Por Juan P. Castel

El pasado jueves diez de septiembre se registró el inicio de la huelga de los guardias del sistema penitenciario, que bloquearon la entrada al centro de reclusión más grande del país, el ubicado en la zona 18 capitalina; mas 4000 miembros de la fuerzas del orden de los centros de reclusión ubicados en la capital y otros en el interior del país tomaron parte en la huelga. La noticia fue trasmitida por la prensa burguesa a media mañana. “Unos cuatro mil guardias del sistema penitenciario de los 22 centros de carcelarios del Guatemala, se declararon en paro este día en demanda de mejoras salariales, los custodios denuncian que tienen un salario de Q1 mil 400 menor al mínimo que establece la Ley.” (Prensa Libre 10/09/15). Entre las demandas esta un bono (unos 2 mil quetzales por trabajador) que el ministerio de gobernación no ha hecho efectivo, los huelguistas exigieron también la destitución del actual director del SP, Alexander Torres a quien lo señalan de actitudes prepotentes ante los trabajadores y trato especial hacia la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, recluida prisión preventiva en el anexo de mujeres de la zona 18.

La huelga de brazos caídos se hizo manifiesta en pleno corazón del centro cívico, ya que el traslado efectuado diariamente desde las 5:00 de la mañana de reos para las diligencias judiciales ante la justicia en la torre de tribunales fue impedido por los huelguistas, dejando 50 audiencias suspendidas, afirmó el Ministerio Publico (MP). Junto a esto los trabajadores del SP cerraron las cárceles impidiendo los horarios de visita a los reos (unos 19 mil en todo el país). Debido a una organización desigual, hacia la tarde ya se reportaba que a la huelga se unían los guardias de las Granjas Penales “Canadá” en el departamento de Escuintla y la de Cantel, en Quetzaltenango, mientras otra, la de “El Boquerón” en el departamento de Santa Rosa, funcionaba con normalidad.

En la cárcel de reclusión para mujeres Santa Teresa ubicada en la zona 18 de la ciudad capital, las guardias de este centro penitenciario denuncian los privilegios que tiene la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, que cuenta con una habitación amplia, que anteriormente era utilizada por la administración del centro carcelero. Junto a esto, como todo el paisaje de un país con sus contradicciones, luces y sombras, mientras las otras presas y las mismas guardias no cuentan con enseres para cubrir los tres tiempos de comida, la ex vicepresidenta cuenta con vehículos y sus mandaderos personales para cubrirle cualquier clase de necesidad. “A ella la tratan como que fuera una princesa y a nosotras no, que somos las que trabajamos”, le dijo una de las agentes que custodia en Santa Teresa, con el rostro cubierto a la agencia Española de Noticias (EFE).

La Actual ministra de gobernación Eunice Mendizábal, que enfrenta la ya crónica crisis en la Policía Nacional Civil (PNC) respondió así a la huelga en el SP: “En un mes aproximadamente se haría efectivo el pago, en ningún momento dejaremos de cumplir el ofrecimiento”, mientras la ministra enviaba a efectivos a las puertas del centro penitenciario de la zona 18 como medida de diálogo. Al cierre de la jornada las medidas de fuerza fueron suspendidas al ser confirmado por el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, que se efectuaría el pago (unos 7 millones de quetzales) y que solo debía terminar de pasar por la engorrosa burocracia estatal. Desde el “Partido Socialista Centroamericano” (PSOCA) saludamos las acciones de las y los trabajadores del SP, siempre que estas se encuadren en un nivel de lucha que levante las más sentidas demandas del gremio y que en esta no tengan injerencia los grupos paralelos que dominan las prisiones y que los y las trabajadoras desarrollen su independencia de clase codo a codo en la lucha.

La Huelga de Puerto Quetzal

El pasado miércoles 16 de septiembre los trabajadores iniciaron una huelga de tres días en la compañía estatal “Empresa Portuaria Quetzal” (EPQ) para denunciar el avance en la concesión que el Estado cedió a la compañía española conocida como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se oponen también a la construcción de 10 módulos en las instalaciones de la portuaria. La Huelga fue levantada el viernes 18 después que la Corte de Constitucionalidad (CC) fallara a favor de un amparo interpuesto por la burguesía organizada en “Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras” (CACIF) para garantizar los servicios de importación y exportación en Puerto Quetzal, ya que se han visto afectados por la paralización de labores desde el inicio de la paralización.

Desde el “Partido Socialista Centroamericano” (PSOCA) hemos denunciado el pacto Estatal de concesiones en EPQ como un trato que busca favorecer a la lumpen-burguesía gobernante al depredar las empresas estatales para pasarlas al control privada trasnacional.