Por Armando Tezucún

La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República representa el afianzamiento del control del Poder Legislativo por parte de los grupos de la burguesía emergente que han lucrado históricamente con la corrupción en las instancias del Estado; estos grupos han sido objeto de persecución penal desde 2015, acciones encabezadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instituciones a las que se unió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que fueron apoyadas hasta el último momento de su gestión por el ahora exembajador de Estados Unidos, Todd Robinson. La nueva Junta Directiva hará su parte en el plano legislativo dentro el plan de esta burguesía corrupta por frenar la labor del MP y la Cicig, bloqueando las reformas significativas al sistema judicial y político, y dando curso a los proyectos de ley represivos presentados por diputados afines, y que están en discusión en las comisiones legislativas.

Una elección complicada en el Congreso

El 14 de enero rindió su informe del segundo año de gobierno el presidente Jimmy Morales. Ese día debía asumir la nueva Junta Directiva del Congreso, cuyo presidente debía presidir la sesión en la que el mandatario presentaría su informe. Sin embargo, los diputados se pusieron de acuerdo en la elección hasta el sábado 13; esto se debió al resquebrajamiento de la alianza que se formó en 2016 para elegir la nueva dirección del Congreso para 2017, y al fraccionamiento interno de las distintas bancadas, incluyendo a la del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Al margen de que todas esas bancadas aliadas respaldan una agenda que enfrenta al MP, la Cicig y se oponen a los cambios en el sistema político y judicial, los intereses y ambiciones particulares afloraron ante el proceso de elección de la nueva dirigencia del legislativo.

El primer intento de elegir la Junta Directiva se dio el 5 de diciembre del año pasado, cuando el FCN y sus aliados presentaron en sesión plenaria la única planilla propuesta, con el diputado Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana, como presidente. Esta planilla no logró el mínimo de 80 votos requeridos, y la elección fue pospuesta para enero de 2018.

Desde inicios del mes empezaron a ser mencionados nombres de candidatos a presidir la Junta Directiva que ya lo habían intentado en diciembre. En especial se mencionó a Manuel Conde Orellana, Óscar Chichilla (presidente en 2017), Boris España, Carlos Fión, Julio Ixcamey, pero ninguno logró reunir los votos suficientes para consolidar sus candidaturas.

Álvaro Arzú Escobar logra el aval del presidente Morales y el FCN

Luego de que la dirección del legislativo convocara para el sábado 13 a un último intento de elegir Junta Directiva, sorpresivamente se dio a conocer que el hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, Álvaro Arzú Escobar, sería el candidato ungido por el presidente Morales, el FCN y los partidos cercanos que finalmente lograron un acuerdo. Arzú, único diputado del Partido Unionista, representa la alianza entre el alcalde metropolitano y el presidente Morales, surgida durante la crisis de agosto-septiembre, cuando este último declaró non grato al jefe de la Cicig Iván Velásquez, y trató de expulsarlo del país; ambos tienen en común el ser objeto de acusaciones por corrupción de parte del MP y la Cicig, y de habérseles solicitado el levantamiento de la inmunidad.

El anuncio de la candidatura de Arzú se dio casi al mismo tiempo que el embajador gringo Arreaga declarara que si el Congreso no elige una Junta Directiva que fomente la transparencia, será difícil que Estados Unidos continúe los programas de apoyo al país. “…si nosotros no tenemos una Junta Directiva confiable desde el punto de vista de su compromiso de la lucha contra la corrupción e impunidad, esto podría afectar programas, es difícil predecir cuales son los  programas que afectaría y  cómo… una Junta Directiva que no demuestre con hechos, porque no solamente de hablarlo, que no lo demuestre con hechos va hacer muy difícil para nosotros seguir adelante con algunos programas” (La Hora 09/01/18).

Arzú electo presidente del Congreso

El sábado 13 Arzú Escobar fue electo con 92 votos a favor, y el apoyo de las bancadas del FCN-Nación, Todos, Bloque Reformador, Alianza Ciudadana y Unión del Cambio Nacional; su planilla estuvo formada por miembros de esos partidos.

Desde las primeras declaraciones de Arzú Escobar se hizo claro que éste representa los intereses de nuevos acuerdos entre las burguesías emergentes corruptas afectadas por la persecución del MP, la Cigig y la Sat, y un sector mayoritario del empresariado oligárquico que prefiere la estabilidad política para enderezar el rumbo de la economía y los negocios. El nuevo presidente del legislativo aseguró que su agenda incluirá leyes que fomenten el desarrollo y crecimiento económico y la generación de empleo; sostuvo que no conviene entrar a conocer las reformas constitucionales por cuestión de tiempo y por el desembolso que significa la consulta popular para aprobarlas, en vista de que este año habrá una consulta sobre el diferendo territorial con Belice. La embajada de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que “Las acciones del Congreso, y no sus palabras, demostrarán el compromiso de aprobar leyes que beneficien al pueblo de Guatemala, tanto como su compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad” (Prensa Libre 14/01/18).

El segundo informe de gobierno de Jimmy Morales

El domingo 14 el presidente Morales presentó ante el Congreso el informe de su segundo año de gobierno. El informe de Morales está lleno de falsedades, verdades a medias y omisiones; en ningún lado habló de la muerte de 42 jovencitas en el incendio de un hogar estatal, por culpa de sus funcionarios y por decisiones que él mismo tomó; no hizo mención de las acusaciones en su contra por delitos electorales y por corrupción, al haber aceptado de forma ilícita cheques a su nombre de parte del Ministerio de Defensa; y presentó como logros cosas que son obligación del Estado, como la entrega del presupuesto correspondiente a los organismos de justicia, incluido el MP.

Ante el anuncio de manifestaciones de parte del Comité de Desarrollo Campesino y otras organizaciones civiles, el presidente ordenó acordonar el edificio del Congreso de la República dos cuadras a la redonda, por cerca de 300 miembros de la Policía Nacional Civil, la Guardia Presidencial, la Policía Militar, las Fuerzas Especiales Policiales de la PNC y la SAAS, todos bien armados.  La convocatoria a manifestar no tuvo el efecto esperado, pues a lo sumo un centenar de personas se hizo presente; a pesar de que en horas de la tarde un grupo decidido forcejeó con los policías para abrirse paso hacia el Congreso, las protestas no tuvieron trascendencia.

Tanto Arzú como el presidente Morales hicieron ver en sus discursos que no se dejarán presionar al momento de tomar decisiones, augurando actitudes autoritarias. Arzú dijo: “las obligaciones son de orden moral, y por eso son más importantes que los derechos…Vamos a escuchar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a los grupos organizados, pero no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer, bajo medidas de hecho o de presión, vamos a exigir respeto al trabajo del Poder Legislativo” (El Periódico 15/01/18); y Morales expuso: “el poder debe ser ejercido por quienes fueron electos, no por presiones mediáticas o fácticas” (Idem).

La nueva agenda del legislativo

Desde la primera sesión plenaria, la nueva dirección del Congreso empezó a aprobar las leyes en materia económica que demanda la burguesía. La primera fue la Ley de Factoraje, que regula la negociación de documentos de crédito entre empresas, para permitir a los negocios que otorgan créditos a sus clientes, capitalizarse en poco tiempo. También se aprobó en primera lectura las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que sin embargo no toma en cuenta las reformas sugeridas por el Tribunal Supremo Electoral. Quedaron en agenda pendientes las reformas a la Ley de Zonas Francas y la Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar.

El nuevo pacto entre las burguesías emergentes y sectores de la oligarquía ya tuvo su primera víctima, el ahora exintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa. El directorio de la SAT, presidido por el ministro de finanzas Julio Héctor Estrada, destituyó a Solórzano Foppa por no haber llegado a la meta de recaudación fiscal 2017, a pesar de que alcanzó el 99.7% de la misma. La medida a todas luces fue una venganza por la persecución que hizo el ex superintendente contra los evasores y mafias defraudadoras del fisco. Solórzano Foppa atacó a grandes empresas como Aceros de Guatemala, a cafetaleros, ganaderos, y muchos empresarios, ganándose la animadversión de grandes sectores de la burguesía.

Unidad de acción de la izquierda y los movimientos populares

El nuevo pacto de las burguesías implica no solamente que los corruptos recuperen el terreno perdido, sino una ofensiva contra las organizaciones y luchas populares. Ya hemos planteado el peligro de las reformas a la Ley Contra el Terrorismo y la Ley de Ongs. Estamos también ante el recrudecimiento de los encarcelamientos y asesinatos contra líderes y lideresas populares. El momento demanda que se hagan acercamientos entre los grupos de izquierda y las organizaciones populares para diseñar una estrategia para enfrentar el avance de la represión. Consideramos que esta es una terea prioritaria en el momento actual.