Por Armando Tezucún

El sindicato estatal mayoritario de salud, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), adscrito al Frente Nacional de Lucha, interpuso una demanda ante el Juzgado Séptimo de Trabajo, contra el Ministerio de Salud, por incumplimiento del Pacto Colectivo. Éste fue firmado en agosto de 2013 y homologado por el Ministerio de Salud en diciembre de 2014.

Los aspectos que no han sido cumplidos se refieren a viáticos para los trabajadores; la unificación de bonos al salario base, en cuyo caso el Ministerio tiene una deuda de Q 400 millones por 16 meses con 25 mil trabajadores; traslado de trabajadores a reglones permanentes, pues el expresidente Pérez Molina se comprometió a otorgar 20 mil plazas permanentes, pero solo se han dado 3,800; la persecución contra líderes sindicales. Según Luis Alpírez, líder del SNTSG, “…si nos ponemos a resumir los artículos del pacto que no cumplen es básicamente todo el pacto. Lo que hemos logrado son avances a pura presión y pura lucha.” (La Hora 20/02/17).

La audiencia se realizó el 21 de febrero. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud (Mspas), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría Nacional de Cuentas (CGC) consideraron que era el momento oportuno para que el Estado se pronuncie sobre la legalidad del pacto, basados en que ciertas disposiciones contradicen la Constitución o el Código del Trabajo.

Ese día la Pgn y el Mspas solicitaron la nulidad de varios artículos del Pacto Colectivo con el SNTSG, por considerar que se incurrió en arbitrariedades y discrecionalidades que violentaron la ley, y solicitaron que el caso pase a un tribunal penal para deducir responsabilidades a los involucrados en la negociación del mismo. Las autoridades estatales sostuvieron que no se realizó un análisis técnico financiero sobre el impacto del pacto en el presupuesto del ministerio, ni se verificó su viabilidad de acuerdo al marco legal del país. Las partes del pacto impugnadas se refieren a los bonos e incentivos para trabajadores, bonos especiales y viáticos para comisiones al interior y exterior.

Los representantes del sindicato respondieron que no se puede pedir la nulidad del pacto porque al ser firmado y ratificado se tuvo el aval de dos ministerios. Alpírez sostuvo: “Ahí no está en discusión si el pacto es legal o no es legal, ahí la discusión es y la demanda es para que se cumpla. Si el gobierno quiere sudar calenturas ajenas que las agarren, pero nosotros ahorita estamos volteados a ver a los tribunales de trabajo y de justicia” (La Hora, Idem). El Juzgado programó una próxima audiencia para el 2 de mayo.

El 22 la ministra Hernández hizo un llamado a los dirigentes sindicales a renegociar el Pacto Colectivo y adecuarlo a la capacidad financiera del Mspas y a las condiciones legales existentes. En respuesta, el sindicato pidió al presidente Morales la destitución de la ministra, acusándola de tener un doble discurso, pues pide diálogo mientras solicita la nulidad del pacto.

El fondo del problema es la incapacidad del Estado para garantizar condiciones y salarios dignos a sus trabajadores. Incapacidad que se origina en las políticas neoliberales que han enflaquecido los recursos estatales y en la centenaria negativa de los sectores oligárquicos a pagar suficientes impuestos para que el Estado funcione de acuerdo a las necesidades de la población. No ignoramos que algunos aspectos del pacto colectivo, no solo en salud, sino en otras dependencias estatales, otorgan ventajas y privilegios difícilmente aceptables a algunos dirigentes. Pero el gobierno y la oligarquía toman esto como pretexto para atacar en general a los trabajadores estatales y hacerles pagar la crisis financiera del estado, recortando sus beneficios.

Un problema para los trabajadores de salud es la existencia de varios pactos colectivos, probablemente cada sindicato de salud tiene su propio pacto. La discusión actual gira en torno al pacto firmado con el SNTSG, el que tiene más afiliados, pero más allá de ello, estamos ante una ofensiva contra las conquistas de los trabajadores de salud y los trabajadores estatales en general. Lo correcto es la unificación de los pactos colectivos en uno solo que garantice las mejores ventajas para los trabajadores, saltando por encima de las divisiones y diferencias entre las dirigencias sindicales. Como expresaran los compañeros del Sindicato Nacional de Empleados del Hospital San Juan de Dios en un comunicado reciente: “….llamamos a todos los salubristas a defender la negociación colectiva…Rechazamos la intención de violación a la negociación colectiva pues vulnera la economía de todos los trabajadores salubristas y su familia. A los trabajadores les hacemos un llamado a la defensa de los derechos laborales, a la unidad y a la lucha…”