Por Úrsula Coj

El atropellamiento de 13 estudiantes de educación media de la Escuela Nacional de Comercio número 2, el pasado 26 de abril y la posterior muerte de una de ellas, la adolescente Brenda Domínguez, durante una protesta de estudiantes de ese instituto educativo público en una arteria de la Ciudad de Guatemala, ha generado conmoción en algunos sectores de la sociedad.

El responsable de ese crimen fue un joven de apellido Meda Maldonado, hijo de un pastor de una secta evangélica, que después de unos días fue capturado. El Ministerio Público lo sindicó de los delitos de asesinato, lesiones gravísimas y maltrato contra las personas menores de edad, sin embargo, el juez Séptimo de Primera Instancia Penal resolvió ligarlo a proceso por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves, delitos de menor imputabilidad con respecto a los presentados por la fiscalía.

El atropellamiento y posterior asesinato de Brenda -quien quedo con sus dos piernas destrozadas- generó un ambiente de polarización en las redes sociales entre quienes exigen justicia por la niña y quienes paradójicamente defienden a Meda exculpándolo que este actuó en una situación de pavor por temor a ser supuestamente “linchado” por las y los jóvenes. Al grado que amigos y miembros de la iglesia de su padre hicieron una página de Facebook en su defensa, que después de mucha critica fue eliminada.

Todo esto es reflejo de un ambiente cuasi-fascista de algunos individuos, sobre todo urbanos, que se crispan cuando distintos actores realizan tomas de calles, lo cual en algunos casos es entendible cuando estos se enfrentan al descuento salarial en sus centros laborales, en un país sin reconocimiento de derechos laborales. Sin embargo, esta psicosis relacionada al estrés al volante en una ciudad congestionada por la falta de planificación urbana, tiene su causa en los distintas amparos promovidos por el CACIF y las cámaras empresariales dados a favor por la Corte Constitucionalidad –como instancia que defienden estos intereses de clase- cuando los movimientos populares realizan movilizaciones y la Policía Nacional Civil actúa reprimiendo en algunos casos.

Sin embargo, el problema de fondo es la criminalización estudiantil. Los estudiantes de esta escuela ya a inicios del año lograron sacar el director; las autoridades educativas cambiaron al director, pero la asociación estudiantil considera que la problemática no se resuelve, exigiendo que el director interino se despojado de su cargo. La demanda principal gira alrededor de que ni las autoridades del establecimiento ni la dirección departamental, resuelven el problema de falta de materiales didácticos (La Hora 26-04-17).

A eso se suman las torpes y criminales declaraciones del ministro de educación Oscar López que en repetidas veces señala la existencia de manipulación de docentes hacia los alumnos. Recientemente dijo que “de quién pudo haber abierto la puerta, cuál pudo haber sido la motivación, quién pudo haber generado que los jóvenes salieran a manifestar y cuáles eran los temas que probablemente estaban detrás de la petición principal que se estaba haciendo en el momento de la manifestación” (Prensa Libre 09-05-16).

Estas declaraciones van en la dirección de considerar a los alumnos como incapaces y manipulables por docentes, para poder criminalizarlos. Pero lo cierto es que desde que se derrotó el movimiento normalista durante el gobierno patriota, donde la ministra de educación de ese entonces, Cynthia Del Águila en consonancias con los dictados neoliberales eliminó la carrera de magisterio, para sujetar la rebeldía juvenil impuso un reglamento denominado Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina.

Esta normativa, crea una Comisión de Disciplina de carácter autoritaria, tomando una serie de faltas de parte de los estudiantes que, escudándose en problemas de disciplina, busca criminalizar la protesta estudiantil y, aunque no lo menciona explícitamente, la organización estudiantil. De hecho, la asociación de la Escuela de Comercio No. 2, es una de las pocas que existen.

Llamamos a organizar un frente de apoyo a las luchas estudiantiles de educación media, que promueva la organización estudiantil y denuncie su criminalización, además de que apoye los esfuerzos de organización para recuperar AEU de parte del estudiantado universitario, creando canales entre estos dos campos, siguiendo el ejemplo de los estudiantes sancarlistas que bloquearon las rutas cercana al campus central en solidaridad con las y los estudiantes de la Escuela de Comercio No.2, los días 27 y 28 de abril.