Por Marcial Rivera

Mientras la opinión pública tiene la atención puesta en el escándalo de la SAT, los medios de comunicación han olvidado dar cobertura a las luchas propiciadas por las organizaciones campesinas e indígenas relacionadas con los megaproyectos de destrucción y muerte.

El 28 de abril, se llevó a cabo en Chajul, Quiché, una protesta pacífica en contra del proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Xacbal Delta, que pertenece al grupo Energía Limpia de Guatemala S.A., ya que no ha cancelado los Q 10 mil que acordaron pagar por familia, como indemnización por el paso de la maquinaria por los terrenos comunitarios. Los trabajos de la empresa, entre otras consecuencias, a raíz de la perforación de un túnel de aproximadamente 4 kilómetros, provocaron que se reventara un río subterráneo. Las autoridades procedieron a desalojar la protesta con lujo de violencia, siendo capturados tres pobladores. Ante la acción violenta, la población salió de nuevo a protestar, siendo atacada por 200 elementos de la policía y efectivos del ejército con golpes y bombas lacrimógenas.

Para nadie es un secreto que en la actualidad, se hace necesaria la explotación de los recursos naturales para la convivencia humana, nadie podría imaginarse la vida y la suplencia de las distintas necesidades humanas, sin fuentes de energía –de diferente tipo- que nos ayuden a generar electricidad. Pero esta explotación evidentemente debe ser sostenible, es decir, amigable con el medio ambiente.

El problema no es tanto el beneficio que genera una energía ‘limpia’, sino más bien el costo; los conflictos sociales que propicia la presencia de empresas privadas hidroeléctricas en distintas zonas ha sido el común denominador en distintas latitudes del territorio guatemalteco, pues la empresas no toman en cuenta la opinión de las comunidades para instalarse e iniciar sus operaciones, lo que ha propiciado a su vez otros fenómenos, como ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales, entre otros.

No debe esperarse que más mueres y asesinatos se lleven a cabo a raíz de la explotación de recursos naturales. El respeto a las consultas comunitarias y las decisiones tomadas en el seno de las comunidades debe darse inequívocamente. Para nadie es un secreto la forma específica en la que se administran los recursos de las comunidades, sobre todo de las comunidades indígenas, pues en el caso particular de las hidroeléctricas, tal como ha ocurrido en Chixoy y en otras más, la energía eléctrica generada por las mismas, no llega a las comunidades aledañas a los megaproyectos; finalmente solo benefician a las empresas.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, exigimos a Hidro Xacbal Delta el cumplimiento del acuerdo que tenía con la comunidad, rechazamos la intervención violenta de las fuerzas policiales y demandamos al Ministerio Público que investigue los hechos para encontrar a los funcionarios culpables de la agresión contra la población.