Por Armando Tezucún

Durante la segunda quincena del mes de junio se abrió un nuevo capítulo en la saga de la pugna que sostienen sectores de extrema derecha contra los principales actores que impulsan las reformas políticas y jurídicas implícitas en el Plan Alianza Para la Prosperidad: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP) y el embajador es Estados Unidos Todd Robinson.

Esta vez se trata de la contratación de un servicio de cabildeo ante la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. La firma contratada para tal efecto fue Barnes & Thornburg LLP, y la primera solicitud fue presentada el 14 de abril por Claus Marvin Mérida. Este individuo durante la campaña electoral de 2015 recaudó fondos entre los migrantes a favor de Morales. Fue nombrado Comisionado Presidencial del Migrante o Embajador en el tema de Migrantes. Sin embargo, fue relevado de su cargo el 25 de abril, cuando excediendo sus funciones, envió una carta al senador republicano Michael Lee acusando al embajador Robinson de intervenir en los asuntos internos de Guatemala.

El convenio con la firma en cuestión estipulaba un pago mensual de US$ 80,000, y vencía en marzo de 2018, pero quedó cancelado cuando Mérida fue relevado de su cargo. La presidencia afirma que el excomisionado actuó título personal, desvinculándose de los hechos. Lo que no queda claro es de dónde iba a salir el dinero para pagar el contrato.

El 2 de junio fue presentada una segunda solicitud para contratar los servicios de la misma firma de cabildeo. Esta vez fueron cuatro diputados, Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional, Oscar Quintanilla de Alianza Ciudadana, Julio Lainfiesta de la Unión del Cambio Nacional, y Jaime Regalado del Movimiento Reformador; los cuatro partidos forman parte de la alianza que lidera el oficialista Frente de Convergencia Nacional, y que controla en gran parte el Congreso. El contrato se firmó por el mismo monto y finaliza en junio de 2018. Los diputados reconocieron que prestaron sus nombres y que “algunos empresarios” pusieron el dinero para financiar el convenio. Al parecer solamente Linares Beltranena conoce quiénes son estos empresarios, aclara que no se trata del Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), pero ha negado a revelar los nombres por “ética profesional”. El mismo Cacif se desvinculó públicamente del asunto; los partidos a los que pertenecen los diputados y la presidencia del Congreso también se desligaron del caso.

Los cuatro legisladores han dado diversas explicaciones sobre el propósito del cabildeo, contradiciéndose por momentos, oscilando entre la promoción de proyectos de desarrollo e inversión, beneficiar a los migrantes guatemaltecos y el reconocimiento de que el cabildeo es contra Robinson. El embajador Robinson agregó sal y pimienta al tema, declarando que “Hay cuatro idiotas en el Congreso. He trabajado de cerca con muchos de los congresistas, pero hay algunos por los que no tengo ningún respeto, ni como congresistas, ni como autoridades de este país” (Prensa Libre 22/06/17).

Más allá de las acusaciones contra Robinson por interferir en los asuntos internos de Guatemala (y recordemos que los señalamientos empezaron desde marzo de 2016 desde el propio gobierno) la intención de las maniobras es poner freno a la Cicig, convenciendo a congresistas y funcionarios gringos de cortar el apoyo financiero que recibe de EE. UU., y que se retire del país. Lo que se evidencia es que hay un sector de la burguesía, un sector emergente ajeno a la oligarquía tradicional, que al verse afectado por las acciones de la Cicig y el MP, está haciendo lo posible por librarse del control ejercido por estas entidades.

Según el diario El Periódico una fuente de alto nivel del gobierno reveló que el jefe de la bancada del partido oficial (FCN-Nación), Javier Hernández, está implicado con los diputados que firmaron el contrato, y que el financista principal es el suizo Jurg Widmer Probst, propietario de la empresa portuaria Interport, señalado por la Cicig y el MP como uno de los corruptores del Partido Patriota (El Periódico 23/06/17).

El presidente Morales tiene un doble juego, pues mientras públicamente manifiesta su apoyo a la Cicig, el MP y al embajador Robinson, su partido complota contra ellos, y a propósito evitó invitar a la fiscal general Thelma Aldana a la reunión con el vicepresidente gringo Pence en Miami.

El Partido Socialista Centroamericano reitera su rechazo a la intervención del imperialismo gringo en los asuntos del país, a través de la Cicig, el MP y la embajada. El combate a la corrupción debe ser dirigido por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, sin intervención de ningún sector de la burguesía.