Por Leonardo Ixim

Los desalojos ocurridos contra comunidades campesinas y mayas, más la agresión contra miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) tras las movilizaciones realizadas la semana pasada, vislumbran un panorama áspero para al movimiento social en su conjunto.

El lunes 30 de octubre elementos de la Policía Nacional Civil y guardias privados desalojaron a familias Q´ekchies de la comunidad Chan´il Cho´och de la Finca Santa Isabel en el municipio de Livingston del departamento de Izabal, propiedad usurpada ilegalmente por Rodrigo Lainfiesta, financista del partido Unidad de la Esperanza en 2007 y posteriormente del Partido Patriota en 2011. Éste traspasó la propiedad al ahora detenido ex presidente Otto Pérez Molina. Se presume además que el ex ministro de comunicación del gobierno del Patriota Alejandro Sinibaldi Aparicio, prófugo por diversos casos de corrupción y financiamiento ilícito, se esconde allí, situación denunciada por los comunitarios.

Por otro lado se realizó otro desalojo a la comunidad Cumbre Chamche, municipio de Tactic, de Alta Verapaz, población de origen Q´ekchi´ y Pocomchi, el primero de noviembre; desalojo promovido por los hermanos Morales Cahuec, supuestos dueños de la propiedad (Prensa Comunitaria 2/11/17).

En ambos lados se reportaron quema de casas construidas precariamente por los comunitarios, destrucción de sus utensilios de habitación, robo de gallinas que fueron comidas por los policías y aún más grave, señalamientos de acoso sexual a jovencitas de parte de la policía, sobre todo en el ocurrido en Tactic. Estos desalojos fueron observados por miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH) y del Ministerio Público (MP), sin intervenir.

Las bancadas Urng y Winaq, por medio de los diputados Walter Félix y Amílcar Pop citaron a distintos funcionarios, entre ellos el jefe de Registro de Información Catastral (RIC) para la región norte, el jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), agentes del MP que estuvieron en los desalojos y de la PDH. El jefe de operaciones de la PNC para lavarse las manos adujo que en ambos casos la destrucción de viviendas y los desmanes contra los comunitarios, fueron ocasionados por guardias privados, lo cual fue cuestionado por los diputados y los comunitarios presentes en la citación entre ellos el luchador social y ex preso político Ramiro Choc.

Se cuestionó además una práctica que es común desde el gobierno de Berger, la de movilizar a las fuerzas estatales en transportes de los finqueros; el funcionario policial se comprometió a investigar la situación. Por otro lado, el responsable del RIC presentó un informe sin sustento donde por lo menos en el caso de Lívingston, contradice lo expuesto por los comunitarios que presentaron títulos que les garantizan la propiedad de la tierra. Se cuestionó también la inacción de los personeros de la PDH y Copredeh, que deben garantizar el respeto a los derechos humanos y que con respecto a esto, el mismo el mismo procurador Jordán Rodas y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Guatemala, mostraron su malestar por la forma en que fueron desalojados los comunitarios.

Pero lo cierto es que cualquier desalojo, aunque se haga bajo los manuales internacionales de derechos humanos, es una afrenta a la dignidad de los poseedores de tierras y viviendas. De igual forma es necesario cuestionar y denunciar a los agentes del MP, y la doble moral de la PNC que se lava las manos. Así como el hecho de que ni el MP, ni la PNC han investigado la denuncia de la presencia de Sinibaldi como denuncian los comunitarios.

La movilización de CODECA fue precedida de una campaña de desprestigio y de acciones legales contra los dirigentes de este movimiento por parte del CACIF. CODECA, entre varias demandas exigió el fin de los desalojos, además de denunciar el asesinato de Antonio Pérez de León, el intento de asesinato Jacinto Brío, líderes locales que se preparaban para participar en el paro y el atropellamiento de Vicente Calderón en medio de la protesta a los ojos de agentes de la PNC. El Comité de Unidad Campesina también denunció los desalojos, organización que promovió la semana ante pasada bloqueos, pero en menor magnitud que CODECA.

Los desalojos en estas regiones tienen su origen en que desde mediados del siglo pasado militares y finqueros -algunos asentados desde finales del siglo XIX- han despojado y usurpado tierras de comunidades. Instamos al CUC y CODECA a dejar sus diferencias, articular un movimiento contra la represión estatal y a exigir la reforma agraria como parte del programa de una Asamblea Originaria, Popular, de los Pueblos y los Trabajadores.