El juicio por genocidio contra el general retirado José Efraín Ríos Montt –fallecido el 1 de abril de 2018- reactivó una diversidad de redes conectadas a estructuras de poder legales e ilegales. Con el tiempo, su transformación en una suerte de telaraña o macrored evidenció la multiplicidad de intereses económicos, políticos, religiosos y sus conexiones con poderes ocultos concatenados para lograr objetivos comunes.

Le caracteriza a estas redes la pervivencia por el control del Estado, de los negocios contractuales con las instituciones gubernamentales, mantener la corrupción y su andamiaje como una forma de acumulación de capital y control del aparato estatal en todas sus formas, su poderosa incidencia en la formulación, aprobación y ejecución de marcos legales, la penetración de una ideología de mercado y fundamentos ultraconservadores religiosos.

Estas redes jugaron un papel central en el financiamiento de la guerra contrainsurgente. Contribuyeron estrechamente a consolidar la participación directa de los gobiernos de Estados Unidos e Israel y dictaduras militares sudamericanas en la guerra civil y contrainsurgente encabezada por los gobiernos militares de los generales Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores.

Son redes que coparticiparon de las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad en los años más cruentos de la guerra civil. Y esa es una de las principales razones de la reacción organizada que han manifestado en apoyo al alto mando militar contrainsurgente y genocida de aquellos gobiernos.

El juicio por genocidio contra Ríos Montt reactivó organizaciones que hasta antes permanecían adormitadas. Provocó el surgimiento de organizaciones con objetivos específicos y posibilitó alianzas que dirigieron sus baterías hacia blancos bien definidos: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP). Quienes dirigen esas instituciones se convirtieron en sus principales enemigos.

De la defensa a ultranza de militares de alto rango acusados de delitos de lesa humanidad, estas redes organizadas luego pasarían a la defensa y ataque a favor de redes criminales enraizadas en la estructura del Estado procesadas judicialmente por la CICIG y el MP. Finalmente, se posicionarán con mucha claridad como la punta de lanza de poderes reales y fácticos para destruir el andamiaje anticorrupción montado por la CICIG y aquellas instituciones estatales. Desde ahí, el objetivo es evitar perder el control del Estado y/o cuotas de poder que les ha permitido históricamente expoliarlo y hacer uso de ese Estado para sus aviesos fines.

Esa macrored, sin embargo, requiere de financiamientos para poder operar. Los nodos que la interconectan tienen capacidad para operar por sí mismas. Sus propios integrantes provienen de grupos familiares, empresariales, militares y políticos con recursos suficientes para poder operar en espacios físicos y virtuales. Pero el hecho de ser un macrored organizada e interconectada operando bajo objetivos comunes y al unísono, implica que haya financiamientos de grupos mucho más poderosos. Reconocidos grupos empresariales tienden a ser ese soporte financiero, sobre todo porque varios de sus miembros pertenecen a esos nodos de la macrored.

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