Por Felisa González

El plan de discutir las reformas propuestas a la Constitución de la República en materia de justicia, a través del diálogo nacional “Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala”, está en marcha. El primer evento tuvo lugar en Quetzaltenango el viernes 5 de mayo, el sábado 6 en Huehuetenango; los días 13 y 14 en los departamentos de Alta Verapaz y Zacapa respectivamente, el 21 en Petén y el 28 en Santa Rosa. El resultado del diálogo será dado a conocer al público antes de enviar el proyecto al Congreso, a finales de agosto.

En Quetzaltenango, región con un alto porcentaje de población indígena, varios grupos coincidieron en demandas que reivindican las exigencias de este sector. El Observatorio Indígena propuso una refundación del actual Estado racista y monocultural a través de una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional, que reconozca el carácter multiétnico, plurinacional y multilingüe del país y los derechos colectivos de los pueblos. Otros grupos demandaron que se reconozca el ordenamiento jurídico maya, que el Congreso no elija a los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que para la elección de los diputados del Congreso se eliminen las listas nacionales y solo queden los listados distritales. El 14 de mayo la mesa incluyó a representantes de la sociedad civil de los departamentos de Zacapa, Izabal, Chiquimula y El Progreso.

El objetivo general de las reformas es recuperar la credibilidad de las masas en el sistema de justicia y las instituciones de la democracia burguesa, desviando hacia la legalidad las movilizaciones populares, todo ello dentro del plan de reformas al régimen político impulsadas por Estados Unidos dentro del Plan Alianza Para la Prosperidad. Para ello hace concesiones a la población indígena, proponiendo que las autoridades de los pueblos puedan ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres; la Cámara de Comercio y otros empresarios ya objetaron esta propuesta. También propone suspender el derecho de antejuicio de los alcaldes y otros funcionarios menores; a pesar de eso, el presidente Jimmy Morales contradictoriamente prometió a los alcaldes luchar para no se les quite. Esta es una propuesta que recoge parte de las demandas de las protestas del año pasado.

Sin embargo, muchos de los cambios propuestos son sumamente antidemocráticos. Entre ellos está el incremento del periodo de funciones de los magistrados de la CC a nueve años y de la CSJ a doce, y una nueva ley de carrera judicial, para el nombramiento de jueces y de los magistrados de la Corte de Justicia. Según el jefe de la Cicig Iván Velásquez, la columna vertebral de las reformas es la independencia judicial, y para ello es vital la carrera judicial, sin la cual la justicia estará sometida a los poderes paralelos (La Hora 20/05/16).

Se propone la creación del Consejo de la Carrera Judicial, que reemplazará a las Comisiones de Postulación en la elección de magistrados y se hará cargo de la administración de la Corte Suprema de Justicia. Las Comisiones de Postulación fueron creadas por las reformas constitucionales de 1994, para que los magistrados fueran electos por las facultades de derecho de las universidades, el Colegio de Abogados y las asociaciones de jueces y magistrados del Organismo Judicial. Sin embargo, este sistema degeneró al caer estas instancias bajo la influencia de los grupos de poder, tradicionales y paralelos, con el fin de que fueran nombrados magistrados que representaran sus intereses. Según la propuesta de reformas, el Consejo sería el ente encargado de dirigir el ingreso, evaluación, promoción, traslado y disciplina de los jueces y magistrados. Sin embargo, nada garantiza que a este Consejo no le suceda lo mismo que a las Comisiones de Postulación.

La revolución proletaria y el socialismo significan la ampliación de la democracia al máximo. Siguiendo la tradición inaugurada por la Comuna de París en 1871, todos los funcionarios públicos deben ser electos por voto directo de la población y deben ser revocables en cualquier momento. Esto incluye a los jueces y demás funcionarios del sistema judicial. Por ello lo más democrático es que estos cargos sean de elección popular mediante el voto directo; este sistema está parcialmente vigente en algunos países con un sistema democrático burgués más desarrollado que el de Guatemala. La posibilidad de ser apartados de sus cargos en cualquier momento constituye la mejor garantía contra la corrupción entre los jueces y magistrados. Los cambios a la Constitución deben provenir de una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional, no de iniciativas impulsadas por el imperialismo para adormecer y controlar el movimiento de masas. Además, al final será el Congreso el que habrá de aprobar o no las reformas, lo que nos llevará a un callejón sin salida.