Por Guillermo de la Cruz

El día 6 de marzo, a partir de las siete de la mañana, la ciudad de Guatemala se vio invadida por varios miles de manifestantes procedentes de distintas partes del país; esta movilización fue convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y tuvo como punto de origen la avenida Bolívar, el Obelisco, la calzada Roosevelt y Centra Norte. La movilización se realizó debido a que ese mismo día en la Corte de Constitucionalidad (CC) se ventilaría un amparo en contra de la vigencia del acuerdo gubernativo número 145-2013, en el cual el ejecutivo autoriza de “urgencia nacional y necesitada pública” la implementación del Proyecto Eléctrico Territorial (PET). Dicho proyecto pretende dar pie a las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y las Obras del Plan de Electrificación Rural. Dicho amparo fue gestionado por la CNOC.

Las razones para promover este amparo es que el PET viola el derecho de propiedad privada de los pueblos indígenas, el derecho de consulta popular para mega proyectos, la autonomía municipal y daña el ambiente y la biodiversidad de las comunidades, además de que obliga a ceder tierras para la instalación de las torres. Aunada a esta medida legal, los manifestantes en la marcha exigieron la nacionalización de la energía eléctrica y que el congreso apruebe la ley de desarrollo rural integral.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas argumentó que el presidente Pérez Molina extralimitó sus facultades debido a que la aprobación de un acuerdo de tal naturaleza es atribución del Congreso.

Érick Archila, ministro de Energía y Minas afirmó que más de 160 mil habitantes cuentan con conexión eléctrica ilegal, lo que equivale a Q 250 millones en pérdidas anuales; por dichos robos López Bonilla, ministro de Gobernación, responsabilizó a los dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).

A pesar de que las marchas populares son la máxima expresión de democracia, Jaime Tupper, gerente general de Energuate aduce que “hay grupos minoritarios con intereses personales y políticos que incitan a la población a accionar fuera del marco jurídico y ponen en riesgo la gobernabilidad y estabilidad del país”.

Nos solidarizamos con el reclamo de los compañeros campesinos de que sus comunidades sean consultadas antes de poner en marcha este tipo de proyectos que afectan sus territorios.