Por Armando Tezucún

El injusto sistema de producción y distribución de energía eléctrica en Guatemala ha provocado un nuevo conflicto que dio como resultado una brutal represión policial, con heridos y detenidos.

El 26 de junio pobladores de 38 comunidades de los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz iniciaron bloqueos de importantes carreteras debido a que la empresa ENERGUATE decidió suspender el servicio de energía eléctrica.

El corte de energía afectó a 104 poblados en distintas áreas de la región, afectando a miles de personas. Personeros de ENERGUATE explicaron que la causa fue la manipulación y sabotaje realizado por personas en la comunidad de Pacayá, y la falta de garantías para operar y realizar el trabajo. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) interpuso un amparo para que la empresa restablezca el servicio a quienes estén al día con sus pagos, mismo que fue otorgado por un juzgado. La PDH convocó a un diálogo entre los vecinos en protestas, Energuate y las autoridades locales. Se llegó a un acuerdo con quienes bloqueaban los ingresos a Chisec, Alta Verapaz.

Otro diálogo con comunidades de Coatepeque, Quetzaltenango, no tuvo resultados. Este bloqueo se situaba a pocos kilómetros de la frontera con México e impedía el paso de vehículos pesados con mercadería. El día 29 la Policía Nacional Civil rompió por la fuerza el bloqueo, utilizando gases lacrimógenos; seis personas fueron capturadas y cerca de una decena fueron afectados por los gases.

A inicios de julio, siete comunidades de Coatepeque con más de 5 mil viviendas continuaban sin energía eléctrica. ENERGUATE alega que más del 90 por ciento de ella tienen conexiones ilegales, y adeudan a la empresa más de Q 21 millones; además que los pobladores no dejaron que las cuadrillas ingresaran a trabajar. 

ENERGUATE es heredera de otras compañías beneficiadas con la privatización de la distribución de energía durante el gobierno del expresidente Álvaro Arzú. Primero la multinacional española Unión Fenosa adquirió los derechos de dos de las distribuidoras privatizadas, creando DEORSA y DEOCSA. Unión Fenosa vendió sus activos a otra multinacional española, Gas Natural Fenosa, que en 2011 vendió a la multinacional inglesa ACTIS. Ésta constituyó la subsidiara ENERGUATE, que tomó el control de DEOCSA y DEORSA, llegando a controlar la distribución de energía en 20 de los 22 departamentos del país.

En 2016 ACTIS vendió sus acciones a I.C. POWER, empresa subsidiaria de KENON HOLDINGS, parte de Israel Corporation Group, una multinacional israelita. I. C. POWER también compró a ENERGUATE la Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad S. A. que comercializa energía a grandes consumidores, y Redes Eléctricas de Centroamérica S. A., una empresa de transmisión de electricidad. Israel Corporation Group tiene también inversiones en dos importantes empresas de generación de energía, por lo que la adquisición de ENERGUATE fue un paso hacia la concentración del negocio en manos de una sola mega empresa. Esto es contrario al propósito de la privatización del sector en los años 90, que se planteaba descentralizar para tener mayor competencia y mejor servicio, pero la concentración de capital y el monopolio es una ley irreversible del capitalismo (con información del Centro de Medios Independiente, 2016). 

El reciente conflicto es resultado directo, entonces, de la privatización, en 1996, de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Desde entonces el alza en el precio de la tarifa del servicio obedece a la fluctuación de los precios de mercado eléctrico en cualquiera de los campos mencionados. Durante 2015 se dieron al menos 35 conflictos relacionados con la distribución de la energía eléctrica, el alto precio de la facturación, el cobro del alumbrado público, la mala prestación del servicio, etc. Es significativo el hecho de que más de 240,000 personas en todo el país han optado por desconectar sus contadores de los postes de transmisión y se han apropiado de la energía en protesta por el elevado cobro.

En 2014 cerca de 3.2 millones de personas no tenían servicio de energía eléctrica en sus viviendas. La razón es que la pobreza y el difícil acceso a las regiones donde habitan hacen que la instalación del servicio no sea rentable para las empresas.

Es evidente, pues que este sistema que ha convertido un servicio vital en un negocio, es a todas luces excluyente. Por tanto demandamos que el conjunto de la industria eléctrica (producción, distribución, transporte) sea nacionalizado y que su funcionamiento sea supervisado y controlado por las organizaciones comunitarias y populares para evitar irregularidades y corrupción en su manejo.