Por Úrsula Pop

El pasado 14 de enero en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Otto Pérez Molina rindió el informe de su tercer año de gobierno. El informe se basó en una serie de datos con los que pretendió demostrar los avances de su gestión. Muchos de esos datos son cuestionables; Pérez Molina habló de un crecimiento del PIB del 4%, según cálculos del Banco de Guatemala y el ministro de economía, mientras que el Banco Mundial situó el crecimiento en 3.5% (El Periódico 14/01/15); anunció la creación de 116,000 nuevos empleos formales, sin embargo muchos de ellos fueron resultado de la inscripción al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de trabajos ya existentes, pues la Ley de Actualización Tributaria obligaba a los patronos a hacerlo para poder deducir los salarios de los impuestos; alardeó de una tasa de inflación del 2.95%, la más baja en 20 años, pero omitió decir que fue resultado de la baja de los precios internacionales del petróleo, y no de acciones del gobierno, y además que los precios de los artículos básicos continuaron creciendo; habló del aumento del número de policías y la baja en el número de hechos delictivos, pero la percepción del ciudadano común es que la inseguridad no disminuye. Lo más cuestionable del informe fue la omisión del estado desastroso del sistema de salud público y el estancamiento del sistema educativo estatal.

Para el gobierno, el año 2014 estuvo marcado por una grave crisis financiera Por tercer año consecutivo, la Superintendencia de Administración Tributaria no llegó a la meta de recaudación que se había fijado. De Q 51,000 millones previstos, la SAT solo recaudó Q 49,039 millones, dejando un agujero fiscal de Q 2,461 millones.

La falta de recursos afectó a numerosas dependencias del gobierno: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos, el Ministerio de Gobernación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y notoriamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La grave crisis de las finanzas públicas se debe al fracaso de la reforma fiscal; la baja en el comercio exterior; la no aprobación del presupuesto 2014 y la vigencia del presupuesto 2013 para el presente año; la evasión fiscal, el contrabando y la tradicional negativa de la oligarquía a pagar impuestos. Estructuralmente, las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio han mermado la capacidad de recaudación del gobierno al extender las exenciones de impuestos como medida para atraer inversiones y estimular el comercio, además de haber privatizado las pocas empresas del Estado.

El gobierno puso sus esperanzas en la aprobación de la emisión de Q 4 mil millones en bonos del tesoro, para poder cubrir el gasto de las diferentes dependencias gubernamentales; pero tanto los partidos burgueses en el Congreso como los empresarios organizados se opusieron férreamente a incrementar el endeudamiento del Estado. A la presión del gobierno por la aprobación de los bonos se sumó la presión por la aprobación del presupuesto 2015, por un monto de Q 71,800 millones. El 28 de noviembre se logró un acuerdo para aprobar en el Congreso Q 2,800 millones en bonos del tesoro para 2014 y un presupuesto 2015 por Q 70,600 millones. Este fue básicamente un acuerdo entre las bancadas del Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Lider), junto a bancadas minoritarias.

En este punto hay que señalar un indicio de cambio en el sistema político. En el primer semestre se esbozó la tendencia a fortalecer el régimen, cuando el gobierno empezó a coquetear con la idea de la reelección o la prolongación del período gubernativo. En julio se empezó a hablar de un entendimiento entre los dos partidos mayoritarios, el PP y Lider. Este entendimiento se manifestó con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, la elección de magistrados a las Cortes de Apelación, la aprobación del presupuesto 2015 y los bonos solicitados para 2014 y la elección del Contralor General de la República. Se está perfilando una tendencia a instaurar un régimen bipartidista PP - Lider y a la vez un régimen fuerte, al igual que predomina en el resto de Centroamérica.

El año 2015 es año electoral y se perfilan nuevas dificultades económicas para el gobierno como producto de la férrea oposición del empresariado a los impuestos aprobados para financiar el presupuesto gubernamental. La continuación de la crisis presenta un nuevo reto para los trabajadores de salud y educación, que deberán presentar nuevas batallas por el cumplimiento de sus respectivos pactos colectivos y la optimización de los servicios, cuestionando el colaboracionismo de sus dirigentes con el gobierno.