democráticas, cuyo eje son las comunidades indígenas y campesinas y otros grupos no asalariados.

Los revolucionarios debemos luchar por mantener la independencia de estas agrupaciones respecto a los partidos de la burguesía y el gobierno, y dar a sus demandas un contenido anticapitalista.