Por Marcial Rivera

No cabe duda de que los 'Estados de Prevención', no han hecho otra cosa más que agudizar los nichos de conflictividad social que existen en distintos lugares del territorio Guatemalteco. El caso de San Juan Sacatepéquez es paradigmático, fundamentalmente porque durante el gobierno actual la conflictividad social en relación a la instalación de la empresa cementera en este lugar, no ha hecho sino acentuarse ante la presencia de efectivos militares que bajo el estado de excepción se han instalado en este lugar.

La ampliación por 15 días más del último estado de prevención no se dio, en esencia por la presión que recibió el gobierno central. Hay que hacer hincapié en que el conflicto en este lugar también tiene implicaciones a nivel de grupos paramilitares que operan al margen de la ley, aunado a la criminalización de la protesta social; estos grupos han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, y han colaborado con el encarcelamiento de líderes y lideresas que se han dedicado a luchar para detener la contaminación del medio ambiente, proteger los recursos naturales, el derecho a la tierra de las familias, y la defensa del territorio.

Lucha comunal

La conflictividad que se vive en la comunidad de Los Pajoques, municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, ha tenido altibajos; hay que recordar que desde finales de julio del año pasado, cuando se anunció la construcción de la planta de producción de cemento 'San Gabriel', aumentó la conflictividad entre la Cementera y la población. Los diferentes gobiernos han apoyado incondicionalmente a la familia Novella, dueña de la única empresa cementera del país, causante del conflicto en San Juan Sacatepéquez; el gobierno del Partido Patriota no es la excepción, recordemos que en ocasión de la inauguración de esta planta cementera, Otto Pérez Molina dio su espaldarazo a la misma, siempre en el entendido del 'necesario desarrollo del país', además de la carretera de más de 14 kms. exclusivos para la cementera, lo que confirma el espíritu de pleno sometimiento a los intereses de los grupos oligárquicos por parte del gobierno de Guatemala. Desde este anuncio, se han dado distintos interludios de represión, y evidentemente los estados de prevención responden a la lógica de reprimir a la población y no de combatir la violencia y criminalidad a través de la Policía Nacional Civil.

Mediante el acuerdo gubernativo 11-2014, el estado de prevención llegó a su fin, luego de dos prórrogas de dicho estado, dejando más de 80 habitantes sanjuaneros, fuera de sus viviendas, justamente por el ambiente de zozobra que reina luego de los hechos de violencia que se vivieron a finales de septiembre en este municipio. A pesar del fin del Estado de prevención la presencia del ejército y la PNC continúa en el lugar con 300 soldados y 450 agentes de la policía. Hay que señalar que la presencia policial significa mayor control social hacia la población, sobre todo a quienes ejercen liderazgos y están envueltos en la lucha por la defensa del territorio. Lo que debe señalarse es que el tema de la cementera se ha salido de las manos del gobierno actual, inexcusablemente por la incapacidad del mismo para manejarlo; es evidente además que la conflictividad sigue, y el gobierno se amparará en cualquier estallido de violencia para decretar nuevos estados de excepción, con mayor duración de tiempo, lo que no hace sino demostrar el espíritu represivo del gobierno y la falta de gobernabilidad que existe en Guatemala.

Tema Estructural

El tema de la utilización de explotación de recursos naturales, debe abordarse de forma democrática, el uso de los mismos no debe estar sometido bajo el control del gobierno, sino de la clase trabajadora y el campesinado, son ellos quienes deben decidir la forma en que se usan los recursos. El desarrollo no debe pasar por encima de lo que los pueblos decidan para sí mismos, ni sobre comunidades enteras, más bien debe respetarse la opinión que ellos emitan a través de sus consultas populares. Por otro lado, las consecuencias ecológicas y económicas de la edificación de la planta cementera, así como de la carretera exclusiva, y la producción de cemento, serán catastróficas para la naturaleza, el medio ambiente y la población.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se considera que la construcción de la cementera debe detenerse de inmediato, y el apoyo de distintos sectores a la lucha popular en contra de la edificación de la misma, se hace cada día más necesaria. Exigimos el retiro inmediato de los soldados y policías que aún permanecen en la región, así como la liberación inmediata de los detenidos.