Por Úrsula Pop

La actual crisis del sistema de salud pública, es la peor que ha tenido el país en veinte años. Se expresa en el desabastecimiento de insumos, retraso de pagos salariales, mala atención al usuario del servicio, la corrupción galopante tanto de jefes medios como de altas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, traducido todo esto en una constante violación al derecho al acceso de salud.

Sin duda hay un problema estructural que rebasa a este gobierno y que expresa la razón misma del Estado guatemalteco; nos referimos a la desidia de éste por resolver las problemáticas que aquejan a la población, reflejada en la poca inversión en servicios de calidad que garanticen los derechos básicos de las y los guatemaltecos.

Esa situación tiene como raíz el desfinanciamiento constante del gobierno y del Estado en general, debido a la negativa histórica de las clases dominantes a contribuir al financiamiento mínimo del Estado; mientras las ganancias de los supermonopolios, la constante salida de sus capitales, el ingreso de capitales golondrinas debido a las bajas tasas de interés y las remesas de las empresas extranjeras, no son gravadas con impuestos o las tasas son mínimas. Por otro lado, las políticas para atraer inversión extranjera se basan en exenciones de impuestos. Todo ello, sumado a la defraudación fiscal de parte del empresariado, pone en aprietos el funcionamiento mínimo del Estado.

Las luchas de los trabajadores del sector

Para tomar tan solo un punto de referencia, pues las luchas de médicos y trabajadores se remontan a varios años (recordemos la prolongada huelga de médicos del año 2006, durante el gobierno de Óscar Berger), diremos que durante todo el año pasado hubo paros y acciones de protesta de parte de los compañeros tanto en el interior como en la capital.

Del 23 de julio al 4 de agosto los médicos del Hospital Roosevelt, uno de los más grandes de la capital y del país, suspendieron la consulta externa y las cirugías menores. El motivo fue la carencia de toda clase de insumos y materiales básicos para atender a la población. Ese mismo mes el gobierno anunció que prescindiría de los servicios de numerosas ongs que se hacen cargo del Programa de Extensión de Cobertura, que atiende a la población rural. Los trabajadores de estas instituciones realizaron protestas demandando la continuación del servicio.

Durante el mes de septiembre e inicios de octubre entraron en paro y en asamblea permanente los médicos del Hospital San Juan de Dios en la capital, el de Malacatán, los del Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala en Puerto Barrios, el Hospital Regional de Escuintla, y los hospitales de Totonicapán, Retalhuleu, Guastatoya y Cobán. Los médicos denunciaron la enorme deuda de Q 130 millones que tiene el Ministerio de Salud con las empresas que proveen de medicinas e insumos.

En octubre las movilizaciones de compañeras y compañeros se dieron ya no solo por falta de materiales y medicamentos, sino por el intolerable atraso de varios meses en el pago de sus salarios a casi 18 mil trabajadores. Este fue el caso del hospital de Puerto Barrios que ya mencionamos, los puestos de salud y centros de atención permanente de Sololá, el Hospital Regional de Huehuetenango, el Hospital Nacional Pedro de Betancourt de Antigua Guatemala, y el de Zacapa.

En noviembre continuaron las acciones de protesta por la falta de pago de salarios y de abastecimiento de medicinas en los hospitales San Juan de Dios, los de Quetzaltenango, Amatitlán, Chimaltenango, Jutiapa, Cuilapa Santa Rosa, Zacapa, Petén, El Progreso y Huehuetenango. El 13 de noviembre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, el más grande del sector y el Frente Nacional de Lucha realizaron una multitudinaria marcha en la capital, exigiendo el pago de sueldos, una ampliación presupuestaria para salud y la aprobación de bonos del tesoro para financiar el presupuesto gubernamental. Las autoridades del Ministerio de Salud empezaron, a cuenta gotas a cancelar los sueldos y la deuda con los proveedores.

En enero de 2015 continuaron las protestas en Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu, Quiché, Baja Verapaz, Jutiapa y Chiquimula. El 30 de ese mes el Frente Nacional de Lucha realizó marchas y bloqueos que culminaron con el inicio de una mesa de diálogo con el gobierno, de la cual hasta ahora se desconocen los resultados. A inicios de febrero médicos de los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, Antigua, Escuintla y Cuilapa suspendieron las consultas externas para presionar por el pago del mes de enero.

El gobierno da soluciones a medias

El gobierno, en lugar de atajar la causa del problema, ha implementado algunas reformas fiscales que no se enfocan en gravar con impuestos a las exorbitantes ganancias y a las grandes fortunas, sino a sectores medios profesionales que cada vez tienen menor capacidad de pago de impuestos. Los impuestos aprobados para financiar el presupuesto gubernamental de 2015, además de que han sido impugnados por las cámaras empresariales, a quien van a afectar es a la población trabajadora, pues los capitalistas los trasladarán a los consumidores. Es necesaria una reforma fiscal radical que grave las ganancias de las grandes empresas y monopolios, para asegurar servicios públicos de calidad para la población.

Este gobierno ha tenido en la cartera de salud una gran cantidad de ministros, que no han resuelto el problema. El último que asumió, Luis Monterroso, rápidamente se lavó las manos señalando a los directores de los hospitales como los responsables de los malos manejos administrativos y pese a que existe cierto nivel de descentralización, por ejemplo en la compra de insumos y el abastecimiento, las autoridades de la cartera ministros y viceministros, deben coordinar el buen funcionamiento de hospitales y puestos de salud.

Además existe otra lógica estructural que mantiene postrado al sistema de salud y afecta en la atención al ciudadano: no se prioriza la salud preventiva brindada en puestos de salud, lo cual atrofia el funcionamiento de los hospitales nacionales y regionales.

El SNTSG es complaciente con el gobierno

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSG), aglutinado en el Frente Nacional de Lucha, que es el sindicato más grande del sector salubrista, ha logrado firmar un pacto colectivo con las autoridades de salud en este gobierno, donde se garantiza la constante nivelación salarial. Sin embargo, la dirigencia del FNL muchas veces es rebasada por la acción de base de los trabajadores que no soportan las deficiencias administrativas y la falta de insumos para la atención a la población. Consideramos que la dirigencia sindical busca a veces contemporizar con las autoridades porque recibe beneficios de índole material y se presta para servir de grupo de presión a favor del gobierno. Además de esto existen señalamientos de otros sindicatos del sector de la salud en el sentido de que el SNTSG se caracteriza por copar cuadros y pretender jalarlos hacia sus sindicatos. Por otro lado, cuando los médicos de los hospitales entran en paro, el SNTSG brilla por su ausencia.

Por un plan de lucha unitario

Desde el Psoca consideramos que tanto salubristas como médicos junto a usuarios del sistema, deben levantar un plan de lucha, sin importar el sindicato a que pertenezcan, para garantizar el derecho a la salud de la población y el cumplimiento del pacto colectivo. Este podría contar los siguientes puntos:

1. Realizar asambleas de médicos y salubristas -tal como las realizadas por los médicos del Hospital Nacional San Juan de Dios y otros hospitales nacionales- junto a usuarios del sistema de salud, para explicarles la situación de falta de insumos y de atraso en el pago de salarios.

2. Crear comités conjuntos de médicos, salubristas y usuarios, electos en las asambleas, que negocien con las autoridades de salud, pero que se conformen en entidades que coadministren los hospitales nacionales, regionales y puestos de salud y vigilen la ejecución de los fondos.

3. Atender durante las acciones de lucha y paros, emergencias y casos especiales de personas que usan su día laboral (sin que sus patrones se lo reconozcan) para poder asistir a los hospitales a sus citas programadas. Y en general avanzar en un modelo que mejore la atención de los usuarios, tanto en momentos de luchas, paros y huelgas, así como cuando el servicio es normal.

4. Que los comités se acerquen a los estudiantes de medicina y de enfermería de la Universidad de San Carlos (USAC) y las universidades privadas, para explicar lo deplorable del sistema y crear comités de solidaridad en los estudiantes, quienes posteriormente laborarán, al realizar sus prácticas, en el sistema de salud. Buscar la solidaridad de las organizaciones estudiantiles de la USAC.

5. Los comités y las asambleas deben ser el motor para organizar una federación de todos los sindicatos de salud y de asociaciones de usuarios, que impulse la lucha por garantizar el derecho a la salud de la población, el derecho a la libre organización sindical y a exigir una paga justa (acorde al costo de la vida) a los trabajadores del sistema de salud.

6. De igual forma es importante que sindicatos, asambleas, comités se articulen con otras expresiones del movimiento social, en función de garantizar un proyecto nacional que luche por el cumplimento de los derechos del proletariado guatemalteco y le dispute el poder a las fracciones burguesas y a la supercúpula oligarca, que nos mantienen en esta postración.