Por Armando Tezucún

Los procesos judiciales abiertos por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en su combate a la corrupción, y las capturas de funcionarios, ex funcionarios y ciudadanos implicados en ellos, han empezado a causar roces entre el gobierno del Frente de Convergencia Nacional y Jimmy Morales y el empresariado por un lado, y los diplomáticos que apoyan e impulsan este combate por el otro. Entre estos representantes extranjeros destacan el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas como Valerie Julliand. Recordemos que una de las condiciones impuestas por el gobierno gringo a los países del Triángulo Norte centroamericano para llevar a cabo el Plan Alianza Para la Prosperidad es precisamente la eliminación de la corrupción en la gestión del Estado, la transparencia y un funcionamiento aceptable de la institucionalidad burguesa.

Las declaraciones del nuncio apostólico Theverin

El malestar del gobierno salió a luz pública durante el acto de conmemoración del tercer aniversario de la elección del papa Francisco, organizado por el nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático en Guatemala, Nicolás Thevenin. Este personaje conservador declaró, en presencia del cuerpo diplomático y la cúpula del gobierno, durante el evento: “Un diplomático…nunca puede pretender entender perfectamente todo e imponer a un país soberano y digno, soluciones a los que son problemas reales…No se le puede dictar recetas porque la dignidad de un país y el legítimo orgullo nacional suponen que se respete la dignidad nacional …Ningún país puede permitirse cometer injerencias porque lejos de facilitar el crecimiento del pueblo que requiere ayuda, aumenta las tensiones o prioriza elementos que no son lo más importantes en la situación actual del país.” (La Hora 11/03/16).

El presidente Jimmy Morales respaldó las declaraciones del nuncio y dijo: “Agradeceré que se apeguen al espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en el sentido de no inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país.” (Idem). “Es necesario que todas las instituciones puedan tener la libertad y la autonomía nacional como internacional. En el caso de las demás instituciones, no puedo hablar si ha habido injerencia o no. En el caso de la Presidencia, bendito sea Dios estamos actuando con total independencia.” (Prensa Libre 12/03/16).

Días después Morales reiteró los velados señalamientos: “Lo que se ve no se pregunta, eso ya la población y todo el mundo puede ver muchos casos donde se rumoran cosas…todos debemos mantener la unidad y diplomacia en los niveles que deben ser mantenidos.” (Prensa Libre 17/03/16). Luego se hizo público el contenido de una carta en envió el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 10 de marzo, a las embajadas y organismos internacionales acreditados en el país, agradeciendo la invaluable cooperación internacional, pero que “Sin embargo, ello de ninguna manera autoriza que los agentes diplomáticos de algunos países y organismos internacionales indebidamente se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos del país…Lo que incluye abstenerse de discutir y emitir opiniones de censura al gobierno y otros actores de la vida nacional, en los medios de comunicación…Es posible que algunas intervenciones, comentarios u opiniones que externan algunos representantes de países extranjeros y organismos, lejos de promover el diálogo y la discusión constructiva, pueden provocar o exacerbar diferencias entre los distintos sectores de la sociedad…El señor ministro de Relaciones Exteriores hizo la advertencia que corresponde para evitar que sea necesario tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable.” (Prensa Libre 18/03/16). Entre estas medidas está la petición de retirar a los representantes diplomáticos aludidos.

¿Por qué esta reacción del gobierno?

Las acciones del MP y la CICIG que ha llevado a esta postura del gobierno son básicamente dos. La primera es la captura de personeros de la empresa Aceros de Guatemala y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, por defraudación fiscal por US$ 30 millones, a favor de dicha empresa. El fundador de Aceros de Guatemala, Gabriel Abularach, es integrante del Consejo de Administración del Banco Industrial, el más grande y poderoso del país, en el cual tienen un puesto, representante de las familias más tradicionales, dueñas de los grandes grupos corporativos que controlan la economía del país.

“La mayor preocupación entre los grandes empresarios del país es que si la justicia llega a extinguir los bienes de Gabriel Abularach, exista la posibilidad de que el Estado se convierta en un accionista (Minoritario) del BI. Esta posibilidad es todavía remota, pero es real.” (Nomada 17/03/16). Según la revista digital Nomada, una de las posturas de la oligarquía es “…convencer y presionar al presidente Jimmy Morales para que detenga las investigaciones del MP y la CICIG, y que pida que se calle la boca al principal apoyo y financista de la Comisión, el embajador estadounidense Todd Robinson.” (Idem). Recordemos que el año pasado Estados Unidos no dudó en atacar a la poderosa familia Rosenthal en Honduras, acusada de lavado de dinero.

La otra acción es la captura en enero pasado de 16 altos oficiales en retiro, acusados de participar en las masacres del caso Cobán-Chixoy y en la desaparición del niño Marco Molina Thiesen. Estos militares pertenecen a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), principal fundadora del partido de gobierno, el FCN. Entre los acusados figuran César Cabrera y Edgar Ovalle, el primero asesor del gobierno y el segundo diputado y subjefe de bancada del FCN. Además, Estados Unidos tiene recelos hacia otros dos asesores y allegados a Jimmy Morales, los militares Armando Melgar y Ricardo Bustamante.

El partido de gobierno ya había iniciado el ataque contra el MP en el Congreso en febrero, cuando el FCN y los partidos empresariales Visión con Valores (Viva) y CREO intentaron bloquear las reformas a la Ley del Ministerio Público que ponían fin al derecho presidencial de remover al jefe del MP. Además intentaron la aprobación de una norma que obligaba al MP a solicitar una orden de juez para investigar a instituciones o funcionarios públicos. En ambos intentos fracasaron.

La injerencia del embajador Robinson

Desde la coyuntura abierta el año pasado por las masivas movilizaciones de la población contra la corrupción, que se combinaron con las acciones de la Cicig y el MP, respaldadas por la embajada gringa, el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, ha asumido un papel de primera fila, opinando públicamente sobre todos los temas de relevancia en el país, y haciendo acto de presencia en los juicios y actividades claves. La actitud de Robinson pone en evidencia el rol del imperialismo gringo en los acontecimientos y deja entrever que tras bastidores dicta órdenes y dispone líneas a seguir.

La entrevista realizada a Robinson por el diario El Periódico, publicada el 1 de marzo, devela su papel, y explica los temores del gobierno y la oligarquía. He aquí algunos extractos del artículo.

“Cualquier político en este país u otros países que no esté luchando en contra de la corrupción, que esté poniendo obstáculos al Ministerio Público, a la CICIG y a sus investigaciones, cualquier político que pone ese tipo de obstáculos no está con nosotros, no está luchando contra la corrupción y nosotros vamos a llamarlos y a decirles exactamente que ellos, siendo elegidos por la población de Guatemala, deben luchar contra este flagelo.”

“Hemos hablado con todos los partidos, no es un secreto para ellos sobre nuestro apoyo al Ministerio Público, al Organismo Judicial, a la CICIG. Estamos apoyando bastante a las tres instituciones y vamos a seguir haciéndolo. “

“Es muy difícil luchar en contra de los intereses de grupos oscuros que piensan que pueden hacer negociaciones bajo la mesa, usando los recursos del Estado para sus intereses; voy a luchar contra esto y no me importa si es un político, alguien del sector privado o un miembro del gobierno.”

Nacionalismo de derecha

La postura del gobierno refleja las preocupaciones de la oligarquía y de la extrema derecha, en especial los veteranos militares. Se expresa por medio de un nacionalismo a conveniencia, de derecha, que busca proteger los intereses del gran empresariado y de los exmilitares que tienen las manos manchadas con la sangre del pueblo que fue masacrado durante la guerra interna.

En cuanto al imperialismo gringo, su actitud es reflejo de su vieja política de utilizar a gobiernos, militares y funcionarios cuando le conviene, pero cuando hay un cambio de líneas políticas, los desecha e incluso se vuelve en contra de ellos y los ataca. Recordemos los casos de Afganistán y los talibanes, Irak y Saddam Hussein, y las dictaduras militares en América Latina durante los años 60s, 70s y 80s, cuyos integrantes ahora son enjuiciados con la venia los gringos.

Los socialistas centroamericanos rechazamos la injerencia abusiva del embajador Robinson en los asuntos internos de Guatemala, así como la política imperialista del Plan Alianza Para la Prosperidad. Sostenemos que el agudo problema de la migración y el crimen organizado es causado por el injusto sistema social y económico que nos han impuesto las oligarquías y el imperialismo. La solución no es un plan de inversiones al gusto de los opresores, sino la transformación revolucionaria liderada por los pueblos oprimidos y explotados del Triángulo Norte. Pero también rechazamos el nacionalismo ultraderechista de la oligarquía y los exmilitares, cuyo propósito es defender sus intereses de explotación y opresión, contra los intereses gringos, que ahora buscan dominar nuestros países a través del funcionamiento democrático de las instituciones del Estado burgués.