Entierro de tres campesinos asesinados por la PNC en Alta Verapaz

Por Chahim Luxemburgo y Marcial Rivera

No es nuevo…

La conflictividad social en el área de Alta Verapaz es histórica. En los últimos años los problemas por la tierra, el territorio, y los recursos naturales ha tenido momentos álgidos, pues la instalación  de  megaproyectos ha aumentado, con la siembra de palma africana para la producción de agrocombustibles, y la creación de proyectos hidroeléctricos. Esto ha provocado una reconfiguración de la tenencia y uso de la tierra y el territorio, debido a la cual, las comunidades q´eqchi´s han quedado sumidas en mayor pobreza, y  hambre.

Hay que destacar que el problema viene desde hace dos años más o menos, y que precisamente no es la primera vez que en un proceso de represión de la Comunidad Santa Rita, resultan personas asesinadas; las distintas consultas comunitarias realizadas no solo no han sido respetadas, sino que además se han propiciado acuerdos y negociaciones entre la Hidroeléctrica y el gobierno. El 31 de Julio se firmó un 'Convenio de Cooperación' entre la Municipalidad de Cobán y la Hidroeléctrica Santa Rita, el cual 'beneficiaría a 7 mil habitantes'; en la zona, también hay un destacamento militar que se colocó en el lugar ‘a petición de la población’. Por otro lado, hasta antes del 14 de agosto, cuando se llevó a cabo un brutal y sanguinario proceso de represión contra los pobladores de la Comunidad Monte Olivo, algunas de las familias que habitaban en dicho lugar se retiraron de ahí, precisamente por temor a que se diera algún hecho de violencia contra sus pobladores.

¿Cristo al servicio de quién?

El conflicto en la comunidad Monte Olivo no es un conflicto en contra del desarrollo. Las comunidades q´eqchi´s se encuentran defendiendo su legítimo derecho a una vida digna, y a decidir sobre el destino de sus territorios.  Ante esto, el Estado, haciendo uso de todas sus fuerzas ha llevado a cabo una severa campaña represiva para amedrentar la organización de esta comunidad, y defender los intereses de empresas privadas como la Hidro Santa Rita y Energuate.  La movilización de fuerzas de la Policía Nacional Civil de todas las regiones del país invadió el territorio de Cobán para  desalojar a esta comunidad que se mantenía en resistencia pacífica contra la construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita. La Policía Nacional Civil fue  desplegada desde todos los puntos del país para resguardar el ingreso de la maquinaria de la Hidro Santa Cruz, para liberar a ocho policías retenidos por los comunitarias que presionaban contra la captura de dos dirigentes de Codeca y para desalojar a pobladores que ocupaban una finca del sector ¿Al servicio de quién se encuentran las fuerzas públicas del capital privado o del pueblo? La respuesta es evidente, pues durante los acontecimientos fueron asesinados tres personas, 47 capturados, y muchas mujeres, hombres, niños/as heridos.

A pesar de la violencia a la que es objeto la comunidad, ésta se mantiene organizada, pues durante varios días se realizaron acciones para solicitar la liberación de los líderes y lideresas comunitarios; el cese de la represión estatal; el retiro del ejército y la policía; el retiro de las órdenes de capturas y el cese de despojo al territorio. Sin embargo, la estrategia de las autoridades gubernamentales ha sido continuar con la represión, el terror, y una campaña mediática de desprestigio de la Comunidad Monte Olivo, del Comité de Unidad Campesino, y los grupos y organizaciones sociales que le han apoyado.

¿Qué hacer?

Desde el Partido Socialista Centroamericano, se considera que si bien es cierto los recursos naturales debe ser aprovechados para las distintas actividades humanas, estos recursos deben estar puestos en función de las mayorías desposeídas; en consecuencia a corto plazo el Ministerio Público deberá deducir responsabilidades en el tema de las ejecuciones extrajudiciales en perjuicio de los pobladores, con el acompañamiento de representantes de las comunidades afectadas. A pesar de esto, es sobradamente sabido que las autoridades tienen poca voluntad política para resolver este problema; ni la mediación de la PDH, ni otro tipo de solicitudes directas han funcionado; la discusión sobre la estrategia de lucha por la nacionalización de la producción y distribución de la energía eléctrica bajo control de las comunidades campesinas e indígenas y las organizaciones de trabajadores, es algo que debe hilvanarse inmediatamente, y cuyos protagonistas deben ser las comunidades que sufren estos vejámenes, pero lo más importante: Es una batalla que no debe postergarse más.