Por Úrsula Pop

La ministra de salud, Lucrecia Hernández Mack (la nueva heroína de la “sociedad civil” pequeñoburguesa), encontró un nuevo motivo para denunciar el pacto colectivo firmado por el Ministerio de Salud con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG). Durante una reunión del gabinete de gobierno, Hernández informó que el 2 de mayo solicitó una ampliación de la contrademanda planteada en tribunales contra el mencionado pacto, para anular las licencias sindicales que permite el documento.

Recordemos que en 2015 el SNTSG demandó al Ministerio de Salud por incumplimiento del pacto colectivo, firmado en 2013, en cuanto a varios de los beneficios que se planteaba para los trabajadores. La primera audiencia por el caso se realizó en febrero de 2017, pero la Procuraduría General de la Nación y el ministerio respondieron planteando una contrademanda, solicitando la nulidad del reglamento de viáticos, la eliminación del pago de bonos y el retiro de las obligaciones del ministerio en el pago del abogado del sindicato.

Según la ministra, al hacer una revisión del pacto, ella y sus asesores descubrieron una cláusula que permite no llegar a trabajar, con goce de salario, a unos dos mil empleados, con el pretexto de realizar actividades sindicales. Teniendo como caja de resonancia a los medios de comunicación de la oligarquía, que gustosamente se prestan a contribuir a la campaña contra los sindicatos estatales, Hernández se dedicó a la franca especulación: “En el pacto se otorga licencias sindicales para no trabajar a nueve integrantes del comité ejecutivo del sindicato, así como a cuatro trabajadores más de cada filial, tres de cada subfilial, dos de cada sección y dos más del consejo consultivo. Como empleados en verdad no sabemos cuántas personas gozan de este beneficio, pero haciendo cuentas creemos que son más de dos mil”; y continuó su elucubración, deduciendo que esas dos mil personas con licencia sindical son las que salen a las protestas: “El Ministerio de Salud le está pagando a estos grupos de choque, y seguramente a varios netcenter, porque son muy activos en las redes sociales, eso no puede continuar así”, señaló (Prensa Libre 8/05/17). También afirmó que los permisos sindicales contravienen a la Ley de Servicio Civil, el Código de Trabajo y otras leyes y convenios internacionales.

Escandalizada, la ministra refirió que estas licencias no son permisos que otorga el ministerio, sino que los decide el sindicato: “Eso significa que queda a discreción del sindicato y su organización la cantidad de licencias que puedan tener sus integrantes” (Prensa Libre 9/05/17). El secretario general de SNTSG, Luis Alpírez, salió en defensa del sindicato, explicando que al momento que es electo un representante sindical, se da aviso a la Inspección General de Trabajo, quien notifica tanto al sindicato como al ministerio, de la inamovilidad. Alpírez sostuvo que el SNTSG cuenta solamente con 20 personas que gozan de la licencia sindical con goce de salario.

El permiso con goce de sueldo de los dirigentes sindicales para realizar actividades de su sindicato es una conquista de los trabajadores. Ninguna organización de masas puede funcionar sin la actividad de compañeros que se dediquen total o parcialmente a la labor propia de la entidad, organizando asambleas, animando a los compañeros a afiliarse, llevando casos a los tribunales, coordinando marchas y acciones, impartiendo talleres de formación, participando en encuentros con otras organizaciones sindicales, etc. Que sea el sindicato el que designe a los compañeros que tendrán licencia sindical, y en qué momento harán uso de ella, es parte de la autonomía e independencia que debe tener el sindicato, del embrión de poder obrero que debe irse construyendo frente al poder de la patronal, y en última instancia, del cuestionamiento del orden burgués que debe surgir en el seno del movimiento de los trabajadores.

La ministra Hernández, que procede de ongs de derechos humanos, no hace más que ponerse del lado de la oligarquía en los ataques contra el movimiento sindical.

El 19 de mayo, trabajadores de salud del SNTSG realizaron bloqueos en El Zarco y en la capital, exigiendo la renuncia de Hernández y una reunión con el presidente Morales. Los compañeros anunciaron un paro nacional para el 31 de mayo, si sus demandas no son atendidas.

En este momento es indispensable la unidad en la acción de todos los sindicatos del sector salud. El ataque contra el pacto colectivo firmado con el SNTSG es en realidad un ataque contra todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio. Llamamos a las y los dirigentes a dejar de lado diferencias sectarias y a defender conjuntamente las conquistas de los compañeros afiliados.