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Por Armando Tezucún
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. En el seno de la Comisión Nacional del Salario, el 28 de noviembre se realizó una sesión de cinco horas, en la que los representantes de los trabajadores, empresarios y Ministerio del Trabajo no lograron llegar a un acuerdo sobre el nuevo salario mínimo. Al igual que ha sucedido durante los últimos 14 años, la decisión quedó en manos del presidente de la república. El sector laboral exigía un aumento de Q 114 por día, mientras que la patronal pedía que el salario mínimo se fije por productividad.
Álvaro Colom, después de consultas con organizaciones empresariales, anunció el 28 de diciembre los nuevos salarios mínimos. Se equiparó el sueldo del campo con el de la ciudad, quedando ambos en Q 52.00 diarios, que al sumarle la bonificación mensual de Q 250.00 resulta en Q 1,831.66 al mes. Para los trabajadores de la ciudad, significó un aumento del 7.81%, para los del campo un 10.85%. Sin embargo, Colom, quien junto con su esposa estuvieron vinculados a la industria maquilera, arregló con los dueños de maquilas que el sueldo mínimo de sus trabajadores no aumentaría, quedando igual, en Q 47.75 diarios o Q 1,702.39 mensuales.
Durante todo el proceso de negociación, las organizaciones de la burguesía argumentaron que un incremento salarial por decreto aumentaría el desempleo pues haría que las empresas cerraran porque debido a la crisis actual no aguantarían un aumento en ese rubro. Esta aseveración es prácticamente una amenaza, la misma que repiten los empresarios explotadores año tras año, incluyendo los años de notorio crecimiento económico (2005, 2006, 2007). La propuesta mezquina de implementar salarios por productividad significa romper la solidaridad entre los trabajadores, poniéndolos a competir. Además en la crisis por la que atraviesa la economía, las empresas, y en especial las maquilas, han visto reducidos los pedidos del extranjero y la producción ha bajado; por tanto no tiene sentido instar a los obreros a ganar por lo que producen si las fábricas no venderían la mercadería elaborada. En estas circunstancias, el salario por productividad sólo significaría una baja en los ingresos de los trabajadores, y en épocas de bonanza, significa la sobre explotación de la mano de obra. En ambos casos quien sale beneficiado es sólo el patrón.
El aumento salarial decretado por Colom ciertamente no garantiza un nivel de vida decoroso para los trabajadores. Recordemos que para muchos empleados, el salario mínimo es el máximo que pueden esperar que le paguen sus patronos, y en muchos casos los sueldos ofrecidos se quedan ilegalmente por debajo del mínimo.
Según datos divulgados el 7 de enero por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el 2008, los precios de los alimentos y bebidas, principal destino de los sueldos, aumentaron en un 12.35%, por encima del incremento del salario mínimo. En diciembre 2008 el costo de la canasta básica de alimentos llegó a Q 1,976.05 y el de la canasta básica vital a Q 3,605.94. Es evidente, pues, que el salario mínimo decretado por Colom se queda en extremo corto para satisfacer las necesidades de las familias trabajadoras.
El 2008 fue un año duro para los trabajadores. Debido la desaceleración de la economía en Estados Unidos y Europa, se dio un dramático aumento del desempleo, que en el sector de la construcción llegó a unos 150 mil obreros despedidos y en la maquilas textiles cerca de 12 mil con unas 20 plantas cerradas. En el sector de comercio y servicios se redujo el empleo entre el 10 y 20%.
En el Congreso se encuentra en discusión el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya recibió dictamen favorable en la Comisión de Relaciones Exteriores. Este convenio permite que las empresas puedan contratar trabajadores a tiempo parcial, sin ganar el sueldo mínimo, lo cual es prohibido por la constitución actual. Esta disposición haría proliferar los trabajos con sueldos insuficientes para asegurar la sobrevivencia familiar.
El gobierno anunció un Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, que se centra en el gasto público para compensar la reducción del gasto privado. Incluye obras de infraestructura, la construcción de carreteras secundarias y el mantenimiento de las existentes. El programa cuenta con la regularización del trabajo a tiempo parcial.
Ante esta grave situación llamamos a los trabajadores a luchar por un aumento salarial que garantice una vida digna a las familias trabajadoras.
• Que los sueldos aumenten de manera automática al ritmo de la inflación.
• No al trabajo de tiempo parcial con salario parcial. Que las horas de trabajo disponibles se dividan entre todos los trabajadores de las fábricas y planteles, sin que varíe el sueldo diario. ¡Ni un solo despido más!
• Fortalezcamos la organización clasista y combativa de los trabajadores.