Por Marcial Rivera

Los ejércitos en Centroamérica han estado siempre al servicio de los grupos oligárquicos. Para nadie es un secreto que, durante el conflicto armado interno, los mismos se dedicaron a reprimir a la población, a masacrar comunidades enteras, pero además a reprimir abiertamente a dirigentes sindicales, estudiantes, y otros líderes. En la región se cometieron muchos crímenes que al día de hoy continúan en la más abierta y descarada impunidad.

La inseguridad -luego de finalizada la guerra interna en Guatemala- se agudizó, y llegó a tal grado de convertirse en un problema nacional. Se formaron los primeros nichos de crimen organizado y de las grandes pandillas que existen en la actualidad. Las primeras pandillas en Centroamérica comenzaron a inicios de la década de los noventas, alimentadas en algunos casos por miembros del ejército. Se han ido nutriendo de distintas fuentes para crecer, y llegar a tener los niveles de poder que poseen, controlando comunidades enteras, sobre todo en los barrios marginales en las áreas urbanas.

Fuera de las manos

Para nadie es un secreto que la situación de inseguridad se ha salido de las manos. Una de las promesas emblemas del gobierno anterior fue precisamente ‘la mano dura’, que solucionaría los problemas de inseguridad que se viven, extorsiones, sicariato, narcotráfico, crimen organizado y un sinfín de problemas más. Este tipo de noticias acaparan los titulares de distintos medios de comunicación, y alimentan el imaginario ciudadano sobre la situación de la inseguridad en Guatemala, de la que se benefician algunos sectores de la sociedad, entre otros, las empresas de seguridad que lucran de esto.

Indudablemente la política implementada en Guatemala, se replica en El Salvador, la de acentuar los niveles de violencia e incrementar el muertómetro, para que la sociedad entre en pánico y que sea la misma la que pida que el ejército retorne a las calles. Parte de ese imaginario es una mayor represión por parte de las fuerzas de seguridad pública hacia miembros del crimen organizado, lo que pasa por el uso del ejército en las tareas de seguridad pública, para combatir y desmantelar a estos grupos, que mantienen en zozobra a la población, para lo que ya se ha intentado usar al ejército en tareas de seguridad. No obstante, no se han dado los resultados esperados, porque el ejército, en el ánimo de combatir la violencia, se ha extralimitado en sus funciones, violando derechos humanos.

Algunos grupos con intereses específicos se encuentran detrás de la estrategia de militarización de la seguridad pública, es muy complicado que cualquier persona tenga conocimientos específicos para armar una bomba y activarla a distancia, esto solo demuestra que los atentados perpetrados en los últimos días, son totalmente atípicos.

Luego de la firma de los acuerdos de paz, las filas del ejército fueron disminuidas, sobre todo, durante los gobiernos de Alfonso Portillo, y Oscar Berger, esto como parte del cumplimiento de los mismos. La constitución define las funciones que debe tener el ejército, y que debe cumplir. Entre otras, plantea la defensa del territorio, y de la soberanía, de manera que no tiene como una de sus funciones participar en tareas de seguridad pública.

Estados de excepción

En otro orden de ideas, cabe mencionar que, en Guatemala, se han aplicado estados de excepción, que han restringido algunos derechos humanos básicos de la población, y también libertades civiles; lo que ha sucedido es que los mismos han servido para perseguir políticamente a personas que se consideran como enemigos con la excusa de que se trata de criminales.

Pena de muerte

La pena de muerte no resolverá nada, no es una prerrogativa que como tal, suponga la disminución de todos los crímenes. El gobierno quiere reactivar la pena de muerte para tener un mayor control sobre la población, porque las condiciones de inseguridad actual limitan el enriquecimiento de los grupos oligárquicos, las condiciones de explotación no son plenas para este propósito.

Hay posiciones encontradas entre distintas autoridades que tienen un poder de decisión importante en materia judicial. La tendencia mundial en relación a la pena de muerte, es precisamente su total abolición. ¿Qué debería hacerse para combatir el crimen? Apostarle a la educación, que tendrá resultados a largo plazo, y además prevenir el delito, apostarle al arte y la cultura, lo que no será posible, mientras gobiernan quienes gobiernan.