Por Armando Tezucún

La oleada de protestas y movilizaciones populares no se detiene. Durante la última semana de julio fueron los compañeros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) quienes manifestaron en la ciudad capital. Varios miles de campesinos partieron de diferentes puntos, para confluir en una marcha rumbo a la sede de la Corte Suprema de Justicia y la del Congreso de la República, finalizando con una concentración en la Plaza de la Constitución.

Los compañeros expresaron diversas demandas, entre ellas la renuncia de los diputados acusados de corrupción, la nacionalización de la industria eléctrica, la investigación de actos de corrupción de presidentes anteriores como Álvaro Arzú y otros, la eliminación de subsidios a las grandes empresas mediante la derogación de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y la Ley Emergente para la Conservación del Empleo. También se exigió el cese de la persecución y capturas contra luchadores de las comunidades que adversan a empresas mineras o hidroeléctricas. Estas peticiones ya se habían formulado en acciones realizadas en febrero y mayo, pero el gobierno hasta el momento no ha dado respuesta. Durante la movilización también se pidió la renuncia del presidente Jimmy Morales.

Los compañeros de CNOC y CODECA se ponen a la cola del MP y la CICIG

A pesar de que las exigencias de los compañeros son correctas, y de que compartimos la demanda central de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional en la que deben confluir los movimientos populares, creemos que hay dos puntos que señalar. CNOC y CODECA lamentablemente han caído en el error de otras organizaciones populares y partidos de izquierda, error que comparten con ongs de derechos humanos y el sinfín de pequeños grupos surgidos de las “protestas de la plaza” el año pasado, de respaldar a los organismos del Estado burgués, que con el apoyo de la embajada gringa están llevando a cabo la persecución de funcionarios corruptos, siguiendo el plan de los Estados Unidos de fortalecer la institucionalidad de los Estados del Triángulo Norte para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad.

En el comunicado del 26 de julio, CODECA afirma: “Los guatemaltecos debemos estar vigilantes y salir a las calles para exigir al Ministerio Público –MP- que siga investigando a toda la caterva criminal que tiene cooptado al Estado. Exigir a los jueces que actúen con capacidad para condenar a los criminales y podamos tener una Guatemala en paz, con seguridad y justicia” y “…Debemos apoyar a la CICIG y solicitar que siga desmantelando a los demás grupos criminales –de cuello blanco- que han secuestrado al estado a través de los partidos políticos”. Aclaramos a los compañeros de CNOC y CODECA que una “Guatemala en, paz, con seguridad y justicia” jamás dependerá del buen funcionamiento de los jueces y las dependencias del Estado burgués, que en última instancia defienden los intereses de los empresarios. Las instituciones del Estado burgués, como el organismo judicial, el MP y la CICIG, jamás van a resolver los graves problemas de salud, educación, vivienda, falta de trabajo, falta de tierras, bajos salarios, usurpación de los territorios por parte de empresas agroexportadoras y de energía; mientras el pueblo guatemalteco no tenga resueltos estos problemas no habrá verdadera paz ni democracia, y la solución, como bien afirman los compañeros, es una Asamblea Constituyente de los trabajadores y los pueblos, realizada por las fuerzas populares y por nadie más.

Por eso llamamos a los compañeros de CNOC y CODECA a no confiar en las instituciones del Estado burgués, como los jueces, el MP y la CICIG, que en última instancia están para defender los intereses de los empresarios y la embajada gringa. Si antes el imperialismo estadounidense dominaba a través de la represión brutal, ahora nos quiere dar atol con el dedo, y cambiar algunas cosas para adormecernos haciéndonos creer que la “democracia” funciona; esta es la nueva política de los Estados Unidos para neutralizar las protestas populares, mantener el statu quo y proteger sus intereses.

Una ruptura lamentable

Esa última semana de julio se evidenció la separación entre los compañeros de CNOC y CODECA, y el Sindicato del Hospital San Juan de Dios. Esta había sido una alianza esperanzadora, pues unía en la acción a dos sectores beligerantes, campesinos, por un lado, y trabajadores estatales de salud por el otro.

El 12 y 13 de marzo pasado, en una gran asamblea, delegados de comunidades adscritas a CODECA decidieron crear su propio instrumento político para impulsar el proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional. Este nuevo partido se llamará Movimiento Político para la Liberación de los Pueblos. Entre las justificaciones para su fundación adujeron que los partidos políticos de izquierda están “en contra del despertar político de los pueblos indígenas y campesinos” y llamaron a esta izquierda (WINAK, URNG, ANN –Convergencia-) “tradicional y neoliberal” (Comunitariapress, 15/03/16). Dado que el Sindicato del Hospital San Juan de Dios tiene una fuerte presencia de compañeros de URNG, la ruptura no se hizo esperar.

Tres días después de la marcha de CODECA, los compañeros hospitalarios realizaron su propia acción de protesta, frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. Esta vez fueron acompañados por un sector de vendedores de los mercados y estudiantes universitarios.

Creemos que es un hecho progresivo que surja un nuevo partido de izquierda, en especial si representa a indígenas y campesinos, pero no debe ser a costa de la ruptura entre dos importantes sectores en lucha. En estos momentos el movimiento popular guatemalteco lo que necesita más es la unidad, para resistir la nueva embestida del imperialismo disfrazada de reformas democráticas.

Más protestas de maestros y salubristas

El jueves 4 de agosto nuevamente los sindicatos mayoritarios de educación (Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala –STEG)) y salud (Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud -SNTSG) realizaron bloqueos de carreteras en el interior y de los accesos a la ciudad capital. En cuanto a los salubristas, manifestaron que el presidente Morales se niega a atenderlos, y reclaman el pago de viáticos y de una deuda de unificación de bonos, que se derogue el acuerdo que pone en austeridad a los ministerios de Salud y Educación y que se diga cómo enfrentar las reformas al sector salud; los maestros reclaman que los alimentos para los estudiantes están en mal estado y que los útiles escolares no han sido distribuidos (Prensa Libre 04/08/16).

El gobierno reacciona

Ante las continuas presiones y protestas, el gobierno ha empezado a negociar. El 28 de julio el presidente Morales anunció que 4 mil maestros que están en reglón 021 bajo contrato anual, pasarán al reglón 011, presupuestados en planilla gozando de todas las prestaciones sociales y del escalafón magisterial. Esta es una sentida demanda del gremio, donde 30 mil docentes carecen de estabilidad laboral al ser contratados anualmente como técnicos. La decisión fue resultado de negociaciones son el dirigente del STEG, Joviel Acevedo, a quien todos los gobiernos han privilegiado para negociar acuerdos. La misma demanda plantearon los sindicatos independientes del Magisterio en Resistencia, pero el gobierno los dejó plantados. Estos compañeros exigen que los 30 mil maestros 021 pasen de inmediato a ser presupuestados, puesto que hay 40 mil plazas de docentes en el Ministerio que están vacantes. El acuerdo con Acevedo es pasar a planilla a los docentes por bloques, esta vez 4 mil, después otros 4 mil, y así hasta completar los 30 mil. No sabemos si el gobierno cumplirá con beneficiar a la totalidad de los 021, pero lo más seguro es que lo primeros en beneficiarse serán los del sindicato de Acevedo, e incluso que la condición para tener el beneficio sea estar afiliado al STEG. Esto planteará un reto para los compañeros del Magisterio en Resistencia.

A principios de agosto el presidente pidió a los ministros de Educación y Salud iniciar un diálogo con los sindicatos de trabajadores de sus carteras. El ministro de educación Óscar Hugo López anunció que el 3 de agosto se reuniría con el STEG y Joviel Acevedo; mientras que la nueva ministra de Salud y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mack (una profesional vinculada a ongs de derechos humanos y sin duda puesta en el cargo a sugerencia de la embajada gringa), se reunió el día 5 con los secretarios generales de los sindicatos de salud. En el sector existen 54 sindicatos y todos estaban convocados, sin embargo, solo se hicieron presentes los minoritarios, ausentándose el SNTSG. Los sindicalistas plantearon sus demandas de que los servicios de salud están abastecidos y que haya un aumento del financiamiento para el pago de sueldos y la compra de insumos y equipos. Hubo un consenso en la necesidad de combatir la corrupción en el ministerio. La ministra invitó al SNTSG a participar en el diálogo y prometió revisar el convenio colectivo.

Las negociaciones en educación no son del conocimiento público, un procedimiento que acostumbra Joviel Acevedo. Los compañeros maestros deben exigir a sus dirigentes que los acuerdos no sean secretos, Acevedo siempre oculta las ventajas y privilegios que obtiene para sí y sus allegados en las negociaciones. En salud y educación los compromisos deber ser públicos, sujetos a la revisión y aprobación de las bases, sin beneficios ocultos para los dirigentes.