Por Armando Tezucún

En una entrevista al diario El Periódico publicada el 1 de marzo, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dejó muy claras las prioridades del imperialismo gringo en el país y en el Triángulo Norte. A la pregunta sobre cuáles son los requisitos para que llegue la ayuda del Plan Alianza Para la Prosperidad, Robinson respondió: “En términos generales yo creo que la lucha contra la corrupción es una de las condiciones más importantes en los tres países…Cualquier político en este país u otros países que no esté luchando en contra de la corrupción, que esté poniendo obstáculos al Ministerio Público, a la CICIG y a sus investigaciones, cualquier político que pone ese tipo de obstáculos no está con nosotros, no está luchando contra la corrupción…”; más adelante afirmó: “Es muy difícil luchar en contra de los intereses de grupos oscuros que piensan que pueden hacer negociaciones bajo la mesa, usando los recursos del Estado para sus intereses; voy a luchar contra esto y no me importa si es un político, alguien del sector privado o un miembro del gobierno”. Finalizó diciendo “esto apenas empieza.” (El Periódico 01/03/16).

El vaticinio de Robinson, que a principios de marzo dejaba entrever que se venía algo grande, se ha concretado para inicios de junio. Las instituciones que son la punta de lanza de la embajada gringa en la lucha contra la corrupción, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a las que se ha unido últimamente la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) bajo el mando de un nuevo superintendente, han dado golpes que sacudieron esferas de poder antes intocables.

A nivel del empresariado, Aceros de Guatemala, empresa ligada a grupos oligárquicos, está sujeta a persecución penal por actos de corrupción para lograr evadir impuestos; el Banco Industrial salió en su ayuda para facilitarle el pago de cerca de Q 800 millones en impuestos no pagados, multas y recargos, ante la intervención de la empresa por parte de la SAT. Las empresas de distribución de medicamentos Farmacias Galeno y Farmacias de la Comunidad se encuentran intervenidas por deudas tributarias, y la procesadora de bebidas Ajemaya tuvo que ponerse al día con su deuda fiscal para evitar la intervención.

El turno de los diputados corruptos

Uno de los casos de más impacto ha sido la persecución penal, a finales de mayo, de diputados de las direcciones legislativas del Congreso de los años 2014 y 2015. La acusación es que en ese periodo se realizó un gran número de contrataciones irregulares de personal, con elevados salarios en muchos casos, en común acuerdo entre los presidentes de las Juntas Directivas de esos años, Arístides Crespo y Luis Rabbé, respectivamente, y diputados de diversas bancadas.

Según el MP, hubo dos modalidades de contrataciones ilegales. La primera consistía en contratar personal de forma arbitraria, sin respetar las normas de contratación en cuanto a capacidad profesional para desempeñar los cargos, sin tener el perfil y sin que hubiera necesidad de la plaza. La segunda era contratar personas que no se presentaban a trabajar, las llamadas plazas fantasma; en esta modalidad, por lo general el diputado que gestionó el puesto entrega al trabajador ausentista parte del salario, reteniendo para sí la mayor parte del sueldo, y con frecuencia los contratados son trabajadores de empresas de los mismos diputados. En esos dos años los presidentes del legislativo autorizaron 235 puestos irregulares y 50 plazas fantasma, atendiendo la solicitud de diputados de las Juntas Directivas. Debido a estas contrataciones ilegales, a las que se suman contrataciones legales solicitadas como favores políticos, el Congreso tiene un exceso de personal, unos dos mil quinientos trabajadores innecesarios, según el actual presidente del legislativo, Mario Taracena (Prensa Libre 29/05).

Por este caso fueron capturados los exdiputados Alfredo Rabbé, Edgar Cristiani y Carlos Herrera; el ex director general del Congreso, Luis Mijangos, también fue apresado. Ellos fueron ligados a proceso, pero con arresto domiciliario y el pago de una fianza de Q 100 mil cada uno. Otros siete diputados de la actual legislatura, incluyendo a Crespo y Luis Rabbé, se encuentran con solicitud de antejuicio, que deberán resolver los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que paradójicamente fueron electos en 2014 por esos mismos diputados. Los delitos de los que se les acusa son abuso de autoridad y peculado por sustracción.

El Partido Patriota: una mafia organizada para saquear el Estado

El segundo caso impactante lo dieron a conocer la Cicig y el MP el 2 de junio, cuando revelaron la estructura creada por el Partido Patriota para enriquecerse por medio de contratos del Estado. Según la información, los negocios empezaron desde 2008 y se intensificaron durante la campaña electoral de 2011; el PP creó una serie de empresas de cartón a través de las cuales recibía fondos de empresas privadas para financiar la actividad electoral, ocultándolos del Tribunal Supremo Electoral. De esta forma, logró triplicar los fondos de campaña permitidos por el TSE. El PP prometió a las empresas financistas jugosos contratos con el Estado a cambio de este apoyo.  

Una vez en el gobierno, la estructura del PP, liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, continuó con la práctica de adjudicar contratos a empresas mediante el pago de comisiones. Parte de estos negocios fue el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, denunciado el año pasado y que llevó a la cárcel a ambos exmandatarios. “La investigación de la Cicig reveló una amplia red de personas y empresas que financiaron la campaña electoral del Partido Patriota (PP) con el fin de obtener contratos con el Estado y del cual se beneficiaron Otto Pérez y Roxana Baldetti con sobornos por más de Q 500 millones para su enriquecimiento personal (El Periódico 03/06/16). La red contaba, dentro de los ministerios y dependencias gubernamentales con agentes que a veces eran los mismos ministros o viceministros, que se encargaban de negociar contratos y recaudar las comisiones pagadas por las empresas. El dinero era lavado a través de bancos del sistema.

Los empresarios acusados

Por este caso han sido capturadas 26 personas, entre ellos el exministro de Cultura y Deportes Dwight Pezzarossi. Otras 20 personas tienen orden de captura y 7 la tienen a nivel internacional. Un aspecto relevante del caso es que una vez más la Cicig y el MP ha acusado a miembros destacados de la burguesía de estar involucrados en actos de corrupción, vinculándolos a la estructura mafiosa del PP. Ellos son: Álvaro Mayorga, expresidente de la Cámara de la Construcción, socio y representante legal de la constructora Conasa, que obtuvo contratos por Q 550 millones durante el gobierno del PP; Fernando Peña, gerente general y presidente ejecutivo de Banrural, otros dos ejecutivos del banco también están acusados; Flavio Montenegro, gerente general y presidente de la Junta Directiva del banco G&T Continental, que con Banrural son el segundo y tercer banco en importancia del país; Enrique Castellanos, gerente general de Claro; Alba Lorenzana, esposa de Ángel González, dueño del monopolio de los canales de televisión abierta y de cadenas de radios; los representantes legales de Sigma Constructores; Eduardo Villacorta, ejecutivo de la minera Montana; Jurg Widmer Probst, dueño de la empresa Novacom y de las grúas que operan en Puerto Quetzal y el Puerto Santo Tomás de Castilla.

No basta la lucha contra la corrupción

Las recientes acciones del MP y la Cicig en su persecución contra funcionarios y empresarios corruptos muestran que el plan de la embajada gringa marcha viento en popa y no se detendrán ante nadie. La intención de fondo del imperialismo estadounidense es sanear el funcionamiento de las instituciones estatales del país, para que los engranajes del Estado de Derecho y la democracia formal marchen con eficiencia. El propósito es frenar el narcotráfico y el alarmante flujo migratorio que se plantean como amenazas para la estabilidad interna de los Estados Unidos. El espectacular ataque contra políticos y empresarios corruptos ha captado las simpatías de gran parte de las capas medias y sociedad civil que el año pasado salieron multitudinariamente a las calles para exigir cambios en el sistema político.

Pero el Plan Alianza Para la Prosperidad, punta de lanza del plan gringo, deja mucho que desear. Guatemala recibirá $ 127.5 millones, mientras que el país tendrá que aportar cerca de $ 711 millones, que no es dinero extra, sino que es parte del presupuesto gubernamental 2016. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el plan está tomando un giro hacia temas de seguridad, dejando a un lado temas de desarrollo y crecimiento económico (Siglo21 26/05/16).

El plan de los gringos de hacer funcionar el Estado democrático no sirve de nada si el pueblo continúa recibiendo servicios públicos que están en bancarrota, con hospitales y centros de salud colapsados, con un sistema educativo que no logra cobertura a un gran porcentaje de niñez y juventud, con cerca del 70% de la población económicamente activa ocupada en el sector informal porque no hay suficientes empleos, con empresas que usurpan los recursos naturales y los territorios de la población indígena y campesina. No habrá verdadera democracia mientras estos problemas no sean resueltos.

Por ello sostenemos, al igual que lo han propuesto diversas organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, que cada vez es más necesaria una Asamblea Nacional Constituyente de los trabajadores y los pueblos, que reorganice el país en beneficio de los pobres, oprimidos y explotados.