Por Leonardo Ixim

Con la apertura democrática y la firma de los acuerdos de paz en 1996 entre el Estado de Guatemala y la guerrilla, las esperanzas de justicia de víctimas y sobrevivientes del terrorismo estatal tanto de las dictaduras como de los primeros gobiernos “democráticos” se visualizaron como una realidad.

La apertura democrática correspondió a una estrategia política implementada por Estados Unidos, junto a sectores militares institucionalistas dirigidos por el ex ministro de Defensa en el gobierno de Vinicio Cerezo, Héctor Gramajo, que actuaron como garantes de la reproducción del Estado neocolonial ante la crisis de del régimen político. Estos sectores le dieron golpe de Estado al desprestigiado gobierno de Lucas García el 23 de marzo del 1982, impusieron a Ríos Montt para después deponerlo ante sus delirios autocráticos y religiosos. Luego colocaron a Mejía Víctores, que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente dio paso al gobierno electo de Vinicio Cerezo Arévalo, de la Democracia Cristiana Guatemalteca.

En estos dos gobiernos militares, Gramajo jugó un papel relevante dentro de los altos mandos del ejército guatemalteco; fue artificie junto a otros militares de inteligencia, de planear la represión a escala de genocidio, a la par de generar las instituciones transitorias para la implementación de la democracia liberal, siendo Ríos Montt un fantoche y cómplice. En todo esto es importante anotar que el sector oligárquico del bloque en el poder, fue en muchos casos espectador y en algunos momentos fue contrario a este proceso, sobre todo a la firma de la paz; sin embargo muchas veces los garantes de la reproducción del sistema no provienen de los principales beneficiados de este.

La exigencia de justicia de parte de víctimas y sobrevivientes hacia los tribunales de justicia y órganos de persecución penal han tenido un tortuoso avance, pues no se ha logrado la total depuración con respecto a las mafias cercanas a los distintas fracciones del bloque con el poder en los organismos de justicia donde la investigación criminal y el debido proceso, sigue siendo deficiente.

Con la apertura democrática se planteó la necesidad de justicia transicional, que implica el hecho de iniciar procesos penales contra los implicados en crímenes de lesa humanidad y reconstruir en general un sistema de justicia orientado a obtener las garantías penales para cualquier acusado, en un marco de independencia judicial. Pero no hubo depuración de los sistemas de justicia, la casta gobernante del bloque en el poder, sigue ejerciendo y reproduciendo como tal.

Por tal razón, las causas penales contra los violadores de los derechos humanos han sido lentas. Por ejemplo en el caso de la quema y masacre de la embajada de España, recientemente se logró la condena a 90 años de prisión de Pedro García Arredondo, jefe policial a cargo del operativo del gobierno militar de Lucas García, siguiendo prófugo Donaldo Álvarez, ex ministro de Gobernación de ese gobierno. Este crimen se produjo cuando estudiantes de Frente Robin García y campesinos del Comité de Unidad Campesina, ocuparon la embajada de España en enero de 1980 para denunciar las masacres del ejército contra las comunidades campesinas y mayas del departamento de Quiché; la respuesta del régimen asesino fue quemar el edificio, sin importar la vida de los ocupantes ni la presencia de diplomáticos españoles. A raíz de eso España rompió relaciones con Guatemala, siendo restablecidas años después.

Por otra parte, el caso del juicio contra Ríos Montt, después de la derogación de la condena de un Tribunal de Alto Riesgo por crímenes de genocidio de parte de la Corte de Constitucionalidad, se mantiene en un vaivén de instrumentos leguleyos de parte de la defensa del ex dictador imposibilitando la continuación del proceso; todo esto relacionado a los favores que los jueces tienen con los grupos en el poder, pues a diferencia del caso de la embajada de España, donde el grupo que rodeaba al presidente Lucas García fue desplazado del ejercicio del poder, estos grupos temen que tras la condena de Ríos se deduzcan responsabilidades hacia ellos. Nos referimos a sectores de super cúpula oligárquica, ex militares y algunos militares de alta, políticos de los principales partidos de derecha, Lider, PP, el actual presidente que dirigía una base militar en la zona de conflicto, etc.

Consideramos que para el proletariado guatemalteco y centroamericano, víctima de la represión y del terrorismo de Estado, actual y pasado, pese a la importancia de haber condenas en los sistemas de justicia, es más importante la lucha por el ejercicio de la memoria, que sirva de basamento para la organización en función de garantizar la unidad de las fuerzas populares, hacia la revolución democrática y socialista, donde ésta será tarea de las amplias capas del pueblo.