Por Leonardo Ixim

El denominado caso Gavilán  es un nuevo frente que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Publico abren contra ex funcionarios de seguridad pública del gobierno de Oscar Berger ligados a los capitales tradicionales oligárquicos.

Recientemente la jueza Claudette Domínguez del Juzgado de Mayor Riesgo A ligo a proceso a cinco ex funcionarios bajo los cargos de tortura y detención ilegal, entre ellos el ex ministro de Gobernación del gobierno de Berger, Carlos Vielmann, desmeritando el cargo que la Feci había presentado de ejecución extra judicial contra este. La jueza por su parte considero que con Vielman no existía peligro de fuga por ser este empresario, entregando su pasaporte al juzgado y  dándole medidas sustitutivas (Prensa Libre 26-11-12). Esto último es risible y lamentable porque otro implicado en el caso en mención Kamilo Rivera  ex vice- ministro de gobernación huyo del país, declarado en rebeldía y con orden de captura internacional.

Por su parte Domínguez  si ligo por delitos de ejecución extra judicial a otros ex policías, Stu Velásco Crispín, Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcaz de Paz; varios de ellos ex jefes de las divisiones de investigación de la policía en ese gobierno y Velásco Crispín ex subdirector de Investigación Criminal en la actual administración de Jimmy Morales.

Todos estos fueron una estructura paralela de seguridad conformado por policías en activo en ese momento y personajes como Kamilo Rivera que actuaron bajo el ropaje de una Fuerza de Tarea dirigida por el ex policía venezolano Víctor Rivera  un agente de la CIA asesinado en abril de 2008, quien trabajo para los cuerpos de seguridad salvadoreños y guatemaltecos en casos de secuestros a empresarios  desde la década de los 80s.

Las particularidades de este caso están relacionados a la persecución, asesinato y torturas de varios reos que huyeron de la cárcel de El Infiernito en el departamento de Escuintla en 2005 y el  Plan Gavilán para perseguirlos. Esta estructura policial también fue señalada de la masacre en la cárcel de Pavon y Vielman absuelto en España por su participación en ese crimen ocurrido en 2004; así como del secuestro y asesinato de cuatro diputados salvadoreños de la derecha de ese país, el asesinato de los policías que los secuestraron en un confuso incidente donde se presume que algunos  de estos diputados viajaban con cocaína.

 Así como una serie de operativos de limpieza social contra jóvenes pertenecientes a pandillas durante el gobierno de Berger o cercanos a ese entorno en distintos barrios de la ciudad capital y del asesinato de líderes sociales durante ese gobierno, posteriormente queda fuera aparentemente de escena esa estructura con la llegada del gobierno de Colom,  aunque muchos de los policías continúan de activo. Recientemente, al ser nombrados Kamilo Rivera y Crispín como funcionarios del gobierno actual habido asesinato a líderes campesinos, tras el cambio de ministro de gobernación a inicios de este año.

La absolución de Vielman en España por el caso Pavor fue un argumento  usado demagógicamente de parte de la defensa y de los medios afines a la oligarquía para desmeritar esta investigación. La postura reciente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de que la mentada independencia judicial está en peligro por este tipo de investigaciones penales, las cuales dicen polarizan la sociedad. Así como  los señalamientos de distintos personeros de la derecha de que la CICIG y el MP manipulo los testimonios de los testigos todos reclusos, que estos no son pruebas suficientes o de que estos no son legítimos porque son de criminales; es la defensa de los capitales poderosos a sus perros de caza, evidenciándose en el hecho de que varios empresarios como Juan José Gutiérrez, el ex presidente Berger o Alfredo Vila han estado presente en las audiencias.

 Y las presiones no se quedan allí, la actual fiscal general Consuelo Porras puesta por el gobierno actual, ha dicho que existen investigación contra el jefe de la Feci Juan Francisco Sandoval desde el 2013, más una denuncia reciente contra este y otros miembros de esta fiscalía, relacionado a la persecución por el caso Gavilán. Porras argumenta que habrá un proceso de investigación pero que ella defenderá a su personal.

Por su puesto que los testigos acusados de secuestro no son inocentes, conformaron una serie de bandas que se dedicaron a secuestrar a empresarios, pero el origen de estos muchos ex soldados implicados en violaciones a los derechos humanos y de los ahora acusados por realizar operaciones ilegales desde el Estado, son producto de las cloacas del Estado contra-insurgente y capitalista actual.