Pobladores de Teculután que se oponen a la explotación ilegal de jade

Por Armando Tezucún

El pasado 10 de febrero, a partir de las 4 de la mañana, campesinos de la aldea El Arco, en Teculután, departamento de Zacapa, empezaron a colocar piedras de gran tamaño y ramas, y a quemar llantas para bloquear un tramo de la carretera que conduce a la Sierra de Las Minas. La razón de la protesta era evitar la extracción ilegal y el contrabando de jade, piedra preciosa que es abundante en la región; la zona de amortiguamiento de la Sierra de Las Minas, en la cuenca del río Teculután fue declarada área protegida, sin embargo empresas ilegales se han dedicado a extraer jade en el sector talando el bosque para dar paso a maquinaria pesada, provocando gran destrucción.

Elementos antimotines de las Fuerzas Especiales y del Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional Civil se presentaron para disolver el bloqueo, agrediendo a los pobladores con bombas lacrimógenas y disparos. Los compañeros se defendieron lanzando piedras, envases de vidrio y palos a los agentes represores. 50 adultos y niños resultaron intoxicados por los gases, y cuatro policías fueron heridos (Siglo XXI 11/02/15). “Ya estamos cansados de que todos los días transporten ilegalmente el jade, pues hasta agentes de la PNC cometen este ilícito” “Nuestros hijos van a sufrir las consecuencias, debido a la deforestación que hacen estas personas para sacar este mineral, ya que comenzarán a secarse los nacimientos de agua”, así expresaban los vecinos su inconformidad con la presencia de empresas ilegales en la región (Prensa Libre 11/02/15). Representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos lograron que al final se estableciera un diálogo entre los pobladores, la policía y el gobernador departamental, César Paz, diálogo que continuó días después en la capital.

La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Energía y Minas, y en ella quedó claro que la empresa que saquea el jade se tiene que retirar, pues no cuenta con licencia de explotación minera. Se permitirá, en cambio la explotación de tipo artesanal, que respete el medio ambiente.

Los compañeros y compañeras habían iniciado los bloqueos desde el viernes 6 de febrero, pero las protestas y acciones se remontan a semanas atrás. A mediados del mes de enero, pobladores de las aldeas El Arco, El Astillero, El Oreganal y Las Minas, municipio de Teculután, se presentaron a la gobernación departamental de Zacapa demandando que se conformara una comisión para verificar la explotación ilegal de jade en la región; ellos fijaron un plazo de diez días para la conformación de dicha comisión. A pesar de que la anterior gobernadora, Sandra Carolina Orellana, tenía conocimiento de la situación desde el año pasado, no tomó ninguna acción para detener estos actos delictivos. Los compañeros incluso acusaron a agentes de la Policía Nacional Civil de proteger a la empresa que explota el mineral precioso; la acción de la policía el día 10 no deja lugar a dudas del contubernio entre los negociantes ilegales y miembros de la PNC.

El 5 de enero agentes de la policía habían capturado un convoy de camiones que transportaba ilegalmente jade valorado en US$ 1 millón, en el km 106 de la ruta al Atlántico. El 13 de enero los choferes de los camiones fueron puestos en libertad, pero no se informó del destino del mineral que fue decomisado.

Ante la inoperancia de las autoridades, el 25 de enero por la noche miembros de las comunidades tomaron las instalaciones de la empresa y capturaron a 50 agentes de la seguridad privada, desalojándolos del lugar. El 3 de febrero fueron asesinados dos jóvenes de la comunidad El Arco; según los pobladores, los hechores fueron sicarios de la empresa. Estos fueron los hechos que condujeron al bloqueo del 10 de febrero.

El reconocimiento por parte de las autoridades de la ilegalidad de las empresas explotadoras de jade y la orden de desalojar el sector suspendiendo sus actividades, ha sido un importante logro de las comunidades campesinas, gracias al nivel de organización que han logrado. Las organizaciones que acompañaron la lucha de los compañeros son el Frente Nacional de Defensa de los Bosques, Ríos y Recursos Naturales, y la Fundación Turcios Lima. Sin embargo, aún falta que se haga efectivo el desmantelamiento de la empresa. Las comunidades organizadas que estar alertas a los próximos acontecimientos; por ahora, el director de la Fundación Turcios Lima, César Montes, denunció en su cuenta de Facebook un atentado en su contra efectuado en los días posteriores a la firma del acuerdo con las autoridades gubernamentales. Esto significa que los empresarios y sus aliados en Zacapa no se quedarán tranquilos.