Por Leonardo Ixim

El 10 de mayo en Consejo de Ministros, el presidente Jimmy Morales y el vice-presidente Jafeth Cabrera, firmaban el Decreto Gubernativo 2-2017 que impone por 30 días Estado de Sitio en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, en el sur-occidental departamento de San Marcos fronterizo con el estado mexicano de Chiapas.

Ocho días después el Congreso de la República, en sesión extraordinaria -pues inició el receso de medio año- con 115 votos a favor y uno en contra, ratificaba esta medida. La votación fue acompañada por los diputados de los partidos de “izquierda” como la URNG, CONVERGENCIA, WINAK y el diputado independiente Álvaro Velázquez, algo que sabemos molestó a las bases de estos partidos.

El origen de este conflicto, combina un añejo problema de límites entre estos municipios, la necesidad de alimentos de la población campesina maya la cual surte cultivando amapola y por ende, la penetración de los carteles de narcotráfico mexicanos para tener bajo su control desde su producción esta planta, que sirve para la fabricación de heroína

Estos municipios en las faldas de los volcanes Tacaná y Tajumulco, compartidos entre Guatemala y México, padecen un conflicto por delimitación de tierras desde la fundación de Ixchiguan hace 86 años, cuando se separó de Tajumulco. Estos problemas limítrofes afectan la organicidad de las comunidades identificándose con uno y otro municipio. En la actualidad existe un proyecto de ley para determinar de una buena vez los límites, pero se está a la espera de la tercera lectura y redacción final.

El cultivo de amapola en esta región no es nuevo. Desde la década de los 80s del siglo pasado existen programas, primero de erradicación forzada y posteriormente de sustitución de cultivos, pero a los pobladores les es más rentable esta planta narcótica que otros cultivos. Fuentes de El Periódico señalan que en Tajumulco operan personas para el cartel de Jalisco Nueva Generación y en Ixchiguán trabajan para el cartel de Sinaloa. InsighCrime por su parte, menciona que el primer cartel ha crecido exponencialmente tras la pérdida de poder, recursos y control de rutas del cartel de Sinaloa, que con la extradición del Chapo Guzmán de Mexico a Estados Unidos, ha decaído más. Siendo la batalla de San Marcos fundamental para el crecimiento del primer cartel sobre el segundo.

Por otro lado, hay una preocupación en las autoridades estadounidense por el aumento del consumo de heroína sobre todo en sectores de la juventud y por tanto el crecimiento de la oferta. Lo que estas autoridades esconden, es que esto se relaciona con el aumento de los niveles de pobreza en la sociedad estadounidense.

Con respecto al Estado de Sitio, se ha instalado un operativo con 1500 militares y 150 policías, coordinado por la Secretaria de Análisis Antinarcoticos de la Policía Nacional Civil y por las autoridades militares. Es conocido que oficiales de alta y baja, tanto del ejército como de la policía desde ya hace mucho tiempo, trafican con drogas, permitiendo que se conformen bandas de narcotraficantes, conformada por familias, personas y politicos, que funcionan como eslabones entre las bandas criminales colombianas (Bacrim) herederas de los desmembrados carteles de ese pais y los carteles mexicanos.

El conflicto arreció recientemente tras el “secuestro” de 17 policías en Tajumulco, cuando buscaban destruir un terraplén que funcionaba como puesto de ataque contra comunidades del otro municipio. Sin embargo, el asesinato de pobladores de ambos municipios y entre comunidades, cuyos miembros usan fusiles de asalto, es un problema recurrente. El Estado actúa reactivamente y de forma represiva. Tal como menciona el ministro de defensa William Mancilla, las operaciones del Ejército consta de tres fases: la primera es una de despliegue, en donde se juntan los recursos humanos y logísticos; la segunda consiste en el movimiento hacia el área y la tercera la consolidación en el área; elementos de la denominada Defensa Integral de Territorio, aplicada durante la guerra interna.

Como PSOCA, nos oponemos a cualquier medida que restrinjan los derechos civiles y políticos como este Estado de Sitio, amparados en una ley (la de orden público) proveniente de la dictadura militar, y repudiamos las declaraciones de funcionarios “progres” como los diputados Velázquez, Blanco de la UNE, Montenegro de EG o de León Duque, procurador de los derechos humanos, que le piden al ejército informes constantes durante funcione la medida. Consideramos, además, que pese a buscar consolidarse en el terreno, ya existía ahí un destacamento militar que poco o nada ha hecho, alejando temporalmente a los carteles, que posteriormente volverán con la complicidad de las autoridades.