Por Armando Tezucún

La misma semana que los campesinos de CODECA y CNOC realizaron una gran marcha pidiendo la renuncia del presidente Morales y decenas de diputados, los principales sindicatos estatales salieron realizaron importantes movilizaciones en la capital y el interior de la república.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) marchó el 9 de marzo para exigir al presidente y los diputados que maestros de primaria y preprimaria que se encuentran contratados bajo los renglones 012, 022 y 031, sean trasladados al renglón 011, que implica plaza permanente gozando de los beneficios del escalafón. Los docentes partieron del Obelisco, zona 10, enfilando por la Avenida Reforma hasta llegar al Centro Histórico, donde realizaron un plantón frente al Congreso de la República, finalizando con una concentración en la Plaza de la Constitución.

En la mesa de diálogo realizada el año pasado, el presidente Jimmy Morales había prometido, bajo presión de las movilizaciones de las compañeras y compañeros maestros, que daría ese beneficio a 4 mil docentes, aunque en la marcha se indicó que fueron más de 25 mil los contratos que los funcionarios habían prometido trasladar al renglón 011. Además, prometió un incremento salarial del 10%, que tampoco cumplió, y que los docentes exigen. El pacto colectivo, que incluía incrementos salariales cada año, ya venció; no se sabe si se pretende negociar uno nuevo, pero el incremento continuo de la canasta básica obliga a los compañeros a plantear esta demanda más que justa.

Al llegar al Congreso, una delegación de los compañeros fue recibida por el presidente del legislativo, Óscar Chichilla, pero no se ha informado si llegaron a un acuerdo (Siglo21 09/03/17).

Joviel Acevedo, líder del STEG, dio un tiempo prudencial para que las autoridades del MINEDUC y el presidente cumplan las demandas planteadas, de lo contrario, el magisterio irá al paro: “Le estamos advirtiendo con todo respeto al ministro (Óscar Hugo López Rivas), con todo respeto al presidente de la república (Jimmy Morales Cabrera), que si ellos no cumplen lo que se han comprometido y los documentos que han firmado…les vamos a dar un tiempo prudencial y vamos a tener que parar el ciclo lectivo” (El Periódico 10/03/17). Acevedo hizo referencia a documentos firmados por el ministro y el presidente, y además mencionó que, según un censo del sindicato, se necesitan 12 mil maestros, mientras el año pasado el MINEDUC afirmó que había 25 mil maestros subutilizados.

Por otro lado, el principal sindicato de trabajadores de la salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), realizó un bloqueo de 14 puntos en carreteras, y cerró consultas externas en algunos hospitales, como Huehuetenango y el centro de salud de Santa Elena, en Petén. Los compañeros demandaban la renuncia de la ministra Hernández Mack por sus ataques contra el pacto colectivo; y otras peticiones de índole nacional, como la investigación contra la distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE, por defraudación fiscal y estafa, además de que se libere el presupuesto 2017 porque paraliza los programas sociales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social que benefician a los pobres (Prensa Libre, 08/03/17).

El dirigente salubrista de Zacapa, Juan Carlos Chacón, declaró a Prensa Libre: “Lamentamos que sea la Ministra la que tiene paralizado al país con sus actitudes, estamos luchando porque no se viole lo establecido en el pacto colectivo, esto pasa por la actitud de una sola persona, ella se ha encaprichado en un pacto digno, no sabemos cuál sea ese pacto digno que ella dice y quisiéramos que nos diga cuáles son los ejes que ella piensa trabajar, al anular el artículo 43 de nuestro pacto nosotros los enfermeros nos quedaríamos únicamente con Q 1,302” (Ídem).

Apoyamos totalmente las justas reivindicaciones de los compañeros docentes y salubristas. Los temas reclamados tienen que ver, en última instancia, con la crisis financiera del Estado, su incapacidad de garantizar condiciones laborales dignas a los empleados públicos y su intención de solventar la crisis atacando los pactos colectivos y los beneficios obtenidos a pulso por los compañeros; son la oligarquía y la burguesía en su conjunto las que deben financiar los servicios públicos de calidad pagando suficientes impuestos. Alertamos a las bases de los sindicatos a exigir a sus dirigentes que informen sobre eventuales negociaciones en asambleas democráticas, y que rechacen cualquier acuerdo bajo la mesa.