Por Armando Tezucún

El conflicto interburgués abierto durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota, que se agudizó en el año 2015 con la renuncia, captura y enjuiciamiento del presidente, la vicepresidente y muchos de sus ministros y funcionarios, ha entrado en una nueva fase de crisis.

Al desplazar al gobierno patriota, La oligarquía y el imperialismo acordaron una salida que daba la oportunidad de asumir la presidencia a un político novato, Jimmy Morales. Las revelaciones del caso de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015, por el cual hay un antejuicio planteado contra Morales, muestran que la oligarquía aportó fondos al partido del ahora presidente, apostando por esa solución. Sin embargo, Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), terminaron aliándose con los grupos corruptos de militares que dominaron en el gobierno de Pérez Molina, llevando a nuevos conflictos y crisis.

Al igual que hace justamente un año, el enfrentamiento se ha expresado en el conflicto entre el presidente Morales y su gobierno, aliado con un fuerte bloque de diputados vinculados a grupos corruptos, y por el otro lado, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público, y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La respuesta de Morales a las acusaciones por financiamiento electoral ilícito, la solicitud de levantamiento de su inmunidad, y la posibilidad de anulación del FCN como partido legal, ha sido el anuncio, el 31 de agosto, de la no renovación del mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2019, y días más tarde, la prohibición de que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, ingrese al país luego de un reciente viaje a Estados Unidos.

En sus declaraciones, un envalentonado Morales ha dicho que no acatará “órdenes ilegales”, alegando que ha actuado en el marco de la ley. Dado que en septiembre de 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC), a raíz de que Morales declarara non grato a Velásquez, ordenó al presidente no obstaculizar la labor de la CICIG ni su comisionado, es posible que el mandatario esté actuando en la ilegalidad, al desobedecer la orden de la máxima corte del país.

Hay una serie de amparos y acciones planteadas ante la CC, solicitando revertir las decisiones del presidente Morales, y que protegen a la CICIG y a Velásquez. Si los magistrados de la CC resuelven a favor y el mandatario y su gobierno se niegan a obedecer, se estaría gestando una ruptura del orden constitucional y un autogolpe de estado. Por otro lado, el bloque de diputados aliados del gobierno aprobaron en segunda lectura una serie de reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, las cuales buscan que el Congreso de la República conozca directamente los procesos de antejuicio, sin que pasen primero por la Corte Suprema de Justicia. Si las reformas fueran aprobadas en tercera y definitiva lectura, las bancadas aliadas al gobierno podrían aprobar antejuicios contra cualquier funcionario que les sea incómodo, incluyendo a los magistrados de la CC, de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador de los Derechos Humanos. Este sería el complemento del autogolpe.

La respuesta del imperialismo estadounidense a las acciones del gobierno contra la CICIG ha sido ambigua, reflejando las diferencias políticas entre congresistas y senadores demócratas y el gobierno y representantes republicanos. Al parecer ha habido un acuerdo entre ambos grupos, al plantear una reforma a la CICIG, entre otras cosas, nombrando un sub-comisionado que garantice mejores controles. Esta opción fue comunicada vía telefónica por el Secretario de Estado Mike Pompeo al presidente Morales el jueves 6 de septiembre; Morales y su gobierno lo interpretaron como un gesto de apoyo. Los países donantes de la Unión Europea y la Organización de la Naciones Unidas, en cambio, han dado su respaldo tajante a la CICIG y al comisionado Velásquez.

El grupo oligárquico de la burguesía, a través de sus cámaras empresariales, han expresado una postura tibia y cautelosa, que refleja que su prioridad es la estabilidad política que garantice la buena marcha de los negocios. No podemos esperar, entonces, un paro empresarial en contra del gobierno de Morales, similar el de agosto de 2015 contra Pérez Molina.

Esta vez claramente de toca al movimiento popular, indígena, campesino, sindical y estudiantil, defender, ya no a la CICIG y a Velásquez, sino las libertades democráticas y los derechos humanos básicos, contra un autogolpe del presidente Morales con el apoyo del Congreso y del ejército. Son necesarias las movilizaciones, bloqueos, marchas, que ya están correctamente programadas, que culminen con un pago general de 24 horas, exigiendo la renuncia de Morales y su gobierno.