Allanamientos en Santa María Xalapán

Por Juan Castel

El 2 de mayo, mediante el decreto gubernativo 6-2013 el presidente Pérez Molina decretó Estado de Sitio en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, y Mataquescuintla y Jalapa, departamento de Jalapa. Al centro de los acontecimientos que condujeron al decreto se encuentra el proyecto minero El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores y propiedad de la Minera San Rafael S.A., subsidiaria de la internacional Tahoe Resources. Durante varios años la población que habita en los municipios cercanos a la mina se ha opuesto al funcionamiento de la misma, por las secuelas de contaminación y destrucción que traerá la explotación de minerales.

Los antecedentes más cercanos del conflicto se remontan al 19 de noviembre de 2012, cuando 300 vecinos de Mataquescuintla detuvieron un convoy de 5 picops y un camión pertenecientes a la minera, incendiándolo y apoderándose de un cargamento de explosivos de diversos tipos. El ejército y la policía en vano buscaron el peligroso material, encontrando solo una pequeña parte. Entre diciembre y enero tuvieron lugar varios hechos de violencia relacionados con la mina, y el 17 de marzo fueron secuestrados cuatro líderes de la comunidad (que pertenece a la etnia xinca), de los cuales uno fue asesinado.

El pasado 3 de abril el gobierno anunciaba la aprobación de dos licencias de extracción minera, las cuales eran concedidas a favor del proyecto minero Escobal de San Rafael las Flores y la otra a la compañía Guatemalteca de Niquel, S.A. que opera en Izabal.

Los pobladores de San Rafael instalaron el lunes 8 de abril una ocupación pacífica a inmediaciones de la mina, en un terreno privado cuyo dueño es contrario a la mina. Ante esta justa resistencia la seguridad de la mina respondió con intimidaciones, disparos y confabulados con la PNC asaltaron la ocupación cuatro días después de iniciada. Hicieron 26 detenciones ilegales y los anti-motines robaron alimentos, algunos vehículos y material diverso.

A esto le siguió la retención de dos tráileres y la quema de uno de ellos; ambos trasportaban materiales a la mina San Rafael. El jefe de seguridad de la mina, el chileno Alberto Rotondo ordenó el pasado 28 de abril disparar en contra de los comunitarios que se encontraban afuera de la mina; el saldo fue seis heridos de bala de los cuales dos fueron trasladados a la capital en estado grave. El ministro de gobernación mintió diciendo que fueron balas de goma.

El 29 de abril la minera San Rafael firmó un acuerdo con seis alcaldías de Jalapa y Santa Rosa, comprometiéndose a dar Q 5.5 millones al año a cada una, para inversión en obras sociales. El mismo día, en protesta, 23 agentes especiales de la PNC fueron retenidos por parte de más de mil campesinos en Santa María Xalapan, que fueron rescatados violentamente y el 30 se dieron disturbios en San Rafael, en donde se quemaron vehículos y un edificio usado por los trabajadores de la minera. Un policía y un campesino murieron como resultado de los hechos, además 10 agentes fueron heridos y 24 armas de la PNC robadas.

A la implantación del estado de sitio le siguieron 44 órdenes de captura giradas por el Ministerio Publico (MP), las cuales se realizarían en operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el ejército. El primer día bajo el estado de sitio el Ministro de gobernación anunció la captura de 14 sospechosos de participar de los actos de desobediencia civil. Entre las órdenes de allanamientos y de captura encontramos los nombres de líderes comunitarios adversarios de la mina San Rafael, tanto en Jalapa como en Santa Rosa, siendo una cantidad importante los que forman parte del parlamento Xinca, ubicado en Santa María Chalapán. Una vez más al gobierno mintió diciendo que la medida se tomaba contra el narcotráfico y el crimen organizado, solo para desmentirse sin ninguna vergüenza días después.

Luego de siete días de estado de sitio, el gobierno, al ver la impopularidad de esta iniciativa en el Congreso y de su casi segura desaprobación al vencerse el plazo legal para que los diputados los aprobaran, lo mandó mediante artimañas a la Comisión de Gobernación, donde el 9 de mayo por la mañana se anunciarían los decretos gubernativos 7-2013 y 8-2013; el primero da por terminado el plazo de vigencia del estado de sitio y el segundo lo trasforma en estado de prevención que se mantendrá por 15 días más.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los pobladores afectados por la minera San Rafael de las Flores, a no desistir en su lucha, debemos organizarnos ante la profundización de las políticas represivas del Estado. Exigimos la liberación de los líderes comunitarios detenidos ¡Cese al estado de prevención! ¡Cese a la represión!