Por Leonardo Ixim

Después de un largo debate iniciado el pasado mes de marzo, el Congreso de la República aprobó a inicios del mes en curso las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Político (Lepp), trasladando la responsabilidad a la Presidencia de la República y su titular Jimmy Morales. Éste tiene hasta el 25 de mayo para la sancionar o vetar la ley.

Morales anunció que se tenía que realizar un diálogo con los distintos “tanques de pensamiento”, aduciendo de forma demagógica que las reformas no retomaban todo lo que la “plaza” exigía. Al final los organismos consultados recomendaron a Morales sancionar el decreto. El presidente del Congreso Mario Taracena, del opositor partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) argumentó que el retraso de Morales es por la presión de medios de comunicación que se manifiestan en contra de regular los espacios de publicidad para los partidos políticos. Esas mismas causas de la negativa presidencial fueron mencionadas por el diputado de la bancada Urng Walter Félix.

Por otra parte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y distintas organizaciones de la sociedad civil, han exigido al presidente de las apruebe. Recordemos que en las movilizaciones del año pasado una de las exigencias mayoritarias era que se dieran reformas electorales previas a las elecciones generales, otras voces exigían la suspensión de las elecciones previa aprobación de la Lepp.

En ese momento el Congreso aprobó apresuradamente muchas reformas que fueron enviadas a la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual en marzo de este año las regresó a este órgano, aclarando cuáles no reñían con la Constitución Política vigente y exigiendo que repitiera el proceso de aprobación ya que tuvo vicios de forma. Dentro de los señalamientos de la CC estaba que la reelección infinita era legal pues se establece en la Constitución de Guatemala.

Los diputados aprobaron nuevamente la reforma, pero modificando mucho de los artículos y no aprobando otros, como los comités cívicos distritales y para la elección de una Asamblea Constituyente, lo cual fue tomado como una burla por varias organizaciones. Nosotros consideramos que, si bien los partidos pueden jugar un papel importante, negar otras formas de participación tiene la finalidad de mantener los privilegios de la casta politiquera.

Por otro lado, primando una visión patriarcal, los legisladores no aprobaron la paridad entre hombres y mujeres para conformar listas para diputados. A esto se suma que en propuestas de reformas anteriores, la misma CC ha rechazado candidaturas mayoritarias indígenas donde existe mayoría de población maya, xinca o garífuna.

Se aprobó por otra parte, el voto en el extranjero, pero limitándose a la elección presidencial, la cual pasa por alto exigencias de la comunidad migrante de tener representación en el parlamento. Una novedad fue darle validez jurídica al voto nulo pero nuevamente con limitantes, pues se obvió cuando una elección que es considerada nula y por tanto se repite, tienen que cambiar los candidatos. Además de que el requisito para anular el evento electoral es altísimo, de un 50 por ciento de los votos.

Algunas otras novedades fueron que se prohíbe el acarreo de votantes, algo retomado ya en un decreto del TSE de inicios del año pasado y se exige que los postulantes para Corporación Municipal sean vecinos del municipio. Se fiscaliza los fondos de los partidos por parte de la Contraloría General de Cuentas, una mayor regulación del financiamiento privado, pero manteniendo las discrecionalidades del sistema; se prohíbe la campaña anticipada.

Se obliga al uso del método proporcional de minorías en las elecciones de comités ejecutivos de los partidos, buscando con eso una mayor democracia interna; se limita el período de los secretarios generales en los partidos a seis años consecutivos ya que en la actualidad no existe límite; se prohíbe al secretario general ejercer cargos públicos. Se prohíbe el transfuguismo de diputados, algo establecido también en las reformas a la Ley Orgánica del Congreso recientemente aprobada.

Quizás el elemento más importante es que se establece la distribución igualitaria de propaganda en medios de comunicación, lo cual permite mayor equidad y menor dependencia del financiamiento privado y de canonjías con los medios; de igual forma que se prohíbe que se difundan encuestas 15 días antes del evento. Ante eso la presidenta de la Cámara Medios de Comunicación Silvia Grajeda -oscura periodista ligada a la extrema derecha- y Iliana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, al servicio de los monopolios, han sacado la cara aduciendo una supuesta violación a la libertad de expresión.

Como hemos mencionado otras veces, muchas de estas leyes son parte de las reformas que buscan potabilizar el sistema, sin embargo, también recogen demandas de la población. Además de que para emprender un proceso no de refundación del Estado, sino de transformación por medio de una Constituyente se necesita abrir lo más posible los espacios de la democracia burguesa.