La Fiscal General Claudia Paz y Paz, y el Secretario de Estado John Kerry

Por Leonardo Ixim

En los últimos días se han dado una serie de diferencias sobre diversos temas entre Guatemala y Estados Unidos, que provocan algunos interrogantes. Esta situación no se debe a que el gobierno tenga una orientación antiimperialista, más allá de los altisonantes discursos nacionalistas chovinistas de personeros gubernamentales o de figurones de la extrema derecha.

Este gobierno ha sido fiel cumplidor de los dictados de los organismos financieros internacionales, continuando la vertiginosa carrera de acumulación de deuda o facilitando las inversiones de trasnacionales imperialistas en recursos naturales y servicios públicos, pese a la clara oposición de los pobladores a esas actividades. Por tanto ni siquiera se acerca a los más descoloridos gobiernos progres de Sudamérica.

Recordemos algunos antecedentes de la política exterior gringa en Guatemala. Fue durante la administración Carter que se impuso un embargo al ejército guatemalteco por violaciones los derechos humanos. Posteriormente, en el gobierno de Reagan y los subsiguientes, dentro del marco de la reacción democrática y la derrota a la Revolución Centroamericana, se mantuvo tal embargo y la política en mención. En última instancia EU logró en toda la región, y lo promociona como su política global, el encauzamiento de la lucha de clases en los canales de la institucionalidad y de elecciones libres regidas por órganos “imparciales” para evitar fraudes electorales.

Para la potencia imperialista es importante mantener una fachada democrática, de respeto a los derechos humanos y a las instituciones liberales. Por tanto, siempre vio con cautela las prácticas genocidas del ejército y de la oligarquía, así como con desconfianza la autonomía de este ejército con respecto a otros de la región. Esto generó en las élites políticas de origen militar y oligárquico el discurso nacionalista reaccionario que se puso en evidencia con el juicio por genocidio contra Ríos Montt, por ejemplo.

En los últimos días se han dado dos situaciones que ejemplifican esta política

El caso más sonado es sin duda la reelección de la fiscal general y jefe del Ministerio Publico (MP), Claudia Paz y Paz. Esta situación, relacionada sobre todo con el énfasis que el MP le ha dado a casos de crímenes de guerra del pasado, ha hecho que los distintos factores conservadores se alineen tras la Corte de Constitucionalidad (CC) en lo que se refiere a cortar el mandato -por unos meses que siempre son claves- de la fiscal general y por ende bloquear su reelección.

La gestión de Paz y Paz se ha caracterizado por el combate a la impunidad sobre en delitos comunes y de crimen organizado, y aunque ha continuado con una política suave de criminalización a las luchas sociales, cuenta con el respaldo de las organizaciones sociales. Por ende entonces, busca el fortalecimiento del Estado de derecho burgués y tiene el apoyo de EU.

Este apoyo se hizo notorio con la reciente llegada de William Brownfield, subsecretario del Departamento de Estado para tema de seguridad y narcóticos, quien se reunió con autoridades de seguridad pública, entre ellas la fiscal general respaldando así su gestión; además donó 5 millones de dólares en el marco del Carsi, para garantizar lealtades a la política gringa en materia de antinarcóticos. De igual manera otros funcionarios como John Kerry, secretario de Estado, han mostrado en público su apoyo y la propia embajada se mostró quejumbrosa por la resolución de la CC que amparó provisionalmente a un abogado títere de los sectores conservadores en el tema del tiempo del mandato de la fiscal.

Otro caso es la reciente aprobación por ambas cámaras del Congreso gringo y ambos partidos, de la Ley de Asignaciones Consolidadas, que limita el envío de fondos de ese país bilateralmente y en las instancias internacionales hasta que no se cumpla con el resarcimiento por las víctimas de la masacre de Río Negro ocurrida en 1978. Esta masacre fue hecha por ejército para desalojar a campesinos mayas y construir la represa de Chixoy. Desde ya alertamos que parte de esta ley es que EU suelte fondos al ejército cuando las condiciones de resarcimiento estén cumplidas.

Consideramos que en el tema de la fiscal general, la política de respaldo de EU se tiene que manejar con pinzas. Al imperialismo le interesa mantener y reforzar el “Estado de Derecho” porque la democracia es el mejor régimen para adormecer a las masas oprimidas y crear ilusiones en que pueden cambiar las cosas sin derribar el sistema en su conjunto. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos de la “sociedad civil” no deben caer en este juego, sino plantearse un línea de acción que cuestione como tal al Estado burgués.