Por Leonardo Ixim

La marcha del domingo 2 de septiembre, convocada por las iglesias cristianas (católicas y evangélicas) y judía, y organizaciones conservadoras, logró movilizar una cantidad grande de personas que utilizó el discurso del miedo, en contra del proyecto de ley 5376 presentado por la diputada Sandra Moran, para la protección a niñas menores de edad.

El evento contó con el apoyo y el financiamiento de sectores que respaldan a Jimmy Morales en su embestida contra la CICIG, aunque en la marcha se cuidaron de no lanzar consignas relacionadas a la expulsión de hecho del comisionado Iván Velázquez.

El proyecto de ley fue elaborado por varias organizaciones de mujeres y de juventud; previamente, en la Comisión de la Mujer del Congreso de la República hicieron la pantomima de realizar consultas. Esta comisión es dirigida por el diputado ultra conservador Aníbal Rojas, del partido Visión con Valores (Viva), una agrupación fundada por el pastor y ex canciller del gobierno del Partido Patriota, Harold Caballeros, contando con una bancada de diputados tránsfugas. El proyecto promueve una serie de medidas y programas que obliga al Estado a proteger los derechos de las niñas en general, población vulnerable, discriminada y víctima de distintas formas de violencia; niñas pobres con nulo o poco acceso a servicios sociales.

El proyecto generó una reacción retrógrada, sobre todo el artículo 7, que busca eliminar la punibilidad al personal médico por la interrupción voluntaria del embarazo en niñas menores de 14 años cuando son víctimas de una violación sexual, así como la reforma al artículo 173 del Código Penal, permitiendo la interrupción en las 12 semanas de gestación. El embarazo forzado -la mayoría de embarazos de menores de edad lo son y se da por violencia sexual- es una realidad lacerante en Guatemala, país que muestra altísimas cifras de embarazo en adolescentes.

Con su ideología retrógrada y contando el apoyo de la oligarquía, los grupos ultra conservadores aducen que es un paso para la legalización del aborto. Derecho que como marxistas defendemos, ya que las mujeres deben tener la libertad de decidir si tienen o no tienen hijos; en Guatemala además es permitido el aborto terapéutico. Existe una campaña para ir disminuyendo los derechos sexuales y reproductivos de la clase trabajadora, pese a que el proyecto de ley es más amplio. Ante eso, las organizaciones promotoras del proyecto tuvieron que recular, eliminando ese artículo, acción que no detendrá la embestida.

Otra propuesta de ley (la 5395) sometida a la ira de los reaccionarios es la de Identidad de Género que obliga al Registro Nacional de Personas a que la población travesti y transexual tenga la libertad de identificarse según el género deseado. Este es otro sector del proletariado que por su opción sexual ha sido víctima de violencia -en las últimas semanas habido varios asesinatos- y están desprotegidos, lo cual obliga a muchas de ellas a prostituirse.

Contrario a eso, existe el proyecto de ley 5272, impulsado por el diputado Rojas, que busca cercenar estos derechos sexuales y reproductivos; ésta ha pasado ya dos lecturas en el pleno del Congreso de las tres necesarias para ser aprobada. Plantea la prohibición del aborto en general, afectando con ello a las mujeres pobres que lo realizan en la clandestinidad, imponiendo penas de hasta 12 años a quienes lo practiquen; también se propone cerrar el paso al matrimonio entre personas de un mismo sexo y prohibir a entidades educativas impartir Educación Sexual Integral aduciendo que es “ideología de género”, cuando la realidad del capitalismo actual rebasa esa forma de familia de una pareja heterosexual.

La marcha fue masiva, porque además del financiamiento de grupos empresariales contó con la movilización de las parroquias y sectas, aduciendo argumentos demagógicos como la defensa de las dos vidas con respecto al aborto, cuando la vida en gestación es un proceso y no existe a priori; pero aun peor, personeros de estas organizaciones que no son mas que fachadas de las iglesias, anuncian una “revolución por la familia”, argumento similar al usado por distintas corrientes fascistas en el mundo.

Otro debate de fondo es el carácter no laico del Estado guatemalteco, donde la libertad de conciencia es tenue, así como la separación entre política y religión. La reacción usa de base a sectores de la pequeña burguesía y moviliza demagógicamente a clases populares con el fin de imponer una educación confesional y aún más restrictiva de los derechos humanos del proletariado. Por tanto ese debate tiene que ser parte de una Asamblea Constituyente Popular y plurinacional, pero es necesaria la organización para hacerle frente a estas iniciativas restrictivas de derechos.