Por Úrsula Coj

Con el déficit habitacional tanto cuantitativo como cualitativo más alto de Centroamérica, el problema de la vivienda aqueja a buena parte de la clase trabajadora regional y el caso de varias comunidades de San Miguel Petapa, municipio del área metropolitana central ubicado al sur de la capital, es un ejemplo.

Según datos del Viceministerio de Vivienda, adscrito al Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV),  el déficit habitacional cuantitativo -es decir la falta de una vivienda- es de casi un millón quinientos mil personas. Mientras que déficit de vivienda cualitativa, es decir viviendas elaboradas con materiales no seguros como lo serían concreto y cemento, sin techos y pisos, y sin servicios básicos o sin escrituras que le den certeza jurídica a los propietarios, es de un poco más de setecientas mil personas en todo el país; este es el caso de las comunidades Playa de Oro y Cerro de dicho municipio caso que exponemos.

De parte del Estado se manifiesta la falta de garantías al derecho a vivienda segura y en condiciones óptimas, pese a que existe una ley específica que obliga al Estado a suplir esa necesidad por medio de un Consejo Nacional de Vivienda, con la participación del gobierno central, las municipalidades y el sistema de consejos de desarrollo. 

Lo que ha habido en los últimos años, es un crecimiento de la vivienda para sectores acomodados y de capas medias en colonias residenciales, realizado por desarrolladores privados, ubicándose en las periferias de los centros urbanos, afectando zonas que pueden servir de cordón ecológico y de recarga hídrica ante el agobiante problema de falta de agua potable para consumo humano.

En la década de los 60s y 70s del siglo pasado los gobiernos militares, bajo la óptica desarrollista, implementaron vía el extinto Banco Nacional de Vivienda proyectos habitacionales en áreas populares construyendo en edificios de pocos pisos con créditos blandos para los usuarios. Esto en el momento que el proletariado urbano y las capas medias mejoraban sus ingresos, bajo el modelo de sustitución de importación Esto se vino abajo con la crisis de ese modelo económico y la ofensiva neoliberal, que abrió al mercado la construcción de vivienda, centrándose en sectores con ingresos altos o con posibles capacidades de pago, vía créditos

Las comunidades mencionadas tienen varios años exigiendo a los distintos gobiernos municipales de San Miguel Petapa, que se escrituren los lotes y que pasen a propiedad de los inquilinos, ubicados en terrenos a nombre de la municipalidad, siendo un poco más de 12 mil personas las afectadas. El actual alcalde Luis Reyes, electo por el extinto Partido Patriota, hoy con el oficialismo se ha comprometido públicamente firmando un compromiso, a escriturar estos lotes.

Sin embargo, supuestamente el Consejo Municipal se negó a eso, aduciendo un dictamen de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), que dice que los terrenos no son aptos para la habitación por inundaciones debido al defectuoso sistema de alcantarillas que es culpa de la municipalidad y crecidas de un río cercano, aunque existen muros lo suficientemente altos para evitar esto, alegan los pobladores. Éstos exigen al gobierno que se realice nuevamente este estudio porque mencionan que fue hecho desde un dron sin ningún trabajo de campo.

A los pobladores les cobran una cantidad de Q 75 diarios por ser terrenos municipales, cantidad a la que recientemente aumentaron Q 4. Además de que en los últimos días fueron afectados por un corte de agua, lo cual consideran una forma de chantaje. Habiendo también otro tipo de chantajes e intimidaciones a los pobladores. Por otro lado los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio en su mayoría les han dado la espalda, porque como es usual en la política electoral local, estos son cooptados vía clientelismo por el partido de turno en la alcaldía.

Se ha entablado un canal de diálogo con el nuevo Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, para que se acuerde una reunión próximamente entre autoridades del CIV, de la corporación municipal y de los pobladores afectados. Acompañamos la exigencia de éstos, que es garantizar el acceso al agua potable, pues ha sido defectuoso a partir de que las fuentes que abastecen han sido desviadas a colonias residenciales, el cese de los cobros de parte de la municipalidad hasta que no se aplique artículo 74 de la Ley de Vivienda que obliga a ésta y al gobierno por medio la Unidad de Vivienda Popular del CIV a iniciar un proceso de compra-venta a precios según los ingresos de los afectados, y a la municipalidad a garantizar todo tipo de servicios públicos sobre todo de drenaje para estos lotes y casas.