Por Armando Tezucún

Después de las multitudinarias marchas y manifestaciones del 20 de septiembre, la situación política parece haber entrado en un compás de espera. Los dos sábados siguientes al 20 ha habido intentos de nuevas protestas en la Plaza de la Constitución, pero la concurrencia apenas se acerca al centenar de personas. Las expectativas se centran en los procesos de diálogo que han sido anunciados.

Los distintos llamados al diálogo

Hablamos de procesos de diálogo porque han sido anunciadas varias iniciativas, con distintas características dependiendo de quién esté convocando. El presidente Jimmy Morales anunció el 27 de septiembre que trabaja en un proyecto de estructuración de un diálogo que busque solución a los grandes problemas del país, no a la situación coyuntural. Recordó que su gobierno ha sido abierto al diálogo en temas como el presupuesto de la Nación, pero también afirmó que “definitivamente no podemos sentar a mil gentes a una mesa” y buscaría instituciones que tengan “representatividad” (Prensa Libre 28/09/17). Siguiendo este arbitrario criterio, el presidente Morales se ha reunido con sectores que está seguro le darán su apoyo, como los alcaldes, los ganaderos (a quienes prometió una ley de incentivos fiscales que los saque de la informalidad), es decir, más que un diálogo, el mandatario ha estado buscando aliados en el marco de su conflicto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).

En el bando de los grupos que buscan cambios en el sistema político, las opiniones están divididas. El Foro Guatemala decidió el 27 de septiembre no participar en diálogos con el Congreso ni con el Poder Ejecutivo, pues no hay condiciones para participar en un diálogo responsable con las autoridades (Prensa Libre 27/09/17). Este foro, fundado en 2001, es un conglomerado de organizaciones empresariales, académicas, sindicales, de la sociedad civil e iglesias, que tiene la finalidad de “contribuir a la consolidación de la institucionalidad del país y al establecimiento de nuevas y mejores relaciones de convivencia social y política” (www.asies.org.gt/forog) es decir, apuntalar el orden democrático-burgués desde sectores no gubernamentales. Sin embargo, el 25 de septiembre cinco de las organizaciones que integraban el Foro se retiraron, criticando las posturas de los empresarios (representados en el Foro por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF).

Esta ruptura indica un reacomodamiento entre los grupos democráticos, algunos de los cuales buscan alejarse del CACIF, que ha tenido una postura prudente y oscilante. En realidad a la burguesía agrupada en el CACIF lo que le interesa es que se supere la crisis política lo antes posible, sea como sea, pues es hay indicios de que se verán afectadas las inversiones si se prolonga, además de que ya hubo una desaceleración de la economía en el segundo trimestre del año.

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, no deja de hacer esfuerzos por organizar un diálogo por la transparencia, contra la corrupción e impunidad: “Estamos conscientes que no necesitamos salidas cosméticas. Tenemos que buscar salidas estructurales” (Prensa Libre 28/09/17). 

El imperialismo europeo y el estadunidense también llaman al diálogo

Los países imperialistas, conscientes de la necesidad de estabilizar el país y superar la crisis, también presionan por el diálogo. Como siempre sucede, esta presión es más un lineamiento y una orden, que todos, gobierno, diputados, empresarios,  organizaciones de la sociedad civil y grupos democráticos de las capas medias, tendrán que obedecer.

El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Stefano Gatto, afirmó: “Sólo se puede salir de esta crisis con una iniciativa de diálogo, pero hay que encontrar el formato adecuado (...) Pero no es sentarse y cada uno quedar con su propia idea, sino definir una agenda común”, estar dispuestos a ceder “algo”  y no ver solo “como el tiempo pasa” (Prensa Libre 1/10/17), amenazando veladamente con reorientar la ayuda internacional a otros países; si “los estímulos al cambio no son apreciados”  puede que “quizá no sea el mejor lugar donde invertir esos recursos” (Idem). Por supuesto, el embajador dio su total apoyo a la CICIG, de la cual la Unión Europea es uno de los principales proveedores de recursos.  

Después de la visita al país de nueve congresistas de Estados Unidos, el 20 de septiembre, la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres manifestó su total apoyo a la CICIG y al comisionado Álvaro Velásquez, y el rechazo a las reformas al Código Penal que hizo el Congreso, en términos de que es un retroceso en la lucha contra la corrupción. Torres habló del efecto inmediato que esto tendría: “Primero, no van a certificar a Guatemala como un país que está avanzando en la lucha contra la corrupción. El presupuesto que se ha logrado para el Triángulo Norte para el próximo año, es de US$640 millones. Ese dinero por ley estadounidense no puede darse a un país que no es certificado. Muchos programas que son parte de estos recursos no van a poder ser situados en Guatemala”…”no se va poder ayudar a un país que tome esas decisiones. No tenemos dinero para darles gratis, para que sigan con la corrupción. Tenemos muchos países que necesitan ayuda y vamos a ayudar a los países que están comprometidos en tomar pasos para mejorar su economía, luchar contra la corrupción y para mejorar la vida de los jóvenes” (El Periódico 26/09/17).

Arriba el nuevo embajador gringo

La llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, el 3 de octubre, también de origen guatemalteco, confirmó la política del imperialismo gringo. Arreaga expresó los tres lineamientos de la estrategia de Estados Unidos para Centroamérica: Gobernanza (lucha contra la corrupción y reforma al servicio civil), prosperidad e integración regional (reducción de la pobreza y mejora del clima de negocios) y seguridad (reducción de la criminalidad y combate al crimen organizado). El nuevo embajador gringo dejó claro su total apoyo a la CICIG y a las reformas políticas que impulsa: “La corrupción sigue siendo la máxima prioridad. Nada puede moverse a menos que los funcionarios corruptos y los miembros del sector privado sean removidos. El sector privado debe estar más comprometido. Aunque hay algunos que están trabajando, necesitamos hacerlos más comprometidos. También necesitamos apoyar la reforma institucional” (La Hora 04/10/17).

Arreaga fue claro en la necesidad de organizar un diálogo frente a la necesidad de continuar en la lucha contra la corrupción, pero con la mayor cantidad de actores (La Hora 05/10/17). El nuevo embajador se reunió el viernes 6 de octubre con representantes del CACIF y otras organizaciones empresariales, y organizaciones de la sociedad civil, para escuchar opiniones sobre la situación de país, la crisis política y los desafíos del país.

Es claro pues, que para el imperialismo (gringo y europeo), es prioritario reformar el régimen político, erradicando la corrupción y haciendo reformas constitucionales. Pero desean hacerlo de forma ordenada, dialogada y consensuada, para que la crisis no se les salga de las manos y las masas oprimidas y explotadas irrumpan con su propia agenda de cambios radicales.

Por una alternativa de clase

El lunes 9 de octubre se conformó una nueva coordinadora de organizaciones, la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad. En ella participan los grupos que adversan el diálogo con el gobierno y se alejan de las posturas del empresariado. A la actividad de fundación se hicieron presentes la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC, el rector de la USAC y algunos decanos de facultades de la misma, la Asamblea Social y Popular, el Comité de Unidad Campesina, la Fundación Torriello, el grupo “Usac es Pueblo”, el grupo Justicia Ya, la Batucada del Pueblo, y muchas personas a título individual. Su manifiesto fundacional convoca a protestas en las plazas de todo el país para el sábado 14 de octubre por la tarde.

La presencia del rector de la USAC es cuestionable, por la corrupción que existe en esa institución del Estado y las violaciones a derechos laborales denunciadas por los sindicatos de trabajadores. Aparte de eso, a pesar de que convocan a pueblos originarios, campesinos, mujeres, jóvenes, trabajadores, académicos, estudiantes, periodistas, artistas, etc. convocan también a empresarios. La falta de independencia de clase de esta asamblea se expresa en los llamados a una difusa y ecléctica “sociedad comprometida de nuestro país”, “ciudadanía consciente”, a un “auténtico y democrático movimiento ciudadano”. Esta es sin duda el ala más radical del movimiento democrático de las capas medias, pero es también expresión de la falta de organización y consciencia de las grandes capas de trabajadores y campesinos, que van como furgón de cola de las capas medias radicalizadas, las cuales tarde o temprano caerán en la trampa del diálogo, haciendo el juego al imperialismo y a la oligarquía.

Es necesario dar un giro radical al movimiento. Por ello reiteramos el llamado a las organizaciones sindicales, campesinas indígenas y populares a formar un frente unitario que se plantee, a la par de la lucha contra la corrupción, la lucha por las demandas más sentidas de los oprimidos y explotados. Sin el respeto a los territorios de las comunidades indígenas, sin servicios eficientes de salud, educación, vivienda, sin trabajo decente y sueldos dignos, jamás podrá haber verdadera democracia en Guatemala. Para solucionar estos problemas nuestra lucha es por una Asamblea Constituyente de los Trabajadores y los Pueblos, Plurinacional e Inclusiva.