Por Úrsula Pop

El descubrimiento de la red de corrupción aduanera La Línea, que involucra a altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina y el Partido Patriota, ha generado una oleada de protestas y movilizaciones con características muy particulares.

En primer lugar, han sido los sectores de clase media urbana, con toda la gama de capas que este poco definido concepto implica, quienes primero han salido a las calles a manifestar su indignación por el enriquecimiento de los funcionarios a costa de los ingresos del Estado. Recordemos que la reforma fiscal introducida por el gobierno a inicios de 2012, a quien más ha afectado es precisamente a los sectores medios: profesionales, pequeños empresarios, miembros de las profesiones liberales, etc. Estos grupos, a diferencia del gran empresariado, difícilmente pueden eludir el pago de sus impuestos, y es natural su furia al ver que el dinero que les quita el fisco va a las manos equivocadas.

Estas capas más acomodadas han arrastrado tras de sí a otros grupos medios, como estudiantes de universidades privadas y de la pública San Carlos, jóvenes en general, amas de casa, empleados públicos y privados, jubilados, y otros sectores que en general no pertenecen a organizaciones gremiales o sindicales, o si pertenecen, se han sumado a título individual.

La característica de los grupos que convocan a las movilizaciones, casi exclusivamente a través de las redes sociales, es el anonimato, y la proclamación de que no portan banderas políticas. En este sentido, se definen como ciudadanos, y guatemaltecos, desligándose de cualquier connotación de pertenencia a clases sociales en particular. El rechazo a banderas políticas significa en primer lugar un rechazo a los partidos que dominan el escenario político de Guatemala; pero más allá de eso, implica peligrosamente también un rechazo a todo tipo de organización, gremial, sindical, y a todo tipo de dirección política. Grupos como Anonimous Guatemala, RenunciaYa, Guatemala Basta Ya, se autodefinen como ciudadanos, y su negativa a consolidarse o constituirse como organizaciones sólidas impiden que se perfilen como una alternativa que presente una salida política coherente a la crisis del gobierno.

El resultado fatal de esta política semi-anarquista es que las movilizaciones pueden ser fácilmente cooptadas o desviadas por los grupos de poder de la burguesía y la embajada gringa, que sí tienen una agenda propia definida para salvar la crisis. O, en todo caso, los manifestantes verán al final impotentemente cómo en las cumbres del poder se arregla la crisis, sin que ellos puedan hacer absolutamente nada.

La masiva concentración del 25 de abril (posiblemente unas 20 mil personas) no ha podido ser superada. La presencia en ella de un enorme contingente de estudiantes universitarios, principalmente de la Usac, agregó a la actividad numerosas consignas con contenido social, más allá de la exigencia inicial de renuncia del binomio Pérez-Baldetti. Las concentraciones siguientes, del 2, 8 y 9 de mayo, han tenido un ingrediente universitario, no tan fuerte, que representa un elemento radicalizador, pero no lo suficiente para cambiar el rumbo de las protestas. Estas otras concentraciones han oscilado entre unos cientos (en especial el 8 por la noche, cuando se celebró la renuncia de Baldetti) a unos 1,500 en las protestas del sábado 9. Este último día fue notable la presencia de dirigentes campesinos y sindicales, pero sin sus bases, a título individual como el resto de manifestantes.

La excepción ha sido el bloqueo de carreteras organizado por los 48 Cantones de Totonicapán el lunes 4 de mayo. Mientras los campesinos indígenas bloqueaban las carreteras en la Cumbre de Alaska, Santa Catarina Ixtahuacán, Cuatro Caminos y San Francisco El Alto, miembros de su Junta Directiva se dirigieron a la capital a entrevistarse con el presidente del Congreso de la República, Luis Rabbé. Le presentaron un memorial solicitando que se le retirara la inmunidad al binomio presidencial, pero el funcionario les contestó que eso no le corresponde al Congreso, sino a la Corte Suprema de Justicia. También solicitaron a Rabbé el cumplimiento del resarcimiento a los familiares de las víctimas de la matanza perpetrada por el ejército en octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, en lo cual sí obtuvieron el apoyo del funcionario. Luego de ese día no ha habido más acciones.

En la marcha del 1 de mayo, fueron consignas principales la demanda de cese a la corrupción y la renuncia del presidente y la vicepresidente. Pero sabemos que a las organizaciones sindicales que marchan ese día no se les vuelve a ver en todo el año, hasta la marcha del 20 de octubre; ninguna se ha presentado en las demás protestas.

La Asamblea Social y Popular conformada el 28 de abril, convocó a una marcha de protesta para el 16 de mayo, junto a los otros grupos que han estado organizando demostraciones. Las universidades también están convocando para ese día. La presencia masiva de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales ese día podría dar un giro al contenido de las movilizaciones, perfilando una opción popular y clasista coherente frente a las maniobras de los grupos de poder de la burguesía y el imperialismo.

Resulta despreciable la actitud de las organizaciones sindicales y campesinas afines al gobierno, que se han manifestado por la defensa la actual administración del PP. Así, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), en un comunicado se pronunció por la “defensa del orden constitucional” y contra “cualquier intento de golpe de Estado”. La Conic amenazó con “llegar a la Ciudad Capital, entraremos miles y miles de hombres y mujeres mayas y campesinas, con el machete bien afilado y con machete en mano para defender el Estado de Derecho y la Constitución de la República…”. Según el diario El Periódico en su edición del 1 de mayo, el dirigente del Frente Nacional de Lucha, Luis Lara, en el acto en el cual el presidente anunció la contratación permanente de miles de trabajadores de la salud que anteriormente estaban por contrato anual, pidió a sus afiliados que no asistieran a la concentración masiva del sábado 25 de abril. El dirigente magisterial Joviel Acevedo ha amenazado con organizar contramanifestaciones en apoyo al gobierno.

La tardanza de las organizaciones campesinas y sindicales en sumarse a las protestas es sin duda síntoma de debilidad orgánica. Pero es imperioso que se incorporen y tomen la batuta de las movilizaciones, para empezar a conformar una alternativa coherente, de clase, que presente una solución a la crisis en favor de los oprimidos y explotados.

Proponemos a los compañeros que se inicie una serie de bloqueos masivos de carreteras y huelgas, que conduzcan eventualmente a un paro general que reclame la caída del gobierno y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

¡¡HACIA UN PARO GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS, SINDICALES Y POPULARES!!

¡¡ABAJO EL GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!!