Por Armando Tezucún

Durante la semana del 9 al 15 de octubre la fortuna le sonrió al presidente Jimmy Morales.

La CSJ favorece al presidente

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó, el 11 de octubre, tres solicitudes de antejuicio en su contra. La primera fue presentada el 27 de septiembre por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), por haber recibido durante nueve meses un bono de Q 50 mil mensuales, de parte del Ministerio de Defensa, para un total de Q 450 mil. Según el MP, el presidente cometió los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad al haber aceptado este bono. Según un vocero de la CSJ, la petición fue rechazada porque, de acuerdo a un informe de la Contraloría Nacional de Cuentas, el presidente Morales tenía la opción de devolver el dinero recibido, para no ser sometido a un juicio de cuentas; el mandatario en efecto devolvió el monto de los bonos y quedó exento de culpa.

Una segunda solicitud de antejuicio fue planteada por el Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX),  por haber emitido un decreto, junto con los ministros de Economía y Finanzas, autorizando la construcción de un Centro de Convenciones en el Parque de la Industria, espacio oficialmente administrado por COPEREX. En este caso los magistrados de la CSJ consideraron que este parque es un bien del Estado, y el presidente puede disponer de él cuando lo considere, por lo que las razones de plantear el antejuicio son espurias y políticas.

Un tercer antejuicio igualmente rechazado fue el presentado por Ángel Ruano contra el presidente, el vicepresidente, los ministros y los 158 diputados por la implementación del Estado de Sitio en el departamento de San Marcos, que violó la constitución y representó abuso de autoridad.

A los diputados corruptos que intentaron reformar el Código Penal para beneficiar al presidente Morales y a los culpables de delitos electorales, también les fue bien durante esa semana, pues la CSJ rechazó “in limine”, es decir, sin conocerla, la solicitud de antejuicio contra 107 diputados que votaron por dichas reformas el 13 de septiembre. El grupo Alianza por las Reformas presentó esta solicitud por los delitos de obstrucción a la justicia y resoluciones violatorias a la Constitución de la República. El argumento de los magistrados de la CSJ fue que el artículo 176 de la Constitución faculta al Congreso a actuar de la manera en que actuó.

La decisión del pleno de magistrados de la CSJ respecto a todas estas solicitudes de antejuicio, tomada en la última sesión presidida por Nery Medina Méndez, fue unánime, acordada por 10 magistrados titulares y tres suplentes. Es de notar que estuvieron ausentes dos magistradas que han tenido posiciones contra la impunidad; una de ellas estaba en un viaje oficial, el cual aceptó porque se le dijo que aún no se iba a conocer las solicitudes de antejuicio. Los suplentes, por supuesto votaron en contra de las solicitudes. Esta maniobra para excluir a la magistrada indica, junto con otros indicios, que hay un giro en la actitud de la CSJ –recordemos que el 4 de septiembre aceptó la solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por delitos electorales. La Corte, ahora presidida por José Pineda Barales, parece estar por el momento del lado del Ejecutivo y el Congreso, en su oposición a las denuncias del MP y la CICIG. Habrá que ver si resiste las presiones de la embajada gringa y los senadores que actúan desde Estados Unidos.

Los empresarios manifiestan su respaldo al presidente

El 12 de octubre Morales se anotó otro punto a su favor. Los organizadores del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), le dieron su respaldo en nombre del empresariado organizado en Fundación Para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

El ENADE se reúne cada año, y esta vez el tema del encuentro fue el desarrollo de infraestructura; el tema vino a colación por el pésimo estado en que se encuentran las carreteras y vías de comunicación del país, y por supuesto la propuesta central fue la alianza entre el sector privado y el Estado para salvar la crisis y el estado lamentable de carreteras, hospitales y la educación. La postura de estos capitalistas ansiosos de apoderarse del negocio de la infraestructura fue clara: La crisis política está llevando al país al estancamiento económico (es decir, está afectando nuestros negocios), así que hay que olvidarnos de cambios y apoyar al presidente que ya tenemos,  y trabajar con él. 

Felipe Bosch, presidente de FUNDESA, no tuvo empacho en declarar: “Como guatemaltecos tenemos que trabajar con el Presidente que nosotros mismos elegimos hace dos años. Estamos en un punto de no retorno y en un punto en el que tenemos que, como guatemaltecos, trabajar con el Gobierno que está y hoy está el presidente Jimmy Morales” (Idem). “Llegó el momento de que no estemos revolviendo más las cosas. Llegó el momento de pasar esa página y pensar que hay mucha gente que está falta de oportunidades y mientras tanto, todos en la arena política peleándonos. Entonces llegó el momento de decir: ‘Bueno, saben qué, faltan dos años, vamos para adelante y eso sí, generemos la posibilidad de atraer inversiones nuevas al país y de generar nuevos empleos, que es lo único que nos puede sacar adelante’” (Nomada 13/10/17). “Señor presidente, no lo tomo como político corrupto” (Pubinews 13/10/17).

Por su parte, Antonio Malouf, presidente del CACIF declaró: “nosotros lo que queremos es que el país avance, que siga avanzando la economía, que avance la infraestructura y que logremos un mejor país. La persona que nosotros elegimos hace dos años es el presidente Jimmy Morales. Estamos apoyando que él sea el líder que necesitamos para que esto salga adelante. Y esperamos que así sea. Porque todos los guatemaltecos necesitamos salir de este letargo” (Nomada Idem).

No toda la oligarquía está anteponiendo sus negocios e intereses económicos sobre la necesidad de cambios en el régimen político. Al parecer Dionisio Gutiérrez, de la poderosa Corporación Multiinversiones, primo y socio de Felipe Bosch, y otros importantes empresarios se sitúan del lado de los esfuerzos de la embajada de Estados Unidos por impulsar las reformas políticas y erradicar la corrupción, pero este es el bando que quiere cambiar algo para no cambiar lo esencial. Ni los gringos ni sector alguno de la oligarquía, otorgarán los verdaderos cambios democráticos que el pueblo necesita.

Los congresistas gringos presionan

Mientras, en el Congreso de los Estados Unidos, funcionarios de los dos partidos dominantes han empezado a pedir acciones contra los diputados y el presidente guatemaltecos. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió el 17 de octubre al secretario de Estado, Rex Tillerson, aplicar la Global Magnitsky Human Rights Accountabiliy, o Ley Magnistsky Act, a los guatemaltecos que hayan cometido actos de corrupción, cancelándoles las visas. Esta acta contempla la persecución a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos, y puede incluir la cancelación de visas y el congelamiento de activos. Los firmantes de la petición, los congresistas Eliot L. Engel y Edward R. Royce, miembros del Comité, dijeron: “Estamos profundamente preocupados por los acontecimientos recientes en Guatemala que demuestran un retroceso para el país en sus esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad” (La Hora 17/10/17). En la carta, además de pedir que se prohíba la entrada a Estados Unidos a guatemaltecos involucrados en corrupción, manifestaron que la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar non grato al jefe de la Cicig Iván Velásquez, “fue una gran decepción que ha sido denunciada por los miembros demócratas y republicanos del Congreso de los Estados Unidos” (Idem).

A finales de octubre llegará a Guatemala una misión de alto nivel de Estados Unidos con la intención de verificar los avances en las 16 condiciones que el Congreso estadunidense puso para desembolsar el 50% de los fondos destinados al Triángulo Norte de Centroamérica. Entre las condiciones está la de combatir la corrupción e investigar e enjuiciar a funcionarios corruptos, aplicar reformas políticas y programas para mejorar la transparencia, fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad e independencia del poder judicial y de la fiscalía (Publinews 17/10/17). Así que es posible que el país no obtenga la certificación para acceder a esos fondos.

Hacia la huelga general.

En el forcejeo entre la burguesía emergente corrupta, que se ha nutrido a costa del Estado, y los sectores que quieren limpiar el sistema político con el auspicio de los Estados Unidos, la balanza parece inclinarse por el momento a favor de los corruptos, representados por el presidente Morales y sus aliados en el Congreso.

El grueso de la oligarquía le ha dado el respaldo al gobernante y su equipo. Ahora más que nunca la lucha contra la corrupción y por un verdadero y profundo cambio democrático está en las manos del pueblo. Las reformas que pretenden hacer los Estados Unidos, la CICIG, el MP y los empresarios que les apoyan son limitadas e insuficientes para las grandes necesidades de la población excluida.

Por ello llamamos a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles, de mujeres y populares a organizar una huelga general en las fábricas, fincas, centros de trabajo, carreteras, etc. exigiendo la renuncia del presidente Morales, su gobierno y los diputados corruptos, por la instalación de una Asamblea Constituyente Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos, que transforme radicalmente el país en favor de los oprimidos y explotados.