Por Leonardo Ixim

El peculiar proceso para elegir jueces para la Corte de Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cargo de Comisiones de Postulación conformadas por rectores y decanos de las universidades del país, representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), miembros de la CSJ y de representantes de las Cortes de Apelaciones según la postuladora en cuestión, -magistrados de la CSJ si es para la de apelaciones y viceversa-, genera todo un sistema corporativo de preselección, pues en última instancia es el Congreso de la República quien finalmente escoge a estos funcionarios.

Este sistema, en el que prevalecen fuerzas políticas conservadoras vinculadas a grupos burgueses, es piedra angular del régimen político de apertura democrática o lo que Moreno cataloga como de reacción democrática. Después de 34 años de existencia de este régimen -como forma de renovar el Estado neocolonial- y de siete años de aprobación de una ley para regular la conformación de estas postuladoras, asistimos a su crisis y agotamiento.

Los grupos de poder detrás de la elección de magistrados

En esta ocasión en que se renueva por cinco años a los distintos jueces en cuestión, se evidenció descaradamente cómo los grupos más conservadores del país se apropiaron de la naturaleza corporativa del proceso. Se mostraron aglutinadas en tres grandes grupos, a saber: 1) el cercano al gobierno y a la burguesía burocrática de origen militar vinculada al enriquecimiento de la cosa pública; 2) el grupo de Roberto Villatoro apodado el “Rey del Tenis” individuo que se ha enriquecido por el tráfico ilegal de diversos productos, en torno a quien se aglutinan a) élites en departamentos del interior, quienes también se han enriquecido vía concesiones de obras públicas, b) grupos corporativos del Cang como los “abogados de Mixco” o abogados cercanos al ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Estuardo Gálvez, quien controla al actual rector Carlos Alvarado. Éste presidió la postuladora para magistrados del CSJ, por el hecho de que la Usac tiene representación tanto por el rector como por el decano de la Facultad de Derecho, Avidán Ortiz. Este último tuvo participación en la postuladora para jueces de apelación y ha establecido componendas con el gobierno.

El tercer grupo es el que representa, vía abogados graduados en universidades cercanas al empresariado, a la oligarquía. Estos eran el grupo con menor margen de negociación y de elementos para ello y tiene vínculos con sectores de la gran empresa privada, que aunque no existe una discordia fundamental con el gobierno, tampoco lo consideran totalmente cercano a sus intereses. El grupo de Villatoro por su parte, tiene relaciones además con el partido Lider, que junto al Patriota jugaron el papel de terminar de desprestigiar todo el proceso. El gobierno por su parte tiene operadores cercanos a la vicepresidente Roxana Baldetti, señalados de pertenecer al crimen organizado como el narcotraficante y quizás protegido por la DEA Gustavo Herrera y al actual director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Ramírez, ex militar de inteligencia señalado por ejecuciones ilegales y actualmente por malversar los fondos de la institución de seguridad social, así como de compras infladas de medicamentos.

El Partido Patriota y Lider se reparten los magistrados

Como dijimos, arriba, Lider y el PP terminaron de evidenciar la crisis del sistema al negociar un paquete de jueces que garantizaran inmunidad si ganara Baldizón la presidencia en 2015, e impunidad para los patriotas al salir del gobierno y con eso, la alianza de dos de los grandes grupos, el oficial y el de Villatoro. Afuera de la componenda quedaron el partido UNE quien tenía interés de meter algunos elementos, y el sector privado, pese a que en la etapa de las postuladoras, los decanos de las universidades privadas en su mayoría, trataron de neutralizar a algunos elementos, sobre todo del grupo oficial, para que no entraran, algo que solo parcialmente lograron.

El problema se destapó cuando la magistrada reelecta para la Corte Suprema de Justicia Claudia Escobar renunció a su cargo y denunció el tráfico de influencias para elegir magistrados, acusando específicamente a otro operador del Partido Patriota, el diputado Gudy Rivera. Esto se empalmó con una investigación de la Cicig sobre los mismos hechos. Además la magistrada fue respaldada por jueces de distintas instancias y organizaciones no gubernamentales que se especializan en estos temas. Sin duda esta mini rebelión de los jueces, que anunciaron paros de hecho si se mantenía el acuerdo en el congreso, tiene que ver con el cansancio de la población ante estas componendas, pero sobre todo con que estos jueces no ven la posibilidad de aspirar a cargos más elevados dentro del sistema de justicia, porque en la cúspide éste es cooptado por elementos foráneos al sistema y cercanos a los grupos de presión del Cang. Un señalamiento fue que las postuladoras no tomaron en cuenta las opiniones del Consejo de la Carrera Judicial, que regula el ascenso de jueces en instancias inferiores.

La CC suspende el proceso de elección

Esta situación presionó a la Corte de Constitucionalidad (máximo garante de la estabilidad burguesa) a que diera a lugar provisionalmente -está por verse la resolución definitiva- de un amparo para que suspendiera el proceso. Lo que falta ver es en qué momento la CC resuelve dónde iniciar el proceso y si continuarán en su cargo todos los jueces y magistrados actuales. Atrás de esta resolución está la presión internacional vía la Cicig-ONU, las embajadas de los países imperialistas y algunas ong´s.

A raíz de eso, sectores de la extrema derecha como la Liga Pro-Patria o la mal llamada Fundación Contra el Terrorismo, aducen maquiavélicamente que se produjo un golpe de estado técnico. Imbécilmente, el canal VEA, y es importante decirlo, por la audiencia que tiene y el posicionamiento a favor de comunidades y sectores que luchan por la defensa de sus recursos naturales, se une al corifeo del golpe de estado, teniendo como comparsa a un sindicalista del Organismo Judicial, sindicato controlado por una burocracia corrupta cercana a estos grupos conservadores mafiosos antes mencionados.

Algunos analistas ven en esto un parangón con la crisis de 1993, donde un autogolpe dado por el entonces presidente Jorge Serrano fue respondido por la oligarquía en su conjunto por otro golpe de Estado, en un clásico conflicto interburgués. En ese momento las organizaciones populares y de la sociedad civil se pusieron en su mayoría a la cola del empresariado; hoy unas parecen ir atrás de la decisión de la CC -que pese a que tiene elementos de derecho reales y de que es un golpe importante a las componendas entre el PP y Lider, favorece en última instancia al empresariado- o desastrosamente a favor de posturas de la extrema derecha.

De nuevo la propuesta de reformar la Constitución

En medio de la crisis en que cayó la actual elección de jueces y magistrados, se empezó a hablar de nuevo de reformar la Constitución de la República. El primero fue el propio presidente Pérez Molina, quien hace dos años hizo la propuesta, pero ante el revuelo que se armó decidió retirarla, con el pretexto de invertir los recursos de una eventual Asamblea Constituyente en la atención a las víctimas del terremoto ocurrido en el departamento de San Marcos. “Los procesos de selección para los magistrados de sala y de la CSJ han sido cuestionados. Creo que la solución no está en volver a repetir el proceso que ya se dio; yo creo que la solución para que no se vuelvan a repetir estas cosas es entrarle a conocer a fondo las reformas constitucionales que sean necesarias”, afirmó Pérez Molina (Prensa Libre 17/10/14). En esa ocasión la propuesta del ejecutivo era la creación de una cámara que administrara el poder judicial, separada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros serían electos por el Congreso, y que la Corte de Constitucionalidad debería elegir al presidente de la CSJ, entre otros cambios.

El tema volvió a levantar la discusión, pues aunque la propuesta presidencial de reforma se limita al tema judicial, muchos temen que se extienda a reformas sobre el período presidencial y otros temas que no gozan del consenso de los grupos de poder. Los partidos con representación en el Congreso se manifestaron favorables a una reforma constitucional en el tema del poder judicial, pero ninguno se atreve a presentar una propuesta, pese a que varios proyectos, incluido el del presidente han sido rechazados o archivados.

Una vez más el gobierno y los grupos de poder sugieren cambios a la constitución controlados desde arriba, y únicamente sobre los temas que a ellos les interesan. Al igual que en 2012, sostenemos cualquier cambio a la Constitución de la República debe reflejar no lo que les interese al gobierno, los partidos burgueses y sus diputados, sino cambios que expresen las necesidades del pueblo trabajador explotado.

Consideramos, como lo hemos mencionado anteriormente, que las organizaciones que dicen representar a los sectores populares y a la clase proletaria tienen que posicionarse en contra de uno u otro sector burgués y luchar por convocar una Asamblea Nacional y Popular Constituyente, junto la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en función democratizar la participación y la desmonopolización del ejercicio de la representatividad, donde se centre la elección de magistrados por elección popular y la de instancias menores entre ellas apelaciones, en una fórmula mixta, elegidos popularmente y por medio de carrera judicial.