Por Arnulfo Gómez

El jueves 22 de junio, cuando se cumplían 16 días de una manifestación pacífica en contra de la minera San Rafael, en donde los pobladores mantenían vedado el paso al transporte que lleva material hacia la mina, el Estado de Guatemala, a través de la Policía Nacional Civil (PNC), agredió brutalmente a la población, a quienes debería de proteger. Los gases lacrimógenos utilizados dejaron 11 personas intoxicadas, incluyendo a dos niños, y cuatro personas fueron capturadas. Esto ocurrió en el municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, en el sur oriente de Guatemala.

Antecedentes

Tahoe Resources Inc. (Tahoe), una empresa minera canadiense, adquirió el proyecto de plata El Escobal de Goldcorp en el año 2010. En ese momento se creó una resistencia pacífica en contra del proyecto, y otros proyectos de minería en esa región. Los pobladores exigían que se hicieran estudios de impacto ambiental, pero imparciales y consultas comunitarias, por el temor de que la actividad minera afectara los nacimientos de agua que hay en la región, entre otros problemas que podía causar dicha actividad.

A pesar de no contar con el apoyo de algunos alcaldes de los municipios involucrados, las comunidades se organizaron y realizaron consultas comunitarias en Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa Rosa de Lima y Mataquescuintla, este último municipio pertenece a Jalapa; eso sucedió en los años 2011 y 2012. En promedio, más del 98 % de los votantes dijo no a la minería. En San Rafael las Flores se llevaron a cabo nueve consultas comunitarias. En ocho comunidades el resultado fue negativo para la actividad minera, el promedio fue arriba del 97% y en la comunidad que votó por el sí, es donde viven trabajadores de la empresa minera.

Los alcaldes de Mataquescuintla y de Nueva Santa Rosa se negaron a aceptar el proyecto, porque para ellos la actividad minera iba en contra de la voluntad de la población, indicaron que el Ejecutivo relacionaba la palabra “beneficios” solamente a la cuestión económica y no al bienestar de la población. Solamente los alcaldes que eran afines al Partido Patriota (PP) aprobaron el proyecto, pues en ese entonces el país era gobernado por la banda criminal del PP.

De todas formas, como el plan era autorizar a cualquier costo y sin importar la opinión de las comunidades, ni el daño al medio ambiente, el Estado de Guatemala a través de todas las artimañas legales (pero no legítimas) con las que cuenta, decidió que la realización de la consulta no garantizaba que se pudiera frenar el proyecto minero. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad (CC) determinó, el 5 de diciembre del año 2012, que el resultado de las consultas no era vinculante para las instituciones del Estado encargadas de dar los permisos.

De esta manera, el 3 de abril del año 2013 el Estado de Guatemala impuso la minería en el departamento de Santa Rosa y respaldó por enésima vez a una empresa minera trasnacional generando un conflicto en ese lugar.

Lo que ha dejado el Conflicto

En los días posteriores al otorgamiento de la licencia de explotación los pobladores se plantaron en el ingreso de la mina para manifestarse en contra del proyecto, pero fueron criminalizados y atacados. El 11 de abril, 26 personas fueron capturadas por la PNC, pero ninguna fue condenada por ningún delito.

El 27 de abril, 7 manifestantes fueron heridos de bala por el personal de seguridad de la mina, a cargo de Alberto Rotondo, capitán retirado de la Marina Peruana. Éste fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pues pensaba darse a la fuga. Él enfrenta un proceso penal, pero evadió la cárcel gracias a lo bondadoso que es nuestro sistema judicial con los verdaderos criminales.

El 2 de mayo 2013, el gobierno criminal del PP decretó estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa; Casillas y San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa. El motivo, según ellos, fue el robo de material explosivo que pertenecía a la minera. Fue con ese pretexto que se instalaron destacamentos militares en la zona, para amedrentar y controlar a la población y así proteger y permitir que la empresa minera siguiera trabajando libremente.

De esta forma es como El Estado de Guatemala actúa en contra de su población, a través de sus órganos legales, reprimiendo manifestaciones pacíficas, criminalizando, acosando, persiguiendo penalmente y asesinando, mientras que a los grandes empresarios que evaden impuestos y roban salarios de campesinos y proletarios, los dejan operar libremente.

Por la forma en que el Estado ataca a su propia población para beneficiar a la oligarquía y a las empresas transnacionales, hacemos un llamado a no desistir, seguir organizados y rechazar la intervención de la PNC.