Por Armando Tezucún

Luego de que el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) lograra que el proyecto de Presupuesto General de la Nación pasara en primera lectura en el pleno del Congreso de la República el 28 de noviembre con una apretada mayoría, sus planes de financiamiento gubernamental para el próximo año se vinieron abajo el jueves 30.

Ese era el último día que tenía el oficialismo para lograr que se conociera el proyecto en tercera lectura y aprobación final, y no logró el mínimo de 80 votos requeridos. La evidente ruptura del pacto que había mantenido desde finales del año pasado con otras bancadas, empezó a causarle estragos; los hechos evidenciaron también fracturas internas dentro de la misma bancada del FCN, y fraccionamientos en las bancadas que han sido hasta ahora sus aliadas. De los 37 diputados del FCN, 11 se ausentaron y uno votó en contra de conocer el proyecto. El voto de los aliados Acción Ciudadana (AC), Movimiento Reformador (MR), Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Partido Unionista, Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (VIVA) y legisladores independientes, no fue unánime.  Fueron sus aliados del partido Todos, los que retiraron el apoyo total al FCN, luego de haber votado a favor durante las primera y segunda lecturas, supuestamente porque no fueron tomadas en cuenta algunas enmiendas que esta bancada había planteado a última hora.

El gobierno tendrá dificultades financieras en 2018

La decisión del pleno de diputados dejó al gobierno de Jimmy Morales con el problema de adecuar el presupuesto que estuvo vigente en 2017 para cubrir las necesidades del próximo año. Esto a pesar de que el domingo 26 el mandatario tuvo una reunión con varios jefes de bancadas para cabildear el apoyo al proyecto presupuestario, en la cual se habría llegado a algunos acuerdos, que incluían la negociación de la composición de la Junta Directiva del Congreso para 2018. Ahora le tocará al ejecutivo negociar con el Congreso las ampliaciones presupuestarias necesarias para cubrir necesidades como la nueva Ley de Alimentación Escolar, que incrementó el presupuesto del Ministerio de Educación para la merienda de los estudiantes de primaria; la creación del Registro de Agresores Sexuales, que tenía asignados Q 50 millones; la construcción de una cárcel, 20 comisarías y 11 subestaciones de la Policía Nacional Civil, por Q 72 millones; además afectará la realización del nuevo censo de población y la Consulta Popular sobre el diferendo con Belice, ambos programados para el próximo año.

Aparte de eso, el gobierno no podrá disponer de aumentos presupuestario en ministerios que son claves para hacer campaña velada y clientelismo en un año preelectoral, como son Comunicaciones, Agricultura, Defensa y Desarrollo Social.

Las negociaciones tras bambalinas por la nueva Junta Directiva del Congreso

La alianza del FCN con otras bancadas de derecha en el Congreso, inició a finales de 2016 con acuerdos para elegir la Junta Directiva del legislativo para el año que está por finalizar. Gracias a este acuerdo (llamado por los medios “Pacto de Corruptos”), el sector más conservador del Congreso logró bloquear las reformas constitucionales, frenar los cambios más importantes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, evitar que el presidente Morales perdiera su inmunidad, aprobó reformas inaceptables al Código Penal de las cuales tuvo que retractarse debido las protestas populares y al rechazo de la Corte de Constitucionalidad. Pero al acercarse el momento de acordar la composición de la nueva Junta Directiva del Congreso para 2018, los intereses empezaron a chocar. Como es usual en los partidos burgueses, y más en esta pléyade de partidos pequeños que han servido en su mayoría de refugio a los exdiputados de los corruptos Partido Patriota y LIDER, los intereses mezquinos empezaron a aflorar, buscando cada uno un mejor posicionamiento en la futura Junta. Y la primera víctima fue el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018.

Lo que se sabe de las peripecias de los estira y encoge en las negociaciones es que en un inicio el jefe de bancada del FCN Javier Hernández, ambicionaba el puesto de presidente de la JD, al igual que Felipe Alejos, líder del partido Todos. Sin embargo, se dice que en la reunión de jefes de bancadas con el presidente Morales el 26, lo acordado fue que ese cargo le quedaría al diputado del Partido Unionista Álvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde capitalino, en agradecimiento al apoyo dado por éste al Morales durante la crisis generada por la solicitud de antejuicio de que fue objeto. El FCN tuvo que ceder la presidencia de la JD para conservar las alianzas; además de Arzú, se mencionaba a Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional, como otro posible candidato a la presidencia, y también a Boris España, del Movimiento Reformador (MR).

Otros diputados empezaron a cabildear sus candidaturas, como Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Rudy Castañeda de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y el actual presidente de la JD Oscar Chinchilla de CREO. Pero debido al fraccionamiento interno en casi todas las bancadas, ninguna de las candidaturas tiene el respaldo suficiente para dirigir el legislativo el próximo año.

El 5 de diciembre la sesión plenaria incluyó la elección de la Junta Directiva. La única planilla propuesta fue la del FCN y sus aliados, con Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana (una bancada compuesta por exdiputados de LIDER), como candidato a la presidencia. Pero las diferencias internas de las bancadas impidieron que obtuviera el mínimo 80 votos, siendo la votación de 65 a favor y 38 en contra. Los otros miembros de la planilla fueron Felipe Alejos (Todos), Javier Hernández (FCN-Nación), Alejandra Carrillo (MR), Estuardo Galdámez (FCN-Nación), Jorge Arévalo (MR), Juan Ramón Lau (Todos), Vivian Preciado Navarijo (UCN) y Marco Aurelio Pineda (FCN-Nación). El fracaso en la elección de JD obliga a pasar para enero su conformación; se presume que durante diciembre los candidatos interesados harán cabildeos para integrar sus planillas.

2018: un año complicado para los partidarios de la reforma del Estado burgués

El próximo año estará signado por dos situaciones. Será un año preelectoral, lo que explica las pugnas y los juegos de poder de las bancadas por lograr un buen posicionamiento en la nueva Junta Directiva del Congreso y puestos en las direcciones de las comisiones legislativas, lo que les permitiría distribuir recursos en sus zonas de influencia para generar clientelismo para las elecciones de 2019.

Por otro lado, se elegirá nuevo fiscal general; este puesto ha sido clave en la lucha contra la corrupción alentada por Estados Unidos y los países imperialistas que influencian la política nacional, y que ha contado con el respaldo de gran parte de la población. Si bien no es el Congreso quien elige al jefe del Ministerio Público, sino una comisión de postulación, los diputados operan con un poder tras bambalinas en el proceso de elección. En cambio el legislativo tiene a su cargo la elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas, institución clave en la fiscalización del uso de los fondos asignados a ministerios y entidades del Estado. Así que es indudable que las bancadas que representan a los intereses más conservadores e involucrados en corrupción pugnarán por acaparar esos puestos claves, y el control de la próxima Junta Directiva del Congreso es indispensable para ello.

El nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, que refleja fielmente el cambio en la política gringa con la administración Trump, reconoce la importancia de la próxima dirigencia del Congreso: “Entonces la elección de una junta directiva lanza una señal muy fuerte sobre si el organismo Legislativo está o no está en la lucha contra la corrupción”, agrega que “esperamos el resultado de esas elecciones que según tenemos entendido se han ido postergado y veremos cómo termina” (La Hora 06/12/17). Esto a pesar de que se ha hecho de la vista gorda respecto a las acusaciones de corrupción y las solicitudes de antejuicio contra el presidente Morales, y de su intención de expulsar a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG; durante el anuncio oficial del plan de inversiones de la estadunidense Corporación  para Inversiones Privadas en el Extranjero, en Guatemala, Arreaga declaró, refiriéndose a Morales, que "su Gobierno mantiene una lucha muy importante contra la corrupción y ésta es la forma de reconocerlo. Eso es importante para el futuro del país" (Publinews 30/11/17).

Iván Velásquez está muy claro de que la elección de un nuevo fiscal general favorable a los corruptos haría retroceder los avances que han hecho la institución que dirige y el Ministerio Público: “Todo el país debe reflexionar del proceso que se avecina. Mucho se ha dicho en los últimos tiempos del Pacto de Corruptos…y creo que una de las expresiones finales de esa lucha …que están con mucha fuerza haciendo en contra de lo que venimos trabajando con el Ministerio Público… es esta elección de Fiscal General” (La Hora 08/12 /17).

Por una acción unitaria de la izquierda

El gobierno de Jimmy Morales ha recuperado terreno después del espaldarazo que le dio la burguesía organizada en el CACIF, y de la política de beneplácito impulsada por el nuevo embajador gringo Arreaga. Las movilizaciones que reclamaban directamente la renuncia de Morales, sus ministros y los diputados corruptos han entrado en un reflujo. Los recientes desalojos de comunidades campesinas indican un endurecimiento de la represión, y una Junta Directiva afín al oficialismo facilitaría la aprobación de leyes represivas. Por ello las organizaciones de izquierda y populares debemos agruparnos y coordinarnos para diseñar un plan de lucha ante la situación que se avecina.