Por Armando Tezucún

El nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo para el gremio magisterial fue firmado el 8 de febrero pasado, entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG, el mayor sindicato de maestros del país) – Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) y las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc). Casi tres meses después, el mismo no ha entrado en vigencia, y aún está en el torbellino de trámites burocráticos de dependencia en dependencia en busca de firmas, aprobaciones y homologaciones.

Esta situación ha empujado a la dirigencia magisterial a iniciar medidas de presión para obligar al gobierno a agilizar el trámite. Hacia el 17 de abril se anunció el paro de las maestras y maestros en Huehuetenango, Quiché, Suchitepéquez, San Marcos, Petén y Quetzaltenango; los docentes afiliados al STEG empezaron a declararse en asamblea permanente e iniciaron paros paulatinos.

El ministro de educación Óscar Hugo López explicó que el acuerdo ha recibido ya el visto bueno del Departamento Legal, el de Recursos Humano y el financiero del Mineduc; también el de la Oficina Nacional Servicio Civil (ONSEC, donde permaneció por un mes) y en estos momentos se encuentra en la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, que debe analizarlo.

El 19 de abril, el secretario general del STEG-ANM, Joviel Acevedo, anunció que están dispuestos a iniciar un diálogo con el gobierno. “Vamos a recurrir al diálogo para retomar el Pacto Colectivo, llamar al diálogo, no confrontar y buscar pacíficamente una solución…Tenemos paciencia, ya pasó el mayor tiempo (de espera) y podemos esperar otro tiempo” (La Hora 9/4/18). El ministro López se manifestó en el mismo sentido: “Estuve comunicándome con uno de los líderes magisteriales para hablar del tema, espero que después del mediodía tengamos una reunión. Debe ser hoy la reunión” (ídem).

Como era de esperarse, la enconada campaña que desde hace varios años impulsa la derecha y el empresariado contra los sindicatos estatales, no ha tardado en hacer sentir sus efectos. En los medios de comunicación y en las redes sociales han proliferado las opiniones que niegan a las y los maestros el derecho de luchar por una mejora en sus condiciones de vida y en las condiciones en que les toca desempeñar su labor. Es de sobra conocido que la educación pública, sobre todo en el interior del país, se encuentra en un estado desastroso, sin infraestructura apropiada, sin material didáctico, sin la adecuada merienda; miles de maestros (el Mineduc cuenta con 132,000 docentes) tienen que ejercer su tarea en condiciones precarias, muchas veces poniendo de su bolsa para suplir necesidades, o recurriendo a los padres de familia para gastos (servicios de agua, luz, limpieza) que debería cubrir el Estado. Hasta la Procuraduría de los Derechos Humanos ha anunciado acciones para “asegurar el derecho a la educación de la niñez”, pasando por alto los derechos sindicales de los maestros. Se ha especulado sobre la coincidencia entre las acciones del magisterio y la elección de nuevo fiscal general, calificando las protestas como un distractor.

Hasta el momento el paro es parcial. Cerca de un 25% del magisterio. Y han sido tomadas 20 Direcciones Departamentales del MINEDUC, impidiendo la entrada del personal administrativo. El día 24 el ministro López presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley de ampliación presupuestaria por Q 961 millones, para que el Mineduc pueda cumplir con los compromisos del Pacto Colectivo. Su aprobación está en veremos.

El pacto indudablemente otorga importantes beneficios a las compañeras y compañeros docentes. Pero el mismo no ha sido dado a conocer a las bases, lo cual nos parece una absoluta falta de democracia sindical. Hay una versión que se ha hecho circular según la cual un artículo dice que los maestros que no aprueben con 75 puntos la Evaluación de Desempeño no tendrán derecho a recibir los beneficios del acuerdo ¿Es cierto eso? No se puede saber mientras la dirigencia no comparta con los afiliados el contenido del mismo, algo que se debió hacer antes de su firma. De igual manera, el nuevo diálogo con las autoridades debe ser abierto y del conocimiento público.

Una vez más proponemos la unidad en acción de todos los sindicatos magisteriales por dos puntos básicos: El traslado de miles de docentes 021 y 022 al reglón 011, presupuestados y gozando del escalafón; una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes incautados a los narcotraficantes y los funcionarios corruptos pasen al Ministerio de Educación, para financiar los incrementos salariales, la merienda escolar, el mejoramiento de la infraestructura escolar y el material didáctico para nuestros estudiantes.

¡QUE SU CONTENIDO SE DISCUTA DEMOCRÁTICAMENTE ENTRE LAS BASES!