Por Úrsula Coj

La trágica muerte de 40 adolescentes en un incendio en el hogar estatal Virgen de la Asunción, ha despertado protestas de la ciudadanía en general, contra el gobierno y las instituciones del Estado. Paradójicamente, los hechos sucedieron el 8 de marzo, día internacional de la mujer.

Los relatos de los jóvenes sobrevivientes, varones y mujeres, algunas aún hospitalizadas, causan una sorda indignación. El 7 de marzo, chicas y chicos adolescentes se rebelaron, luego de haber sido obligados pasar tres días encerrados en sus módulos y hartos de sufrir maltratos, mala comida y encierro; se subieron a los techos de las edificaciones, enfrentándose a los monitores (encargados del orden) y destruyendo vidrios de las ventanas. Armados de tubos de metal, palos y piedras, cerca de 120 jovencitos lograron escapar del recinto. Para entonces el presidente Morales había enviado a 100 agentes de la Policía Nacional Civil, que rodearon las instalaciones del Hogar. Estos policías se encargaron de capturar a los evadidos, con lujo de violencia, disparando sus armas de fuego, apuntando sus pistolas a la cabeza de los jovencitos, golpeándolos con macanas, rociándolos con gas pimienta, etc.

Los adolescentes fueron obligados por la PNC a pasar la noche y la madrugada del día 7 fuera de las instalaciones del hogar, de rodillas o acostados, bajo continuas agresiones. Les llevaron comida en mal estado, y según, los jovencitos, adentro había pastillas. Finalmente, 52 chicas fueron encerradas en un aula, y 52 chicos en el auditorio, ambos grupos bajo llave, y bajo la custodia de la PNC. Al día siguiente, cerca del mediodía, las jovencitas pidieron a las policía que las dejaran salir para ir al baño, lo que les fue negado con insultos. Con unas colchonetas, hicieron una casita donde hacer sus necesidades, y luego las quemaron. Al extenderse las llamas, suplicaron a las PNC que las dejaran salir, infructuosamente; los chicos que estaban encerrados, al ver el humo, lograron forzar la puerta para ayudar a sus compañeras, pero fueron repelidos con violencia por los policías. El saldo trágico fue de 19 jovencitas fallecidas en el lugar, 21 muertas posteriormente, 8 trasladadas a hospitales de Estados Unidos, y cuatro aún internas en hospitales nacionales (El Periódico 19/03/17).

Los padres de las y los adolescentes internos habían advertido a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS, a cargo de estos hogares), de las violaciones y vejámenes de que eran objeto las chicas y chicos del hogar; la alarma se había dado desde la fuga de un grupo el año pasado. Las órdenes judiciales giradas desde noviembre a favor de los adolescentes fueron incumplidas, y SBS impugnó una de ellas, lo que frenó la investigación. El presidente Morales solo tomó medidas represivas al enviar a la PNC al lugar de los hechos; la actitud del presidente Morales ha sido evadir toda responsabilidad, extendiéndola a todas las instituciones del Estado y a todos los guatemaltecos. A petición del Ministerio Público, el día 13 fueron capturados el Exsecretario de la SBS, Carlos Rodas; la exsubsecretaria de Protección y Abrigo de la SBS, Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres. Los tres acusados de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

Desde el día 9 iniciaron las protestas, que no han parado. Grupos feministas, estudiantes de la Universidad de San Carlos y grupos ciudadanos han demostrado su indignación y exigido justicia. El sábado 11 se realizó una concentración de protesta en la Plaza Central convocada por los grupos Justicia Ya, la Batucada del Pueblo, Somos, y estudiantes de la Universidad Rafael Landívar. La acción aglutinó a unas 2 mil personas, entre grupos de mujeres, estudiantes universitarios, los grupos que convocaron y ciudadanos a título individual; la protesta se repitió el sábado 18. En Mazatenango, Cobán y Quetzaltenango, grupos ciudadanos y universitarios también han protestado.

En este caso, al igual que en todas las demandas democráticas, las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales deben ponerse al frente de la protestas, impulsándose como líderes de la población y exigiendo justicia y el castigo de los culpables de tamaña calamidad. Esta será la única manera de garantizar que se haga verdadera justicia.