Por Armando Tezucún

El 28 de noviembre del año pasado, mediante el decreto 22-2014, el Congreso de la República aprobó el presupuesto del Estado para el año 2015 por Q 70,600 millones. El decreto incluye algunas disposiciones polémicas, entre las cuales están el restablecimiento del uso de organizaciones no gubernamentales para ejecutar parte del presupuesto (como obras públicas, construcción de carreteras, por ejemplo) y la eliminación de la obligación de las entidades estatales de tener comprobantes de disponibilidad financiera (CDF) para que se puedan hacer contrataciones a empresas para ejecutar obras. Pero la medida que causó más revuelo fue la creación de un impuesto y la modificación de dos para financiar el gasto gubernamental. El decreto dispuso el cobro de Q 5 por cada línea telefónica otorgada por las empresas de comunicación, incrementó el impuesto al cemento de Q 1.50 a Q 5.00 y las regalías de las actividades mineras y de extractivas pasaron del uno al diez por ciento.

El empresariado guatemalteco, que siempre ha rehuido el pago de impuestos, anunció que presentaría acciones legales contra el decreto. Por supuesto que en vez de absorber ellos mismos el incremento de impuestos, de inmediato decidieron trasladarlo al consumidor, y asumieron una hipócrita actitud de defensa de la población; argumentaron que con el aumento al impuesto del cemento se perderían 20 mil puestos de trabajo, y que el impuesto a la telefonía haría desaparecer 12 millones de líneas de bajo consumo.

El 20 de diciembre la Cámara de Industrias y las empresas de telefonía Claro, Tigo y Telefónica, cada una por separado, presentaron acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad contra el presupuesto. El 30 de es mes la CC decidió suspender provisionalmente el impuesto de Q 5 a las líneas telefónicas, lo que significaría, si al final la suspensión queda en firme, una disminución de Q 1,344 millones en la recaudación fiscal. El primero de enero del año nuevo la Cámara del Agro impugnó ante la CC 23 artículos del presupuesto, que incluyen la emisión de letras de tesorería y bonos del tesoro, la contratación de ongs, la eliminación de los CDF y la creación y modificación de impuestos.

Ante el ataque, el gobierno empezó a barajar salidas y consideró la alternativa de incrementar los impuestos a licores, bebidas y cigarrillos. El partido de oposición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunció que se estaba analizando incrementar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento, aunque esto fue negado por Pérez Molina. Más recientemente se anunció la posibilidad de aumentar la tasa del Impuesto Sobre Distribución de Petróleo y sus derivados (IDP), para compensar la posible eliminación de impuestos por parte de la CC.

El 8 de enero la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente 18 artículos del presupuesto, restableciendo la prohibición de contratar ongs para ejecutar proyectos de obra pública y obligando a las entidades a emitir los CDF. El 11 de enero las empresas mineras presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el aumento a las regalías mineras y el impuesto a la distribución del cemento. Las empresas cementeras Cementos Progreso y Cemex hicieron lo mismo, y el alcalde de San Miguel Ixtahuacán presentó otra inconstitucionalidad porque con la nueva disposición en torno a las regalías mineras, la alcaldía en lugar de recibir el 3 % recibirá solo el 1%. El 20 la CC decidió no suspender el impuesto al cemento, dejándolo vigente.

Los sindicatos que firmaron pactos colectivos con el actual gobierno en el área de salud y educación han realizado acciones para defender los impuestos creados por el decreto 22-1024. El 14 de enero el Frente Nacional de Lucha presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que deje vigente el impuesto a la telefonía, y el día 22 la Asociación Nacional del Magisterio organizó una multitudinaria marcha en defensa de dichos impuestos.

La burguesía se ha coordinado para torpedear un presupuesto que afecta sus intereses mediante la creación de impuestos, esto a pesar de que el monto de los impuestos será trasladado descaradamente al consumidor. En este conflicto entre la oligarquía y las autoridades demandamos al gobierno que ejerza control de precios sobre los artículos gravados para que sea verdaderamente el empresariado el que pague los impuestos y no el pueblo trabajador; este control debe ser ejercido por la misma población. Además se debe crear impuestos sobre las ganancias de las empresas, para los trabajadores no nos veamos afectados. Rechazamos el apoyo velado al gobierno de parte de los sindicatos de salud y educación; el gobierno burgués corrupto de Pérez Molina no merece ni un gramo de confianza, los trabajadores estatales y las organizaciones populares deben fiscalizar el gasto del presupuesto 2015.