Por Armado Tezucún

El 26 de abril el pleno del Congreso de la República aprobó con 118 votos a favor el artículo 6 de la propuesta de reformas constitucionales al sistema de justicia. Este artículo modifica el 208 de la Constitución, que se refiere al nombramiento de jueces y magistrados de las cortes de apelaciones y otros tribunales; según este artículo, estos funcionarios duran en sus cargos cinco años, pudiendo ser reelectos los magistrados o nombrados nuevamente los jueces. La elección de magistrados se ha llevado a cabo hasta ahora mediante las llamadas Comisiones de Postulación, integradas por representantes de las universidades que cuentan con facultad de derecho, representantes del Colegio de Abogados, de los magistrados en funciones, etc., que escogen candidatos que presentan al Congreso para su elección definitiva. Este sistema se ha prestado para el tráfico de influencias y corrupción en las instituciones que integran las comisiones, de ahí que se plantee su reforma.

De acuerdo a la reforma aprobada, los cargos serán ahora vitalicios, hasta los 75 años, y los magistrados serán evaluados en su desempeño cada dos años. Tres cuartas partes de los funcionarios provendrán de la carrera judicial, y una cuarta parte de abogados que tengan al menos 6 años de ejercer.

La aprobación del artículo 6 de las reformas se dio entre vociferantes protestas de sectores de extrema derecha, que ocupaban uno de los balcones de la sala de sesiones dirigidos por la ex diputada e hija del ex general condenado por genocidio Efraín Ríos Mont, Zuri Ríos y el director de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez.

La Junta Directiva del Congreso trató de continuar con la discusión del artículo 7 de las reformas, que modifica el 209 de la Constitución y crea el Consejo Administrativo de Justicia. Este Consejo se encargaría de la dirección administrativa y financiera del Organismo Judicial, además de implementar políticas de modernización al sistema de justicia y separaría a la Corte Suprema de Justicia de las funciones administrativas. El artículo también determina la integración de los miembros de la Dirección de la Carrera Judicial y su competencia. Pero en ese momento se rompió el quórum cuando numerosos diputados abandonaron el pleno, supuestamente debido a la falta de consensos sobre los cambios a efectuar al mencionado artículo constitucional.

Este es el tercer artículo de la propuesta de reformas que es aprobado, en nueve sesiones plenarias convocadas para discutir el tema. Los otros dos, el 4 y 5 se refieren a Principios del Sistema de Administración de Justicia y Requisitos para ser Magistrado o Juez. Los artículos 1 y 2, que tocan el tema de la garantía de antejuicio y prerrogativas de los diputados no tuvieron votos suficientes, y el 3, que se refiere a la jurisdicción indígena, fue pospuesto para discutirse de último, debido a la obstinada oposición de la derecha política y el empresariado.

La aprobación del artículo 7 de las reformas, que crea el Consejo Administrativo de Justicia, es vital para la propuesta de cambios al sistema de justicia impulsado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias, pues supuestamente otorgaría independencia y transparencia a las instancias de justicia con respecto a las influencias de grupos de poder, mafias corruptas, crimen organizado, etc.; además garantizaría la elección de magistrados y jueces en base a criterios técnicos, méritos y evaluación de desempeños. Elimina, al menos en teoría, el nombramiento, por medio de negociaciones en el Congreso y en las instancias que conforman las Comisiones de Postulación, de jueces y magistrados favorables a los intereses de los diversos grupos de poder; de ahí la oposición de empresarios, partidos de derecha y exmilitares.

El miércoles 3 de mayo se reunió de nuevo el plenario del Congreso para discutir el artículo 7, pero el intento fracasó, ante la ausencia más de 80 diputados, y la falta de consensos, a pesar de una reunión el día anterior con la CICIG, el MP y la PDH para aclarar dudas.

La realidad es que la corrupción es inherente al funcionamiento del Estado burgués y el capitalismo. Las reformas impulsadas por Estados Unidos para hacer funcionar el Estado de Derecho y la Institucionalidad burguesa no son la panacea, sobre todo mientras sea el capital nacional y extranjero quien rija los destinos del país. Por eso proponemos como alternativa que los jueces y magistrados sean electos por voto popular y ampliamente democrático, y puedan ser revocados de sus cargos en cualquier momento.