Por Leonardo Ixim

El pasado 15 de febrero la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el dictamen favorable para ser tomando en cuenta en la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (4783) que empezó discutirse en el Congreso de la República la semana pasada.

En base a la exigencia de las protestas del año pasado, el Congreso aprobó apresuradamente muchas reformas que posteriormente fueron enviadas a la CC. Ésta, en base a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo sancionó la aprobación que el Congreso realizó el año pasado, afirmando ahora la aprobación por artículos y nuevamente la revisión de la CC al finalizar la discusión.

El 1 de marzo se inició la discusión por artículos, aprobando el voto de ciudadanos en el extranjero para el binomio presidencial, aunque deja pendiente el dictamen que podrá extenderse para elegir diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano, lo cual es una demanda de las comunidades migrantes en Estados Unidos, junto a la creación de un distrito especial que represente a los ciudadanos residentes en ese país.

Se sancionó la práctica ilegal del acarreo de votos, estableciendo que el cambio de residencia se dé por lo menos un año antes del evento electoral. Sin embargo, la discusión se empantanó en lo que respecta al artículo 12 y 13 de la propuesta que busca la paridad de género para la elección a diputados, generando una fuerte discusión y suspendiéndose la discusión. Esto se da a partir de la postura machista que toman varios diputados; ante eso las diputadas y algunos diputados cierran filas con el apoyo de organizaciones sociales de mujeres, una división poco común en el Congreso de la República. Estos artículos hacen referencia a la participación equitativa entre hombres y mujeres, ladinos, mestizos e indígenas, poniendo énfasis en que las conformaciones de las listas alternen hombres y mujeres. Sin embargo, todas estas propuestas quedan cercenadas si no se aprueba la formación de listas uninominales o abiertas; situación que no está en la discusión pública. Como forma de salir del atolladero el presidente del congreso Mario Taracena propuso que se mantenga un mínimo para ambos géneros de 30 por cierto de postulados.

El dictamen tiene otros aspectos, en lo que respecta al mantenimiento del financiamiento mixto, solo que con mayores capacidades de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, incluyendo a la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos; individualizando las responsabilidades de los secretarios generales y de finanzas y distribuyendo equitativamente la propaganda electoral en los medios de comunicación. Además de que se prohíbe la reelección del secretario general, se sanciona el transfuguismo prohibiendo a los partidos y bancadas en el Congreso aceptar a diputados que renuncien al partido que los postuló, pero aceptando que sea posible esto en año electoral, aunque sin mencionar a los alcaldes.

El dictamen además aprueba el voto nulo como causante de la repetición de las elecciones si pasa el 50 por ciento, una cifra irrisoria además de no hacer una clara distinción entre un voto nulo producto del descontento y otro del error a la hora de marcar la papeleta. Por otro lado, otra demanda popular del año pasado, la potestad para que los Comités Cívicos Electorales puedan postular diputados distritales convirtiéndose en permanentes -no como en la actualidad que desaparecen después de las elecciones- es calificada como inconstitucional, manteniendo el monopolio de los partidos políticos.

Otro elemento negativo es que limita el crecimiento de los distritos electorales, manteniendo el número de diputados como se encuentra en la actualidad, sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional; lo cual es parte de las posiciones de los sectores oligárquicos que buscan disminuir el número de diputados en detrimento de la representación electoral.

De igual forma consideramos negativo el aumento del número de afiliados de 0.30 a 0.35 % del padrón electoral, aduciendo que es una forma de consolidar un sistema de partidos políticos realmente representativos de la sociedad. Sin embargo, lo que esconde este razonamiento es que se busca crear una especie de bipartidismo o tripardismo eliminando la posibilidad de que sectores sociales diversos puedan crear tanto partidos políticos o comités cívicos que los represente, afectando con esto aún más a los partidos de izquierda

Un último elemento que no se regula, es la reelección, manteniéndola indefinidamente para cargos de elección pública. Una de las demandas populares era que se eliminara, nosotros consideramos que mantener una reelección es una forma de reconocer un buen trabajo o consultando a la población se acepta una nueva postulación. Además, no se hace referencia sobre revocabilidad de los cargos, que era otra demanda social. Al finalizar esta edición la Junta Directiva del Congreso no ha puesto fecha para continuar la discusión.