Por Leonardo Ixim

El 2015 inicia con un duro ajuste a los derechos básicos del proletariado guatemalteco y las capas empobrecidas de la población, en un año que se espera marcado por conflictos inter burgueses con signos electorales y de fragmentación de las fuerzas sociales críticas al estatus quo y de la izquierda, decantada sin estrategia política en las elecciones generales de finales del año.

El año inició con un mísero aumento del salario mínimo que lo sitúa en Q 2, 644.40 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q 2, 450.95 para actividades exportadoras y de maquilas, cantidades que no alcanzan ni siquiera para la Canasta Básica Alimentaria situada en Q 3, 236 muchos menos la Básica Vital que está en Q 5,906.39. Además de otro duro golpe a los salarios mínimos, que en muchas regiones del interior del país ni siquiera se cumple, con la promulgación de cuatro Acuerdos Gubernativos que decretan salarios especiales en cuatro municipios, situándolos en Q 1,500, aduciendo garantías para una supuesta instalación de industria ligera en esos municipios de los departamentos de Escuintla y El Progreso

Estas medidas buscan abaratar en términos generales el costo de la mano de obra en una escalada hacia la baja de los salarios en general, en función de satisfacer los intereses de los capitalistas y aumentar la tasa de ganancias de estos. Todo esto mientras los productos de primera necesidad a excepción de la gasolina suben y en el caso de carne se genera escasez de este producto por los altos precios que imponen productores e importadores.

Este clima de agresiones a los derechos básicos la clase trabajadora se coronó con las medidas represivas lanzadas por el gobierno central, como la ocupación por parte de elementos del ejército y la policía del caserío La Vega, en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, con el objetivo de custodiar el ingreso de maquinaria que necesita el conglomerado empresarial Fabrigas para la construcción de la hidroeléctrica Hidrosalá ubicado sobre el río Salá (CMI 21 de enero de 2015).

Esto en un marco de acusaciones contra miembros del Frente por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos Humanos -Frena- de parte de la empresa mencionada y del gobierno de ser instigadores de las movilizaciones de los pobladores; previo a ello, ciertos artículos publicados en la revista Contrapoder, propiedad de la familia del ministro de Energía y Minas los Archila Marroquin, criminalizaron a miembros del Frena y del partido Urng, acusándolos de generar inestabilidad.

Es decir, cuando se plantea por los medios de comunicación oficiales el generar inestabilidad, es una matriz que pretende, criminalizando las luchas sociales, influir en la generación de opinión pública, para poder aprehender ya sea por medios legales o extrajudiciales, a miembros de organizaciones sociales que buscan poner un alto a la acumulación salvaje de ganancias, que pasa sobre los derechos humanos de la población.

De igual forma ha surgido cierta discusión sobre el derecho a la libertad de expresión, a raíz de la denuncia del candidato presidencial del partido Lider, Manuel Baldizón, contra el periodista Juan Luis Font, quien labora en Contrapoder y en Canal Antigua, de la misma familia Archila Marroquin. Baldizón, quien representa a grupos emergentes de la burguesía, acusa a Font de realizar campaña sucia en su contra.

Esto provocó que una pléyade de opinantes de los medios impresos, muchos de ellos vinculados a la defensa de los derechos humanos, salieran junto a otros opinantes cercanos a los intereses oligárquicos, en defensa del periodista Font, caracterizado por atacar veladamente los derechos de la población y defender siempre los intereses burgueses.

En ese marco se dio una verdadera agresión a la libertad de expresión, cuando la radio comunitaria Snuq´ Jolom Konob´ en San Mateo Ixtatan, Huehuetenango fue agredida por una turba al mando del alcalde del municipio vecino de Santa Eulalia, por las denuncias de esta radio contra los proyectos hidroeléctricos y mineros. Esto en un contexto de criminalización de los medios corporativos contra las radios comunitarias por la disputa de las frecuencias electrónicas

Consideramos que la libertad de expresión y de emisión del pensamiento es un campo de disputa, caracterizado la búsqueda del control de los medios de emitir y expresar opinión, el cual sobre todo es hegemonizado por fracciones burguesas. Estos conflictos son parte de la agresión real a los intereses populares. Por tal razón instamos a las fuerzas sociales y de izquierda a buscar la amplia unidad para defender, mediante una campaña nacional, a los medios de comunicación independientes, vinculados a las organizaciones populares.