Por Úrsula Pop

El 25 de febrero el Congreso aprobó de urgencia nacional el decreto 5007, Ley Emergente para la Conservación del Empleo. Esta ley reemplaza a las leyes de Maquila y de Zonas Francas, vigentes desde 1989, y fue impulsada para cumplir con la exigencia de la Organización Mundial del Comercio de garantizar una competencia igualitaria entre los empresarios de los distintos países.

La esencia de la nueva ley es que se otorga beneficios fiscales durante diez años, la exención del pago de Impuesto al Valor Agregado, de importación e Impuesto Sobre la Renta, a las empresas de maquilas de vestuario y textiles, y a los servicios de call y contact centers. La ambigüedad de la ley anterior había permitido que empresas de otra índole (panificadoras, químicos, licores, alimentos, etc.) se beneficiaran también de la ley. Estas empresas quedarán sin los privilegios fiscales de que gozaban, y entre ellas están las conocidas Bimbo, Monsanto, Nestle, Kern´s, Malher, Bolik y Disagro.

El nombre de la nueva ley denota la mala intención de los empresarios beneficiados, pues siempre han vinculado la inversión y la creación de empleos con los privilegios fiscales, esgrimiendo la amenaza velada de cerrar empresas y migrar a otros países si no se aprobaba la normativa, un verdadero chantaje. Las maquilas llevan 25 años con privilegios fiscales y nunca han sido el generador de empleo que dicen ser, además los call centers eran empresas ya instaladas que pagaban impuestos; es decir, unas empresas ya no tendrán privilegios fiscales, pero otras empezarán a tenerlos. Además, desde 2009 estos capitalistas gozan del beneficio de pagar a sus trabajadores un salario mínimo menor del que recibe el resto de trabajadores del país. Cabe mencionar que los compañeros diputados de izquierda Álvaro Velásquez y Leocadio Juracán (de Convergencia) y Walter Félix (de URNG-Maíz) se opusieron a la ley en las comisiones legislativas donde se le dio el visto bueno.    

El chantaje de los empresarios maquileros logró que mantuvieran sus privilegios fiscales y además que los dueños de call centers se unieran a esa élite de capitalistas que no pagan impuestos. Es inconcebible que estos egoístas empresarios afirmen que sus empresas pueden funcionar solo si dejan de pagar impuestos a un Estado Guatemalteco que se mantiene desde hace varios años en una constante crisis financiera y no lograr suplir de los servicios más básicos a la población. Exigimos la derogación de esta nefasta ley y que estos mezquinos capitalistas paguen sus impuestos. A las compañeras y compañeros trabajadores de maquilas les llamamos a organizarse para defender sus derechos, mejorar sus condiciones de trabajo y lograr la equiparación de su salario mínimo al del resto de trabajadores guatemaltecos. Si los empresarios cierran, los obreros organizados deben tomar las plantas y ponerlas a trabajar por su cuenta.