Por Juan P. Castel

El estado de sitio decretado en cuatro municipios, Mataquescuintla y Jalapa, departamento de Jalapa, Casillas y San Rafael las Flores en Santa Rosa se trasformó por medio de las artimañas gubernamentales el pasado nueve de mayo en estado de prevención. Este cambio radical responde a la cada vez más impopular medida del “estado de sitio”, y la constante defensa demagógica que el gobierno, a través de su gendarme, el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla ha mantenido.

Bonilla ha hecho uso ya en repetidas ocasiones de la desinformación para alegar que las armas usadas para reprimir a los pobladores en resistencia han sido armas no letales y que por lo tanto las heridas no son y no pueden ser en ningún caso de armas de fuego. Bonilla niega de esta manera “la defensa oficiosa”, de los intereses de la mina y a sus trabajadores; Es así como podemos tener la regresión hacia lo sucedido en Barillas Huehuetenango y en la cumbre de Alaska en Totonicapán el año pasado, donde el gobierno junto a todos los medios de prensa burgueses y oficiales, defendieron hasta el último momento “que los soldados no iban equipados de armamento letal”.

Al ver la impopularidad y la casi segura desaprobación en sesión plenaria de la ratificación del decreto presidencial que le daba vida al estado de sitio y se incrementaran de esa forma los cuestionamientos al ministro del interior, el ejecutivo optó por el Estado de Prevención al trasladarlo a la Comisión de Gobernación del Congreso, acción que no necesita ratificación del legislativo. El presidente expresó “A mí las declaraciones de los diputados no me influyen absolutamente en nada. Ni me importa su opinión” (ElPeriodico 10/05/13).

El estado de sitio, según los ministerios de Gobernación y Defensa, cumplió sus cometidos principales: “Cumplimos con la primera fase que fue restablecer el orden, la seguridad y tranquilidad, por eso ya no es necesario continuar con el Estado de Sitio”, a lo cual agregó, “Sin embargo, la presencia de las fuerzas de seguridad y las persecuciones penales continuarán. (ibid). A pesar de que, en un gesto de buena voluntad, el 16 de mayo comunitarios entregaron a las autoridades buena parte del equipo que quitaron a los policías, la represión ha continuado. El estado de prevención finalizó el viernes 24 de mayo, y según López Bonilla, no será extendido (Prensa Libre 26/05/13).

Las diligencias penales han sido en su mayoría contra personas opositoras al proyecto minero, tanto comunitarios de San Rafael como dirigentes de los poblados cercanos a la mina y del parlamento Xinca, este último con sede en la montaña de Santa María Xalapán. Los compañeros capturados permanecieron más de 15 días en la cárcel antes de que se les tomara declaración y fueran ligados a proceso el 20 de mayo. Una captura más fue anunciada el mismo 20, contra Guillermo Enrique Carrera Alvizúrez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo del Caserío Las Cortinas, bajo la acusación de plagio, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada y robo agravado.

Según los pobladores de San Rafael, sitiar Santa María y de esa manera poder detener a los opositores Xincas era la verdadera causa de la implantación del estado de sitio, habiendo incluso algunas personas que bromeando, le comentaron a redactores de El Socialista Centroamericano que Bonilla alegaba que el estado de sitio era por el narco y que en San Rafael sí había “Zetas”, pero estos zetas es una familia de la localidad con ese apellido. (Entrevistas en San Rafael las Flores 11/05/13). Es preciso, después de estas afirmaciones hacer un balance de la situación vivida; el estado de sitio y el de prevención nos dejaron detenciones arbitrarias y muchas de estas ilegales, persecución y coartación de los derechos civiles, algunos casos de acoso de parte del ejército a mujeres de las localidades y la violación de los derechos de los detenidos en el debido proceso judicial.

Por eso, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), exigimos al gobierno que detenga sus tácticas represivas a favor de la defensa de las ganancias y migajas que dejará la minería. Llamamos a los pobladores a organizarse y no detener esta lucha, que la patria no se vende y la vida se cuida y se defiende. Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas y populares a conformar un frente contra la represión para detener la criminalización que hace el gobierno de las luchas populares.