Por Armando Tezucun

El domingo 16 de septiembre la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió, por unanimidad, un amparo provisional que permitirá el retorno al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. Esto deja sin efecto la resolución del 4 de septiembre, en que el presidente Jimmy Morales, a instancias del Consejo de Seguridad, decidió impedir el ingreso al país de Velásquez, quien se encuentra en Washington en viaje de trabajo.

El gobierno desacata a la CC

Como era de esperarse, el gobierno desconoció la decisión de la CC. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel y el Procurador General de la Nación José Luis Donado, reiteraron que no se permitirá el ingreso del comisionado Velásquez al país, expresando su propia interpretación de la resolución de los magistrados, y del convenio firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en cuanto a la conformación de la CICIG y el nombramiento de su jefe. El ministro Degenhart dijo: “El ciudadano colombiano, Iván Velásquez Gómez no ingresará al país…Se permitirá el ingreso del comisionado que sea electo, luego de un proceso de negociación armonioso entre las partes y se resuelva las controversias” (El Periódico 18/09/18). El gobierno de Jimmy Morales llegó al extremo de, según anunció la ministra Jovel, enviar una nota a la ONU para que en un plazo de 48 horas envíe un listado de cuatro candidatos  para nombrar un nuevo comisionado o comisionada, a quien sí se permitirá ingresar a Guatemala; la nota fue amenazante, pues solicita al Secretario General de la ONU que “cumpla con su función de facilitador en la resolución de los requerimientos de los Estados miembros, caso contrario le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de una  nueva comisionada o comisionado, en los términos y plazos que se han solicitado” (La Hora 17/09/18).

Respondiendo a una solicitud de aclaración, el 18 de septiembre la CC confirmó que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez puede ingresar al país; la corte ordenó al “presidente de la República Jimmy Morales, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y de Migración, abstenerse de emitir u obedecer órdenes que impidan el ingreso a territorio nacional al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).” (El Periódico 19/09/18). En otra parte de la declaración se menciona específicamente el nombre de Velásquez.

Por otro lado, en respuesta a la carta conminatoria de la canciller Sandra Jovel, la ONU confirmó a Velásquez como jefe de la CICIG. La respuesta dice “El Secretario General –António Guterres- no ve ningún motivo para cambiar su posición actual de apoyo al Comisionado Iván Velásquez…La CICIG ha sido considerada ampliamente exitosa en su apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones nacionales encargadas de investigar y enjuiciar crímenes dentro de su mandato” (El Periódico 19/09/18). El gobierno de Jimmy Morales avanza lentamente hacia una ruptura del orden constitucional, siguiendo los pasos del Jorge Serrano Elías en 1993, al desafiar las decisiones de la CC interpretándolas a su manera. Al recibir la notificación de la última aclaración de la CC, respondió, una nota breve, ambiguamente que "…hará uso de las facultades y recursos que la ley otorga para defender la Constitución", y  la vez insta al Secretario General Guterres a encontrar una solución por medio del diálogo (Prensa Libre 22/09/18).

Los grupos de poder detrás del gobierno de Morales

Morales y su partido, el Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), después de las elecciones de 2015, se han inclinado hacia los intereses de uno de los tres grandes grupos de poder que controlan las riquezas y la política en Guatemala. Este es el bloque de militares que desde 1954 fueron acumulando recursos y la supremacía política, primero a través de los gobiernos militares que aplicaron las políticas criminales de contrainsurgencia, y después de la firma de los acuerdos de paz, a través de grupos situados en la sombra, de militares retirados que se enriquecen a través de toda suerte de negocios lícitos e ilícitos, y del tráfico de influencias en el aparato estatal. Jimmy Morales y el FCN, terminaron aliándose a estos grupos militares, e incorporando a su bancada en el Congreso a diputados sobrevivientes de los partidos vinculados al defenestrado gobierno de Pérez Molina. La tenaz oposición de Morales y sus diputados aliados a la CICIG y a Velásquez no significa otra cosa que la defensa obstinada de una forma corrupta de hacer gobierno y de manejar los recursos del Estado.

¿Hacia una solución negociada?

Los intereses y las fuerzas en 2018 no son los mismos que en 2015 condujeron a la defenestración de Pérez Molina y su gobierno. Después de dos años de desaceleración de la economía, los diferentes grupos de la oligarquía tradicional no están dispuestos a adversar al gobierno y a los grupos de exmilitares corruptos detrás de él, sobre todo después de que empresarios de sus propias filas han resultado involucrados en actos de corrupción y de financiamiento electoral ilícito. El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, al referirse al desacato del gobierno al fallo de la CC del 16 de septiembre, dijo “Ellos tendrán sus razones, nosotros no nos hemos metido a analizar profundamente, lo que menos queremos es que sea una confrontación entre dos bandos, entre situaciones o entre personas, es lo peor que le podría pasar al país. Aquí nosotros necesitamos generar condiciones para sacar al país adelante en un momento que de verdad lo necesita” (La Hora 19/09/18).

Por el lado de los Estados Unidos y la ONU, lo que se está perfilando es una salida negociada al conflicto gobierno-CICIG. A instancia de senadores y congresistas estadounidenses, la propuesta, que fue aceptada por el Secretario Guterres, es que se cree la figura de un comisionado, que asuma en ausencia del titular de la CICIG, y que se cree también un sistema de control y transparencia para los fondos recibidos por la CICIG de parte de los países donantes. El Secretario de Estado Mike Pompeo ya hizo esta sugerencia vía telefónica al presidente Morales.

El 20 de septiembre Guterres reconoció que hay un interés de la ONU en negociar con el gobierno “Esperamos que en consultas con el Gobierno sea posible encontrar un asunto para coordinar la acción a lo interior del país y, naturalmente, en el contexto de los contactos regulares con Guatemala, hay una negociación prevista en el tratado, es lo mismo. Estamos interesados en proseguir esa negociación visando el perfeccionamiento de la acción de la comisión" (Prensa Libre 21/09/18).

Como vemos, hay fuerzas que están procurando salvar al régimen negociando y llegando a acuerdos con el gobierno de Jimmy Morales, aun cuando éste ha dado muestras de endurecer las medidas represivas, asesinando líderes indígenas y campesinos, y reforzando los controles de la policía y el ejército en las ciudades.

Un plan de acción para las movilizaciones populares

Por otro lado, la ausencia de las capas medias urbanas acomodadas en las protestas, reflejo de la actitud conciliadora del empresariado, ha conducido a que las organizaciones populares asuman la dirección de las movilizaciones. Las multitudinarias marchas y protestas del 20 de septiembre, en al menos siete departamentos del país, han sido ejemplo de unidad en la acción de los grupos campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, jóvenes, de la diversidad sexual, etc. Al llegar la marcha de cerca de 15 mil personas a la Plaza Central de la capital, oradores pasaron a la tribuna a denunciar al gobierno, contrario a las concentraciones de 2015, donde las capas medias explícitamente se negaban a que hubiera discursos.

Pero todavía falta claridad política en el movimiento popular. Las posturas que se limitan a defender a la CICIG y a Iván Velásquez, que opinan que el principal problema en Guatemala es la corrupción, que defienden el orden constitucional y el Estado de Derecho contra el desacato del gobierno a las decisiones de la CC, se limitan a defender el régimen político, exigiendo la salida de Morales y sus funcionarios sin exigir cambios de fondo que beneficien a los oprimidos y explotados.

En primer lugar, debemos defender, no el andamiaje legal del Estado burgués, con la CC a la cabeza, ni la legalidad dentro de los cánones actuales de la constitución. Esos son puros formalismos que durante décadas han servido para garantizar la explotación de las riquezas y los recursos del país de parte de las oligarquías que controlan el poder. Debemos defender las libertades democráticas que están siendo amenazadas por el gobierno de Jimmy Morales; para las clases populares la ruptura del orden constitucional significa eso: un ataque a la libertad de organización, de expresión, de manifestación, de circulación, de sindicalización, etc.

Por otro lado, debemos actuar con un plan unitario de acción, que parta de que el principal problema en Guatemala no es la corrupción, sino las estructuras de opresión y explotación que han perdurado por décadas; que la verdadera democracia solo la alcanzaremos cuando los campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, mujeres, etc., tengamos pleno acceso a servicios de salud y de educación de calidad, a servicios de vivienda, a empleo decente, a salarios dignos, al respeto de los derechos ancestrales de los pueblos, etc. Hacia estos planteamientos debemos orientar nuestras luchas.