Por Úrsula Pop y Armando Tezucún

El gobierno de Jimmy Morales parece estabilizarse, después de los cuestionamientos de distintos actores de la sociedad civil tras el conflicto con el comisionado Iván Velázquez de la CICIG. De igual forma las críticas contra el Congreso parecen difuminarse tras el momento álgido contra sus diputados, cuando se les impidió salir por todo un día, después de los descarados decretos de reformas al Código Penal para garantizar la impunidad de reos por delitos de corrupción y el intento de eximir a los secretarios generales de los partidos de delitos de financiamiento ilícito.

El respaldo público dado al presidente Morales de parte de las cámaras empresariales de la burguesía, y la neutralidad mostrada por el nuevo embajador gringo Luis Arreaga, ha envalentonado al gobierno, que ha emprendido una ofensiva contra el movimiento popular. El embajador Arreaga refleja el cambio de política hacia Guatemala de la administración Trump, con respecto a su antecesor Obama; lejos quedan ahora las ácidas declaraciones del ex embajador Robinson, en defensa de la CICIG, el MP y el combate a la corrupción. Arreaga se ha reunido con todos los sectores, escuchando y armonizando, pero su énfasis es cooperar con la sociedad civil, el gobierno y el sector privado “para construir un futuro más seguro, estable y próspero para todos”…. “la inversión de Estados Unidos por medio de sus agencias es evidencia de la confianza en Guatemala” (Publinews 223/11/17).

La represión contra campesinos

Los desalojos a comunidades de parte de finqueros en Tactic y en Livingston, así como los incidentes ocurridos en Ixquisis, San Mateo Ixtatan en Huehuetenango, hacen parte del ataque del gobierno contra el movimiento popular. Los medios de comunicación en su totalidad criminalizaron al Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateco, Chuj, Popti y Q´anjob´al y sobre todo a uno de sus dirigentes, ex preso político, Rigoberto Juárez. El incidente se dio cuando la población de Ixquisis exigió a la policía que saliera de la comunidad y los agentes, negándose, empezaron a disparar balas de goma contra la concentración; a partir de ahí se dieron disparos desde unas colinas contra la policía, de lo cual se acusó a los comunitarios.

El Gobierno Ancestral Plurinacional (GAP) negó en un comunicado esa situación; denunció un plan maquinado por la empresa hidroeléctrica a la cual se oponen, para generar este ambiente. Se puso así en marcha toda la maquinaria propagandística de la empresa, junto a los medios informativos y el andamiaje construido con miembros de la comunidad, que crearon dos instancias, 23 comunidades que conforman el Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura conformado por la empresa, una ong creada por la empresa y a lo que ahora se suman supuestamente otras 13 comunidades, formadas por personas que se oponían a la instalación del proyecto y ahora sorpresivamente, después de oír “las bondades del desarrollo” están a favor. Lo lamentable, pero que para los socialistas centroamericanos no nos extraña, es el hecho de que el jefe de la diócesis de Huehuetenango, Monseñor Álvaro Ramazzini, que adquirió fama en San Marcos con sus posturas en contra del Mina Marlin, junto a los comunitarios afines de la empresa se suma a las descalificaciones y criminalización contra Juárez y el GAP. Se muestra así la naturaleza reaccionaria de la iglesia católica, a lo cual se suman acusaciones contra Ramazzini sobre amonestaciones y traslados contra párrocos que se oponen al proyecto hidroeléctrico.

A estos actos represivos se suman otras denuncias, como la detención del periodista Jerson Xitumul en El Estor, Izabal,  colaborador de Prensa Comunitaria, y órdenes de aprehensión contra varios pescadores comunitarios que han denunciado la contaminación de la empresa procesadora de níquel PRONICO, que procesa el material extraído por  la Compañía Guatemalteca de Níquel, de capital ruso. También la denuncia sobre la detención de la integrante de CODECA Ceferina Xamirez Yoxon; de hecho hay toda una ofensiva  contra esta organización, desconectando las conexiones al sistema eléctrico que esta organización realiza, más el asesinato y detención de algunos de sus miembros.

Por tanto, con la matización de la política gringa bajo el nuevo embajador, que buscará no confrontar con el gobierno, esta ofensiva requiere que el movimiento popular se ponga en alerta. Estos matices se muestran también en el caso de la Mina San Rafael en Jalapa, de capital gringo, donde los inversionistas, cuya sede la tiene en Nevada, han movido su influencia en el Departamento de Comercio para que el nuevo embajador haga mención de que la inversión gringa se tenga que respetar.

Las movilizaciones de noviembre

Luego de las protestas masivas del 20 de septiembre, realizadas al calor de la indignación popular generada por las denuncias por delitos electorales y enriquecimiento ilícito contra el presidente Morales y las truculentas reformas al Código Penal hechas por el Congreso, hay un reflujo en las movilizaciones.

El 7 y 8 de noviembre los compañeros y compañeras del Comité de Desarrollo Campesino realizaron bloqueos de carreteras y marchas, con el nivel de convocatoria y participación que usualmente han mostrado desde inicios del año. El día 16, la recién formada Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad efectuó marchas en la capital y en el interior. En la Asamblea participan las autoridades de la Universidad de San Carlos y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), así como el Comité de Unidad Campesina y algunos de los grupos que surgieron durante las protestas de 2015. Entre campesinos y estudiantes se movilizaron unas tres mil personas en la capital, reclamando la renuncia del presidente y 112 diputados, el cese de los desalojos a comunidades campesinas, la reforma a la Ley Electoral, entre otras demandas.

El descenso en el nivel de participación en las protestas es también un síntoma de que el gobierno empieza a lograr estabilidad y da visos de que la crisis política empieza a resolverse a favor de las fuerzas conservadoras, gracias a que la burguesía y la embajada gringa prefieren un equilibrio y soluciones consensuadas, antes que cambios bruscos en el régimen político.

 La discusión del presupuesto 2018

En los primeros días de septiembre, el ministro de finanzas Julio Héctor Estrada entregó al presidente del Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018, por un monto de Q 87,922.9 millones; esto representa un incremento de Q 10,500 millones con respecto al presupuesto del presente año, de Q 77,309 millones.

En el proyecto se contempla un 20% (Q 17,805 millones) para inversión, 64% para gastos de funcionamiento (Q 56,256 millones) y un 16% para el pago de la deuda pública (Q 14,064 millones). También contempla la adquisición de deuda por Q 13,800 millones para su financiamiento. Este proyecto debe ser aprobado por el pleno del Congreso antes del 30 de noviembre, en caso contrario, seguiría vigente para 2018 el presupuesto de 2017.

Las primeras reacciones entre los diputados, tanto de las bancadas aliadas al partido oficial como de los de oposición, fueron que no apoyarían el proyecto porque: a) es demasiado alto y está desfinanciado, de modo que un 13.8% sería cubierto con préstamos y bonos del tesoro, con lo cual la deuda del Estado llegaría al 2.6% del Producto Interno Bruto, un porcentaje muy alto; b) la  ejecución presupuestaria de este año, fue muy baja, un 62.4% a mediados de octubre, por lo que no sería lógico el incremento presupuestario que el gobierno solicita para el próximo año; c) los artículos del documento no incluyen candados ni disposiciones que garanticen la transparencia en el gasto; d) la proyección de recaudación fiscal calculada para financiar el presupuesto está sobreestimada, el proyecto de presupuesto contempla un incremento del 8.7% en la recaudación tributaria para 2018, muy superior al crecimiento de los últimos años. Sobre todo si se toma en cuenta que el aumento en la recaudación en 2017 se debió al efecto de cobros por vía judicial y exoneración de multas, medidas que no son viables para todos los años.

El 15 de noviembre, luego de varios días de discusión, la Comisión de Finanzas del Congreso emitió su dictamen, recortando el proyecto original del gobierno a Q 84,596 millones. Los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Salud, Agricultura, Desarrollo Social y los fondos sociales tuvieron recortes en sus presupuestos.

Pero aún hacía falta la aprobación por el pleno del Congreso. Al iniciar la última semana de noviembre, la bancada del oficialista FCN no había logrado el apoyo requerido para que se conozca el proyecto en sesión plenaria, un mínimo de 80 votos. A pesar de que el jefe de bancada del FCN, Javier Hernández aprovechó los cabildeos para conseguir estos votos para promover su candidatura a la presidencia del Congreso en 2018, lo cual generó recelos, el martes 28 el oficialismo consiguió 81 para que se conociera el proyecto de presupuesto en primer debate, esperándose que el 29 y 30 finalice su discusión y aprobación.

Por una política unitaria de la izquierda revolucionaria

En esta fase de la coyuntura en que se vislumbra un reflujo de las movilizaciones y un fortalecimiento de las fuerzas conservadoras, se hace necesaria una discusión seria entre las organizaciones de la izquierda revolucionaria para discutir y decidir una táctica unitaria para enfrentar la política represiva del gobierno, sobre todo si el FCN gana la presidencia del Congreso para 2018.