Por Leonardo Ixim

En los últimos días se ha suscitado una campaña por los medios de información al servicio del poder dominante, que criminaliza en la opinión publica las luchas populares. Un ejemplo de esto han sido las supuestas conexiones eléctricas ilegales en varias comunidades del occidente del país.

Tal como comunicamos por este medio, hace tan solo unos días una manifestación multitudinaria protagonizada por la organización campesina Codeca, Asociación Comité de Desarrollo Campesino, efectuada en las calles de la capital del país, que entre otras cosas pedía la nacionalización de todo el sistema energético, desde la generación hasta la distribución al consumidor, fue calificada por medios burgueses como cómplice de “acciones criminales”.

En esta coyuntura, el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla le agregó leña al fuego al señalar a Codeca de ser parte de las supuestas conexiones ilegales. Recordemos que la famosa opinión pública, no es una opinión totalmente concientizada de las problemáticas nacionales, sino que es formada por los medios de información al servicio de la burguesía en tanto reproductores de la ideología oficial burguesa.

El Estado guatemalteco ha desarrollado una estrategia represiva catalogada por especialistas como de “criminalización de luchas populares”, que es el ingrediente de persecución penal contra los luchadores sociales, que tiene una previa elaboración ideológica con el trabajo divulgativo de los intereses de los dueños de los medios de producción quienes concentran el poder político y económico.

Esta estrategia busca desvirtuar las justas demandas de estos sectores ante la población en general, calificándolos como “criminales y enemigos del desarrollo”, usando un discurso legalista centrado en la defensa de la propiedad privada, buscando construir enemigos que se oponen al “supuesto desarrollo del país”. Estos argumentos son usados por ejemplo, además de en contra de la demanda de la nacionalización de la energía eléctrica, contra las luchas por la defensa del territorio que se oponen a que empresas destruyan los medios de vida de las comunidades; o, aunque aún más veladamente, en contra del derecho a la comunicación por medio del uso de radios comunitarias.

Más veladamente en el sentido de que no se ataca la existencia de estas radios, unas vez cumplan los requisitos legales, los cuales son casi imposibles de cumplir, sino a las ilegales radios clandestinas. Muchos esfuerzos comunicativos se encuentran en situación de ilegalidad por los requisitos anteriormente mencionados, además de que en base a esos impedimentos legales, el espacio radiofónico ha sido monopolizado por las grandes empresas.

El otro componente de la criminalización es la persecución legal, la represión física por elementos de seguridad y el uso extrajudicial de cuerpos clandestinos vinculados al Estado. Sobre lo primero recientemente se ha tenido acciones en contra de comunitarios en Santa Elena Barrillas, La Puya, Nebaj, El Estor, Purulhá, etc.

El caso de la comunidad de La Puya ha vuelto a salir a la palestra porque la empresa que explota minerales en dos municipios al norte de la capital, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, ha intentado nuevamente introducir maquinaria pesada pese a la heroica resistencia de la comunidad, en su mayoría mujeres, que han sufrido acciones represivas del Estado y de la empresa. Además pesa un proceso judicial contra once hombres y una mujer de esta comunidad (CMI, Continúa la criminalización en La Puya).

De igual forma, como lo denuncia el Consejo de Pueblos de Tezulután “Manuel Tot”, comunidades del municipio de Purulhá en el departamento de Baja Verapaz, han sufrido amedrentamientos de parte de la Policía Nacional Civil ante el legítimo derecho de resistencia, pues 200 elementos de la PNC amenazaron de reprimir una concentración de estas comunidad contra la construcción de una hidroeléctrica.

En conclusión, informar es distinto que comunicar, pues lo primero tiene un discurso construido que refleja los intereses de las élites burguesas del país; mientras que el hecho de comunicar busca construir discursos críticos, que, tal como hace el PSOCA, busca hacer ver que las luchas locales y sectoriales deben avanzar hacia la unidad para construir instrumentos que derroten las políticas capitalistas y que por medio de la construcción de poder popular –como localmente se realiza- se dispute el poder a la distintas facciones de la burguesía.